Albares había asegurado lo mismo en sede parlamentaria el 5 de diciembre. "Desde el 7 de octubre no se producen operaciones de exportación de armas españolas a Israel", afirmó en el pleno tras la reclamación de EH Bildu de que se impusiera un embargo. "Por lo tanto, por ahí descuiden, que eso no se va a producir". El 29 de enero volvió a repetir lo mismo en la Comisión de Exteriores del Congreso.
El pasado noviembre, sin embargo, se exportó munición a Israel desde España por valor de 987.000 euros, según los datos que figuran en el portal oficial de comercio exterior Comex analizados por el investigador del Centre Delàs Alejandro Pozo y verificados por elDiario.es.
En concreto se exportaron bienes correspondientes a una subcategoría que incluye "bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos" para ser utilizadas por "armas de guerra", según precisa otra de las subcategorías de esta base de datos en las que figura la importación de material.
Desde la Secretaría de Estado de Comercio aseguran a este medio que la exportación "corresponde a licencias autorizadas antes del 7 de octubre" y sostienen que contiene "material para pruebas o demostraciones, en ningún caso para su uso final ni ser susceptible de ser utilizado en el conflicto". Al día siguiente volvieron a contactar con elDiario.es para precisar que lo que se ha enviado es "munición sin explosivo de calibre medio".
El hecho de que la exportación estuviese autorizada no impide que se pueda revocar el permiso, según establece el reglamento de control del comercio de material de defensa. El texto señala que las autorizaciones pueden cancelarse si existen "indicios racionales" de que el material puede usarse en acciones "que perturben la paz", que puedan "exacerbar tensiones" o "que puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano", entre otros preceptos.
No es la única vez que se ha mandado munición a Israel durante 2023. España exportó en total 1,48 millones de euros en material bélico de esa categoría durante 2023. Dos tercios de estas importaciones se hicieron en noviembre, después de que España hubiese presuntamente congelado los envíos por el conflicto en Gaza.
Toda la munición enviada el pasado noviembre a Israel proviene de Palencia, donde hay tres empresas de armamento pero solo una que fabrica municiones: Nammo Palencia, una empresa cuyo 50% pertenece al Gobierno noruego y el otro 50% a una empresa pública finlandesa.
Por mucho que el capital de la empresa sea extranjero, ese envío de munición se ha exportado desde España. Por ello tiene que ser autorizado por la Junta Interministerial de Defensa y Doble Uso (JIMMDU), un organismo del Gobierno en el que participan diversos ministerios y cuyas deliberaciones sobre si aprueba o rechaza una exportación de armamento son secretas.
Si bien no es posible determinar con exactitud qué tipo de munición se mandó en ese envío a Israel del pasado noviembre, sí que se puede saber qué tipo de armas de esta empresa tiene el ejército israelí.
La filial de Nammo en EEUU vendió en 2010 a Israel más de 5.000 lanzacohetes M72, un arma que ha sido vista en la Franja de Gaza durante la última década. La misma filial mandó en octubre de 2023 casi 2.000 lanzacohetes de otro modelo, según informó el diario israelí Haaretz.
"Lo que fabrica Nammo es como mínimo controvertido", apunta Pozo. "No son cartuchos de perdigones precisamente".
El conflicto en Gaza y Ucrania ha disparado la venta de material de esta empresa y sus filiales. El portal Infodefensa señalaba el pasado noviembre que Nammo Palencia pasaba por un "buen momento" después de que "la demanda de munición" hubiese "disparado" la facturación. Este periódico se ha puesto en contacto con Nammo Palencia para recoger declaraciones de la compañía pero no ha obtenido respuesta.
"El Gobierno debe convertir la suspensión temporal de exportaciones de armas a Israel en permanente hasta que se elimine el riesgo de que se usen para cometer o facilitar crímenes de guerra", señala Alberto Estevez, portavoz de Amnistía Internacional España sobre comercio de armas. "Eso debería incluir las licencias de exportación autorizadas antes del 7 de octubre".
Continúan las adjudicaciones a empresas de defensa israelíes
Lo que tampoco ha frenado han sido las adjudicaciones de contratos de material de defensa a empresas de Israel, un flujo comercial difícil de rastrear puesto que, a diferencia de las exportaciones, no se resumen todas en un documento oficial, tal y como contó este periódico el pasado noviembre.
Según el análisis del Centre Delàs, la Plataforma de Contratación del Sector Público muestra que, desde el inicio del conflicto el pasado 7 de octubre, España ha seguido comprando material y cerrando nuevos contratos con compañías armamentísticas de Israel. La Secretaría de Estado de Comercio ha admitido a elDiario.es que las importaciones tampoco se han suspendido.
