La propuesta de la Comunidad de Madrid de crear un pasaporte inmunológico para aquellos ciudadanos que hayan pasado el coronavirus provocó un aluvión de críticas. Expertos alertan que esta medida no tiene respaldo científico. Desde el Gobierno regional insisten que es solo un proyecto que está en estudio.

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© REUTERS / Sergio Perez
"He pedido a la Consejería de Sanidad que promueva un proyecto experimental de cartilla COVID-19 que simule la cartilla internacional de vacunación y la idea es que tenga una réplica en la tarjeta virtual de manera que quienes hayan pasado la epidemia, la enfermedad y tengan anticuerpos y que todas aquellas personas que se están realizando PCR y que han tenido acceso a las pruebas, tengan la posibilidad de tener esta cartilla", dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el martes 28 de julio.

"Es un modelo que debería exportar España y también otros países porque con esta cartilla sería mucho más fácil evitar confinamientos, acceder a establecimientos, gimnasios, museos, cines y a cualquier recinto cerrado, es decir, ahora la clave también pasa porque todas aquellas personas que no contagien puedan seguir con una vida normal y extremar las precauciones sobre los vulnerables. La estrategia ahora es no volver atrás", resaltó Díaz Ayuso.

Las críticas no tardaron en llegar. El ministro de Sanidad, Salvador Illa dejó claro que no respalda este tipo de propuestas.

"Ni la Organización Mundial de la Salud ni el Real Decreto Ley de Nueva normalidad o el plan de respuesta temprana acordado con las Comunidades Autónomas contempla esta medida. Nosotros no recogemos esto en ninguno de nuestros documentos ni ningún organismo internacional apoya una medida de este tipo, creo que más claro no puedo ser". A su vez, Illa apuntó que esta propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid la conoció por los medios de comunicación "y no tengo una información directa de exactamente qué se pretende", admitió Illa.

Desde el sector médico también han reaccionado. No muchos apoyan esta propuesta porque, como lo dijo a principios de julio al diario El País el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos "sobre la inmunidad que genera el coronavirus queda por saberlo todo".


​El experto en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, el doctor José María Molero, alertaba a la agencia EFE que "la cartilla COVID-19 no está aconsejada" ni por la OMS ni por ninguna entidad científica "por los riesgos que conlleva". Por esa razón pide al gobierno madrileño "explicar para qué la quiere".


​Según indica el doctor Molero, un pasaporte inmunológico "tiene más riesgos que beneficios" y entraña problemas de "índole ética y moral", profesionales y legales.

"Entiendo que sería el pasaporte inmunológico. En función de si tienes o no anticuerpos de haber pasado la infección, puedes tener o no derechos a determinados tipos de privilegios en cuanto a movilidad o acceso a diferentes lugares o servicios. Pero eso no está avalado a nivel nacional ni internacional", explica el doctor Molero.


​Una de las principales interrogantes que surgen ante este tipo de propuestas es ¿cuánto duraría la inmunidad en el cuerpo?

"Desconocemos si una persona, aunque tenga anticuerpos, no pueda en algún momento, al tener contacto con un enfermo, estar replicando durante uno, dos, tres días el virus dentro de sus vías respiratorias y estar contagiado, aunque ella misma no desarrolle la infección", insiste el doctor Molero.


​Quienes rechazan esta propuesta alertan que su posible implementación sería un riesgo porque aún no se sabe con certeza si una persona puede volver a infectarse, además insisten que unos falsos positivos o negativos de las pruebas puedan hacer que una persona se relaje, se contagie y transmita el virus a otros. También hay quienes se preguntan ¿quién hará las pruebas de detección?, ¿cada cuánto tiempo?, ¿serán gratuitas o pagas? Y si ese pasaporte inmunológico pudiera pesar a la hora de una posible contratación laboral. Son muchas las preguntas y pocas las respuestas.


​Por el momento, la Comunidad de Madrid insiste que solo se trata de un proyecto piloto que está en estudio.