El Congreso de Perú votó el martes a favor de destituir al presidente José Jeri tras una serie de reuniones nocturnas no reveladas en un restaurante chino con un contratista estatal chino, lo que desencadenó un escándalo político denominado «Chifagate», en referencia a la cocina fusión chino-peruana del país.
José Jeri
La votación tuvo lugar durante una sesión extraordinaria en la que se admitieron y debatieron conjuntamente siete mociones de censura, presentadas entre el 21 y el 27 de enero. El intento del partido de Jeri, Somos Perú, de argumentar que solo un procedimiento de vacante presidencial podía destituirlo fue rechazado por 71 votos contra 34.
Jeri no asistió al debate, alegando que el proceso de censura le negaba el derecho a defenderse.
En una entrevista televisada el mes pasado, descartó dimitir voluntariamente y describió la publicación de los vídeos como parte de una operación política destinada a desestabilizar al Gobierno antes de las elecciones; por supuesto, eso es lo que diría cualquier político envuelto en un escándalo que pone fin a su carrera.
El escándalo «Chifagate» comenzó a finales de diciembre, cuando los programas de televisión emitieron imágenes del presidente entrando en un restaurante chino en el distrito de San Borja, en Lima, poco antes de medianoche, con la cabeza cubierta, junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio.
Días más tarde, fue filmado dentro de la tienda mayorista de Yang, que las autoridades municipales habían cerrado temporalmente ese mismo día por incumplir la normativa. Ninguna de las dos visitas figuraba en la agenda oficial del presidente, tal y como exigen las normas de transparencia.
Los medios de comunicación locales también informaron de que Yang había expresado su interés en un contrato propuesto para instalar miles de cámaras de vigilancia en los autobuses públicos, un proyecto cuyo coste se estimaba en unos 30 millones de dólares estadounidenses.
Los funcionarios del Gobierno reconocieron las conversaciones con los representantes empresariales chinos, pero negaron cualquier presión o conducta irregular.
Otros informes indicaban que otro empresario chino, Ji Wu Xiaodong, que se enfrenta a arresto domiciliario por presuntos vínculos con la tala ilegal, había entrado en el palacio presidencial varias veces entre diciembre y enero. Jeri afirmó que desconocía la situación legal de Ji Wu y rechazó las acusaciones de irregularidades.
A lo largo de la investigación, el ahora destituido presidente se negó a dimitir y rechazó las acusaciones, afirmando que no había concedido ningún favor ni contrato. Describió el caso como «una operación política» destinada a desestabilizar su Gobierno.
La Fiscalía General abrió una investigación preliminar sobre un posible tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses. Según la legislación peruana, un presidente en ejercicio goza de inmunidad judicial, lo que significa que cualquier causa penal solo podría tramitarse después de que abandone el cargo.
República bananera
Jeri asumió el cargo en octubre tras la destitución de Dina Boluarte, en virtud de la sucesión constitucional, y había ocupado el puesto durante 130 días. Boluarte había sustituido al último presidente elegido democráticamente, Pedro Castillo, en diciembre de 2022, después de que este también fuera destituido.
Jeri fue el séptimo presidente en una década al frente de Perú. Muchos de sus predecesores se han visto envueltos en escándalos, lo que les ha obligado a dimitir o a enfrentarse a un juicio político.
Su destitución se suma a una década de turbulencias políticas en la que los presidentes han dimitido, han sido destituidos o han sido apartados del cargo en rápida sucesión.
El martes, fuera del Congreso, un pequeño grupo de manifestantes se reunió detrás de las barreras metálicas para exigir la dimisión de Jeri. Algunos llevaban pancartas y coreaban «Que se vaya Jeri», mientras la policía mantenía una presencia visible.
Antes de la votación final del martes, las encuestas de opinión ya indicaban que la popularidad del presidente se había visto afectada por el escándalo. Una encuesta realizada por Datum Internacional y el periódico local El Comercio publicada el lunes mostraba que su índice de aprobación era del 37 %, lo que supone una caída de 21 puntos desde que asumió el cargo.
Casi siete de cada diez encuestados afirmaron creer que estaba implicado en corrupción después de que salieran a la luz fotografías y vídeos que mostraban sus reuniones con empresarios chinos que buscaban contratos estatales.
Los líderes del Congreso afirmaron que el miércoles por la noche se elegiría a un nuevo presidente del Congreso, que asumiría la presidencia según las normas de sucesión constitucional. El presidente interino ejercerá sus funciones hasta abril, cuando Perú tiene previsto celebrar elecciones generales para elegir un nuevo líder, dos vicepresidentes y un nuevo Congreso.
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