El 15 de diciembre, por ejemplo, se adjudicó un contrato de más de 576 millones de euros para el suministro de un sistema de lanzacohetes para un proyecto conjunto con dos empresas españolas. El 22 de noviembre se adjudicó por 237 millones a otra compañía israelí el suministro de 168 sistemas de misiles anticarro y se adquirieron de Israel inhibidores de frecuencia para las fuerzas armadas por valor de 1,4 millones. Al día siguiente, el 23 de noviembre, se cerró otra adjudicación de tecnología militar por 82.600 euros. Al cabo de una semana, se formalizó otro contrato de tecnología militar con otra empresa de Israel por 3,7 millones.
Diversas ONG han pedido al Ejecutivo español un "embargo integral" que incluya tanto exportaciones como importaciones. Según estas organizaciones, adquirir armamento de Israel contribuye a legitimar a unas empresas que publicitan sus productos como "probados en combate" (en Gaza) y también permite a estas compañías abaratar costes y poder así armar al ejército israelí a un precio menor. La industria militar del país hebreo exporta tres cuartas partes de todo lo que produce.
"Los indicios apuntan a que España no ha formalizado ninguna prohibición para exportar armas a Israel", apunta Pozo, "la tragedia en Gaza tampoco ha sido óbice para seguir adquiriendo los mismos productos y servicios con los que se materializa esa barbarie".
Responsabilidad jurídica de los países que envían armas a Israel
Juristas, expertos en genocidio, organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales llevan tiempo solicitando a los gobiernos una suspensión de la compra y venta de armas al Gobierno de Tel Aviv. El fallo provisional emitido hace dos semanas por la Corte Internacional de Justicia -máximo tribunal de la ONU-, en el que establece que es verosímil que Israel esté cometiendo acciones que constituyan un genocidio, ha abierto la puerta a consideraciones sobre la responsabilidad de los países que facilitan armas y cobertura diplomática a Israel.
En ese sentido, la relatora de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, Francesca Albanese, ha indicado en varias ocasiones que una de las vías para ayudar a que se cumplan las órdenes jurídicamente vinculantes dictaminadas por la Corte Internacional de Justicia es "la suspensión urgente de la compra y venta de armas a Israel". Albanese menciona el acuerdo económico existente entre la Unión Europea e Israel, que en su artículo 2 estipula como condición el "respeto de los derechos humanos". "El reconocimiento por parte de la Corte Internacional de Justicia del riesgo de genocidio obliga a la Unión Europea a suspender el acuerdo", ha señalado la relatora de la ONU.
La Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel y representa el 30% de su comercio de bienes. La escasa capacidad de consenso en el seno de la misma dificulta una decisión en torno a este acuerdo, pero cada Estado por sí mismo puede adoptar medidas.
Tras el fallo provisional del máximo tribunal de la ONU, el abogado estadounidense y profesor de derecho internacional Francis Boyle, que ganó dos casos de protección por genocidio en Bosnia, ha advertido de que los Estados que respaldan a Israel con envíos de armamento pueden "ser demandados ahora ante la Corte Internacional de Justicia por ayuda e incitación al genocidio" contra los palestinos "en violación del artículo 3e de la Convención sobre Genocidio, que penaliza la complicidad".
En la misma línea se ha expresado estos días el exfiscal jefe fundador del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien destaca que el máximo tribunal de la ONU cita en en su fallo provisional el artículo III de la Convención de Genocidio, relativo al concepto de complicidad. En declaraciones a elDiario.es, Moreno Ocampo ha explicado que "la complicidad de genocidio requiere que el Estado que hace un aporte material sustancial sepa que hace un envío [de armas] a un grupo que tiene una intención genocida". En ese sentido, señala que "si la Corte Internacional de Justicia considera que hay un genocidio en Gaza, los envíos [de armas a Israel] pueden ser considerados genocidio" también.
A su vez, Moreno Ocampo advierte de que "las reglas dicen cosas, pero los líderes creen que las pueden ignorar", y pone el ejemplo de Azerbaiyán: "Israel es el principal proveedor de armas para Azerbaiyán, que cometió un genocidio contra la gente de Nagorno Karabaj en 2023. A su vez, al dictador de Azerbaiyán la UE lo considera un socio energético en el que se puede confiar. Ese es el mundo en el que vivimos".
