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La corrupción farmacéutica, la intromisión sindical en ciertos campos de la salud, la drogadicción, los costos asociados a los cuidados de larga duración y el aumento de pacientes, entre otros factores, agravaron las seculares carencias de la sanidad argentina, lastrada por la crisis económica de 2001, según el desolador panorama expuesto ante el embajador de EE.UU. Anthony Wayne, por la entonces ministra de Salud Pública, Graciela Ocaña, según los cables de Wikileaks.

La funcionaria renunció seis meses después, en junio de 2009, agobiada por la gripe A y la acumulación de problemas, entre ellos su enfrentamiento con las empresas farmacéuticas y los sindicatos hostiles a sus políticas. Ocaña pidió siempre mayor transparencia de la agencia encargada de distribuir medicamentos después de las acusaciones de manipulación de precios y doloso encarecimiento de los productos por parte de los proveedores. Muchos de esos empresarios supuestamente "fueron contribuyentes de la campaña electoral de 2007", que llevó a la presidencia a Cristina Kirchner, según un despacho enviado a Washington.

La ex ministra informó al diplomático que las consecuencias de esta fragilidad son muy graves: niños adictos al crack entran en los pocos programas de desintoxicación disponibles y los abandonan sin haber sido curados; y hospitales con tratamientos de emergencia para jóvenes, que no los ejecutan o no pueden hacerlo, según el embajador, quien lo resume así: "Ocaña lidia con una difícil situación, agravada por la arriesgada corrupción, un dramático aumento del consumo de estupefacientes y una bizantina situación política". El sistema argentino garantiza el acceso universal a la sanidad pero los más pobres afrontan serias dificultades para lograrlo.