Al terrible incremento de la violencia de género y los secuestros parentales, se suma el Sólo sí es sí, la Ley Trans y un sinfín de polémicas campañas.
Irene Montero
© EFE/ZipiTraspaso de la cartera de Igualdad entre Irene Montero y la nueva ministra del ramo, Ana Rendondo.
Ataviada con un bolso que pregonaba su"sólo sí es sí" y una camiseta con la imagen de la feminista Audre Lorde y su lema "tu silencio no te protegerá", Irene Montero se despedía el pasado jueves del Congreso de los Diputados tratando de resumir con su look sus casi cuatro años al frente del Ministerio de Igualdad. Lo hacía orgullosa. Sin embargo, lo cierto es que el legado de la ministra que este martes traspasa la cartera a Ana Redondo es demoledor para el feminismo.

A los más de 1.200 violadores beneficiados por su polémica ley -más de 100 excarcelados-, se suma el triste logro de haber incrementado el número de mujeres asesinadas durante su mandato, a pesar de contar con el mayor presupuesto de la historia de este ministerio para luchar contra la violencia de género. Su defensa de las mal llamadas madres protectoras también culmina con el mayor número de secuestros parentales. Y a todo ello hay que añadir la consumada división de un movimiento feminista, en el que las principales asociaciones de mujeres no solo le han plantado cara a cuenta de la igualmente polémica Ley Trans, sino también a tenor de las cuestionables campañas publicitarias en las que, gracias a la labor de su fiel escudera Ángela Rodríguez Pam, el Ministerio de Igualdad ha dilapidado millones de euros de todos los contribuyentes.

Récord de mujeres asesinadas

Cuando el 13 de enero de 2020 Irene Montero recogió de manos de Carmen Calvo la cartera de Igualdad, la orgullosa ministra prometió que se dejaría la piel" para acabar "con todas las violencias machistas". "Para que no haya ni una víctima más, para que no seamos ni una menos", insistió entonces, dando a entender que, como en tantas otras materias, sólo Podemos tenía la clave para hacer frente a semejante reto. Tres años y 10 meses después, las cifras hablan por si solas: según los últimos datos oficiales, el número de mujeres asesinadas en lo que va de 2023 asciende ya a 52, la cifra más alta de su mandato, a pesar de haber contado con nada menos que 320 millones para tratar de acabar con esta lacra.

El año en que Montero llegó al poder, el Gobierno había asignado a Igualdad un total de 220 millones de euros para para luchar contra la llamada violencia de género. Aquel 2020, se registraron un total de 48 asesinatos. En 2021, la formación morada consiguió que el Gobierno de coalición elevase la cifra hasta los 229 millones. Sin embargo, el número de víctimas fue exactamente el mismo.

Tras insistir en que el problema era la falta de presupuesto, en 2022, las cuentas del ministerio elevaron la partida destinada a la violencia de género hasta los 265 millones de euros. Récord absoluto. Desgraciadamente, y según reflejan las propias estadísticas de Igualdad, dicha cantidad no solo no consiguió reducir los asesinatos, sino que estos subieron a 49. Con la última actualización, Montero supera así su propio récord y lo peor es que los expertos temen que la cifra todavía pueda subir más de aquí a final de año.
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Millones de euros dilapidados

Con todo, no son precisamente pocas las asociaciones que han denunciado la ineficacia del Ministerio de Igualdad: desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta las propias feministas. Si el Sindicato Unificado de Policía (SUP) lleva años reclamando a Irene Montero "menos demagogia y más medios", el Fórum Política Feminista se ha encargado de poner sobrados ejemplos del despilfarro de los fondos de violencia de género: "Nos consta que ese dinero se está destinando a marketing publicitario, a talleres de catas de chocolate o a pintar bancos públicos, en lugar de a proteger a las victimas", denunciaban sus máximas dirigentes el pasado mes de enero.

Lejos de avergozarse, la ya exministra ha hecho gala hasta el último minuto de lo poco que le importan las críticas. Así, el pasado jueves, coincidiendo con su último día en el Congreso, Irene Montero hacía pública su particular campaña de despedida a costa de los contribuyentes: un anuncio, enmascarado en la celebración del próximo 25-N (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres), pero con un mensaje que no viene sino a reinvindicar su legado. "Ahora, España es otra", subraya la campaña, que utiliza el "Se acabó" de María Jiménez como banda sonora.