Por su parte, Raz Segal, profesor israelí de la Universidad Stockton (EEUU), experto en genocidio, insiste estas semanas en que con la decisión del máximo tribunal de la ONU "todas las universidades, empresas y países del mundo tendrán que considerar con mucho cuidado su compromiso con Israel y sus instituciones. Estos vínculos ahora pueden constituir complicidad con el genocidio".
Qué dice el Tratado sobre el Comercio de Armas
En el marco de los derechos humanos y el derecho internacional, son numerosas las organizaciones de derechos humanos que reclaman una suspensión de las ventas de armas a Israel y recuerdan que el artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas establece que no se autoricen transferencias si estas suponen "una violación de las obligaciones internacionales" o "si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte".
Diversos juristas expertos en derecho internacional indican que la propia "transferencia de población del Estado ocupante al territorio ocupado" constituye un crimen de guerra: "el crimen más grave que Israel comete en Cisjordania", señalaba hace unos días el exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en una entrevista con elDiario.es.
Este fin de semana el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, denunciaba que Israel está destruyendo "todos los edificios en Gaza dentro del radio de un kilómetro de la valla" que separa este territorio de Israel. "La destrucción generalizada de bienes, no justificada por necesidades militares, y ejecutada de forma ilegal y sin motivo, constituye una grave violación de la Convención de Ginebra y un crimen de guerra", ha añadido.
Según cifras de la ONU, hay más de 27.800 palestinos asesinados por el régimen de apartheid en la Franja, casi 70.000 heridos y más de un millón setecientos mil desplazados, así como un escenario "acechado por el hambre, las enfermedades y la muerte".
La justicia exige al Gobierno de Países Bajos detener la entrega a Israel de piezas de repuesto para los aviones de combate F-35
Un tribunal neerlandés ha dictaminado este lunes que el Gobierno debe detener, en un plazo de siete días, la entrega a Israel de piezas de repuesto para aviones de combate F-35, según un fallo en respuesta a una demanda de varias ONG que acusaron al Estado neerlandés de ser "cómplice" de las violaciones del derecho internacional y, en parte, responsable del "castigo colectivo contra la población civil" en la Franja de Gaza.
La Corte de Apelación ha respaldado la denuncia presentada por las organizaciones, entre las que se encuentra Oxfam, aunque, a mediados de diciembre, otro tribunal neerlandés no consideró que este país tuviera obligación de suspender las entregas. "Es innegable que hay un riesgo claro que las partes de los F-35 exportadas sean usadas en violaciones graves del derecho humanitario internacional", ha afirmado en su sentencia. El Estado tiene ahora ocho semanas para apelar la decisión.
Israel realizó y recogió en octubre pasado un pedido en el almacén regional europeo de los F-35 en la base aérea de la provincia de Brabante, donde se encuentra el centro de distribución de EEUU en Europa para piezas destinadas a estos aviones.
Las ONG neerlandesas Oxfam Novib, PAX y The Rights Forum, apoyadas por otros grupos y por más de un millar de neerlandeses en una campaña de financiación colectiva, iniciaron una demanda judicial contra el Estado neerlandés. En diciembre, un tribunal consideró que Países Bajos no tenía obligación de suspender las entregas, pero las ONG presentaron un recurso. La Corte de Apelación les ha dado la razón este lunes.
Tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, en el que fueron ajusticiadas unas 1.400 personas entre militares y colonos supremacistas y retenidas más de 200, el Ejército israelí inició una ofensiva contra la Franja de Gaza en la que ha asesinado a más de 28.700 palestinxs, más de un centenar en la madruga del lunes.
El fallo de hoy llega con el primer ministro neerlandés en funciones, Mark Rutte, de viaje oficial en Israel y Palestina. "Tres cosas son ahora la máxima prioridad: se necesita muchísima más ayuda humanitaria en Gaza; Hamás debe liberar inmediatamente a los más de 100 rehenes [que aún tiene retenidos]; y las operaciones israelíes deben reducir rápida y significativamente su intensidad. Una operación militar a gran escala en Rafah tendría consecuencias humanitarias catastróficas", ha dicho este lunes Rutte, en referencia a la ciudad en el extremo sur de la Franja que Israel planea destruir en breve.
En enero, un grupo de funcionarios de la oficina de Rutte le acusaron de "encubrir información negativa" y "mantener un control firme" de las comunicaciones sobre la guerra genocida de Israel en Gaza para "proteger" el apoyo estadounidense a su candidatura a secretario general de la OTAN, según una misiva y publicada en el diario NRC y entregada de forma anónima al Tribunal de Apelación, en apoyo al recurso por el caso de los F-35.
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