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Activistas revelan el nivel de deterioro causado por la ley HB 56 en el estado.
Una línea telefónica establecida por activistas en Alabama ha recibido alrededor de 2000 llamadas en menos de una semana de inmigrantes que reportan incidentes de maltrato, hostigamiento y miedo ante la entrada en vigencia de una severa ley estatal.

"Hemos tenido reportes de esposos que temen llevar a sus mujeres al hospital para dar a luz; o personas que están enfermas pero saben que no podrán recibir Medicaid de emergencia; niños que están siendo hostigados en la escuela... Son cientos, miles de incidentes", dijo Mary Bauer, directora legal del Southern Poverty Law Center, una organización local.

Hasta se han reportado casos de municipalidades que se rehúsan a conectar o reconectar servicios públicos como el de agua a personas que no pueden probar que están legalmente en este país, y empleadores que han perdido a trabajadores con documentos legales, que se han ido por temor al arresto de otros familiares que no están documentados.

Clima de terror

Varios activistas, incluyendo pastores y sacerdotes que trabajan en la comunidad inmigrante, reportaron también la situación de muchas familias con raíces en el estado de Alabama que están buscando su consejo sobre cómo reaccionar a lo que está ocurriendo.

Pamela Long, quien es profesora universitaria y también pastora evangélica en la comunidad, dijo que la noche anterior justamente estaba charlando con una familia indocumentada que es parte de la comunidad religiosa que ella encabeza.

"Esta familia tiene tres hijos, y el más pequeño es ciudadano, y un negocio pequeño que emplea a seis personas de la comunidad. Son personas honestas, trabajadoras, participan de nuestra iglesia y han sido parte importantísima de nuestro ministerio", dijo Long. "Ahora están meditando si deben cerrar su negocio e irse de Alabama. Los vamos a extrañar muchísimo, este es el tipo de gente que Alabama necesita".

Éxodo en las escuelas

Numerosos reportes de prensa han señalado que cientos de niños están faltando a las escuelas de Alabama y que hay familias enteras que están abandonando el estado, luego que una jueza federal se rehusara a bloquear partes de la ley estatal HB 56.

La nueva ley requiere que todas las escuelas verifiquen el estatus migratorio de los niños que asisten a ellas, aun cuando la Corte Suprema de la Nación ha dicho que es anticonstitucional excluirlos de la educación básica. A pesar de que solo se trata de "reportar" su estatus, unos 2000 estudiantes latinos no se han presentado y otros han sido objeto de hostigamiento.

"El efecto que esta ley está teniendo en los niños es atemorizante", dijo Ali Noorani, director del Foro Nacional de Inmigración. "Me parece deplorable que estemos jugando a la política con las vidas de los ciudadanos más vulnerables, que son los menores".

En caso de...

Muchos padres están haciendo gestiones para asegurar que si son llevados de repente por las autoridades, sus hijos queden en buenas manos.

"Estamos haciendo reuniones con las familias y les distribuimos un formulario para que firmen lo que quieren que se haga si resultan separados de sus hijos", dijo el sacerdote Jack Kane, director del ministerio hispano para la Arquidiócesis de Mobile y párroco en una iglesia de Opelika, Alabama.

"Solo puedo imaginar lo que sienten esos padres al firmar estos documentos, sabiendo que un día quizá sean separados de sus hijos", dijo Kane, quien aseguró estar recibiendo reportes de sus parroquianos sobre hostigamiento de niños contra otros niños. "Todo el mundo sufre, pero los niños más".

El sacerdote indicó que los legisladores tenían la expresa intención de aprobar una ley que penalizara incluso a los grupos religiosos e iglesias para impedirles ayudar a la comunidad inmigrante.

"Cuando estaban discutiendo el proyecto, el Senado incluyó una excepción de penas a las iglesias que se presten para conducir a personas sin documentos a los hospitales", indicó. "Pero la Cámara luego quitó la excepción. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo".

"Situación desesperada"

El obispo Jaime Soto, de Sacramento, California, habló en nombre de los obispos católicos del país indicando que la ley "va en contra del principio de la unidad familiar".

"Esta legislación está poniendo a muchas familias en una situación desesperada. Como obispos, hacemos un llamado a la nación entera a que se considere la aprobación de una ley de inmigración que sea justa y humana", dijo Soto.

No hay cifras oficiales de cuántas personas habrían abandonado Alabama, aunque muchos reportan estar mudándose a otros estados de la Unión, sobre todo los cercanos y no precisamente regresándose a México.

Entretanto, grupos que han asesorado a los redactores locales de la ley - y de otras leyes locales - han seguido clamando victoria. En un comentario ayer en el blog de la revista conservadora National Review, Mark Krikorian, del Centro para Estudios de Inmigración (un grupo investigador ligado a intereses antiinmigrantes), dijo que aunque los medios presenten esta crisis "como algo terrible, realmente es lo que se busca, que la gente se autodeporte".

'Me parece deplorable que estemos jugando a la política con las vidas de los ciudadanos más vulnerables, que son los menores'.