© AFPLos semanarios actuales reflejan el clima de abismo que envuelve a Sarkozy.
Varios de los hombres del clan presidencial están procesados o en vías de estarlo. El fiscal de la República Philippe Courroye encarna un caso emblemático: está implicado en un espionaje a periodistas. Jueces, ministros y policías están en la mira judicial.Procesado, procesado, convocado, implicado, en vías de ser procesado. La lista de los hombres del clan presidencial que están en manos de la Justicia han construido un cerco en torno del presidente francés y empañado la recta final de su mandato. Los semanarios de esta semana reflejan el clima de abismo que envuelve a la presidencia cuando faltan seis meses para las elecciones presidenciales de 2012 donde, hasta hace apenas un mes, Sarkozy parecía seguro de participar. Ahora, los analistas y los editorialistas empiezan a hurgar en los sondeos para ver quién podría ocupar su lugar en caso de que la cuesta abajo continúe tan crítica. Los cuatro grandes semanarios,
Le Nouvel Observateur,
L'Express,
Le Point y
Marianne, repiten los mismos títulos: "
La Caída del Clan", "
Fin de Reino", "
El Estorbo". Un programa satírico difundido por
Canal+ lanzó un concurso bajo la consigna "
¿Qué amigo de Sarkozy se salvará de ir a la cárcel?". A los escándalos que persiguen a su guardia más cercana se les pegan los arreglos de cuentas en el seno de la derecha consecutivos a la pérdida de la mayoría en el Senado, ganada por la izquierda socialista hace unos diez días.
El caso más emblemático de lo que fue la presidencia de Nicolas Sarkozy lo encarna hasta la insensatez el fiscal de la República Philippe Courroye. Este alto responsable del sistema judicial, muy cercano a Nicolas Sarkozy,
está por ser procesado debido a su manifiesta implicación en el espionaje de los periodistas del diario Le Monde que investigaban el escándalo L'Oréal y los sombríos vericuetos que ligan a la heredera del imperio de cosméticos, Liliane Bettencourt, con evasión fiscal, el financiamiento oculto de la campaña presidencial de 2007 y una media docena de delitos suplementarios. Que un fiscal de la República oriundo de una de las grandes democracias occidentales ocupe el banquillo de los acusados por espiar a periodistas en un caso que compromete a responsables políticos del gabinete de Sarkozy, en lo concreto al ex ministro de Trabajo Eric Woerth,
revela de manera explícita las aguas turbias del poder. Entre otras delicadezas, la jueza Sylvia Zimmermann acusa al fiscal de "colecta de datos con carácter personal por un medio fraudulento, desleal e ilícito". En plena tormenta del escándalo L'Oréal y con las constantes revelaciones de la prensa sobre la proximidad del ministro de Trabajo con Liliane Bettencourt, el fiscal ordenó que se le suministre el detalle de los llamados telefónicos de dos periodistas de
Le Monde que habían escrito densos artículos sobre la bomba L'Oréal.