Atrás quedan otros polémicos anuncios, como el que el pasado verano llamaba a terminar con la "gordofobia" y la "violencia estética" y que, tal y como denunciaron después diversas modelos que aparecían en las fotografías, utilizó imágenes manipuladas y sin consentimiento. Es más, a pesar de apostar por "cuerpos reales" se llegó a sustituir la prótesis de una mujer por una pierna.

Tampoco se olvida la controvertida campaña del "hombre blandengue" con banda sonora de El Fary o aquella otra en la que tachaba de machistas a periodistas como Pablo Motos. "El Ministerio de Igualdad se ha gastado más un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista. Ya sé que es una vulgaridad porque señalan a todo el mundo, pero es que a mí me han hecho un anuncio. ¡Me han hecho un anuncio en la tele! Gastarse más de un millón de euros de los españoles estando el país como está es indecente", denunció el presentador de El Hormiguero.

Las dos leyes que quebraron el feminismo

Al tiempo que Igualdad derrochaba cantidades ingentes de dinero en estas campañas en detrimento de la lucha contra la violencia de género, Irene Montero se centraba en promocionar sus dos polémicas leyes: La Ley del sólo sí es sí y la Ley Trans, dos normas que si algo han provocado es la división del movimiento feminista.

Las principales asociaciones no perdonan a la hasta ahora responsable de Igualdad que más de 1.200 violadores hayan visto reducidas sus condenas por su obsesión de impregnar de ideología el Código Penal (más de 100 han sido directamente excarcelados). Tampoco que, en su afán por conquistar al movimiento LGTBI, haya impulsado una Ley Trans que consagra el derecho a la autodeterminación de género desde los 12 años, poniendo en serio peligro la infancia y también a las mujeres, cuyos espacios, según denuncian, ya están siendo invadidos por hombres que dicen sentirse féminas sin necesidad de aportar ningún tipo de informe médico o psicológico que sustente su percepción.
Récord de secuestros parentales

A todo ello se suman los graves daños colaterales que ha provocado su mandato, un mandato en el que Irene Montero se ha erigido en la máxima defensora de que lo que ella denomina "madres protectoras": mujeres que, como Juana Rivas o María Sevilla, secuestran a sus hijos, mientras acribillan a sus exparejas con acusaciones que, en su mayoría, terminan resultando ser denuncias falsas. Así, según la Memoria Anual de la Fiscalía, 2022 se cerró con un total de 1.339 diligencias previas por sustracción de menores, una cifra que supone un 5,52% más que el año anterior, cuando se registraron 1.269, y que, a la espera de que conocer el balance de 2023, marca un nuevo récord histórico.

Además, conviene aclarar que la cifra facilitada por la Fiscalía se refiere a las diligencias abiertas, no a los menores secuestrados, por lo que el número de víctimas podría ser mucho mayor. "Cada apertura de diligencia previa puede contener más de un niño. Imagínate una madre o padre que se lleva a sus tres hijos. Ahí lo que dice es que hay 1.339 aperturas de diligencias previas. Habla de casos, no de niños. Niños pueden ser muchísimos más", explicaba hace unos meses a Libertad Digital el presidente de NISDE (Asociación Niños Sin Derechos), Javier Somoza.
Con todo, Irene Montero se despide del Ministerio de Igualdad dejando un cuestionable legado a la que, según ha anunciado Pedro Sánchez, será su sucesora. Tras pasarle la cartera a Ana Redondo, la ministra más polémica de Podemos tendrá que decidir ahora qué hace con su futuro. Hay quien ya la sitúa como candidata al Parlamento Europeo. Sin embargo, siempre tendrá las puertas abiertas de Canal Red, la televisión fundada por su compañero de partido y padre de sus hijos Pablo Iglesias. Y si no, siempre le quedará la millonaria indemnización a costa de los contribuyentes que contempla el cese de altos cargos: más de 120.000 euros que le permitirían no trabajar durante los dos próximos años.