(España) - Los contadores de telegestión que las compañías de luz, gas o agua llevan unos años instalando han sido polémicos desde el principio. Se pone en cuestión su utilidad para los usuarios y usuarias y se relacionan con una operación especulativa de las grandes compañías energéticas. También se han puesto en duda por su obligatoriedad, sus posibles impactos ambientales y en la salud de las personas, así como la no protección de los datos personales.
contador luz

Imagen ilustrativa
Por todo ello y algunas cosas más el Parlamento catalán ha aprobado una iniciativa que insta al Gobierno a hacer las gestiones necesarias ante el Ejecutivo español de Mariano Rajoy para que se paralice preventivamente y con carácter inmediato e indefinido la instalación obligada de los nuevos contadores telegestionables.

La propuesta, de Unidad Popular, fue debatida en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad y ya con las modificaciones de otros grupos políticos, como Junts pel Si, incluidas se ha publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Catalunya.

Una de las principales quejas recogidas en la citada resolución es que el Gobierno no ha aplicado el principio de precaución que recomienda el Parlamento Europeo y no ha presentado estudios y pruebas concluyentes sobre la inocuidad de estos contadores cuyos sistemas de transmisión de datos son inalámbricos (por una parte utilizan la misma red eléctrica, mediante el sistema PLC y por otra, para la conexión con las compañías comercializadoras, wifi o wimax).
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Se utilizan el wifi y otras tecnologías que emiten contaminación electromagnética sin aclarar antes el grado de esa polución y cómo puede afectar a las personas.

Otro aspecto que venía siendo muy criticado por quienes se oponen a la sustitución de los antiguos contadores analógicos por estos "inteligentes" es que no se ha informado sobre la protección de los datos personales que por su manera de transmisión pueden ser interceptados por terceros.

En el proceso de cambio de contadores, que comenzó en el año 2012 pero se ha intensificado en los últimos meses debido a que el plazo para haber finalizado la sustitución de los antiguos por los nuevos concluye en 2018. Desde el principio, las cosas se han hecho mal y con cierta prepotencia por parte de los suministradores.

Por ello, en Cataluña y así lo recoge la resolución aprobada ahora, se reconoce el derecho de las personas a oponerse a la instalación de un contador nuevo y que le restituyan el anterior que tenían "especialmente en los casos en los que se ha hecho la sustitución sin consentimiento de los usuarios y sin haber sido informados de manera adecuada", puede leerse en el documento oficial."

Desde la Plataforma Stop Comptadors, que ha impulsado la iniciativa, indican:
"Los contadores telegestionables incumplen la normativa Europea, no protegen los datos personales, no garantizan su inocuidad a la Salud de las personas, imponen restricciones a la libre competencia (Endesa), aumentan el riesgo de incendios, aumentan el importe de las facturas, facilitan el robo en las viviendas... Como se puede comprobar el beneficio para el ciudadano no existe. Los contadores telegestionables, sean de la compañía que sean, nos afectan por igual a los ciudadanos de todo el Estado".
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno español a cumplir la Resolución 1815 del Consejo de Europa sobre el potencial peligro de los campos electromagnéticos que se amplían con la instalación de estos aparatos de medición de consumo.

Otro acuerdo es avisar al departamento de Interior de la administración catalana para que la policía autonómica y las locales estén atentas a la comisión de posibles "actividades delictivas en la instalación de los nuevos contadores".

De especial importancia me parece que se pida al Gobierno central que se ocupe de pedirle a las compañías que suministran agua, electricidad y gas un estudio sobre la exposición a largo plazo al sistema de contadores; que se garantice la libre elección del consumidor respecto a la instalación del contador; la obligación de cumplir la legislación sobre protección de datos; el compromiso de facilitar todos los datos sobre consumo así como poder conocer dónde está desplegada toda la red y los niveles de emisión electromagnética.

El Parlamento ha tenido especial sensibilidad con las, valga la redundancia, personas hipersensibles a los campos electromagnéticos (conocidas como "electrosensibles"), una población por desgracia en alza en nuestra sociedad hipertecnologizada.

Cataluña va a hacer un seguimiento sobre el proceso de instalación de los mencionados contadores y todo lo que los rodea y cuando estén disponibles los datos científicos sobre la posible nocividad de la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad habrán de hacerse cambios legislativos para garantizar el citado principio de precaución.

Por mi parte, contaros que he seguido como periodista el proceso de expansión de esta tecnología desde el principio y he publicado numerosos posts que podéis leer en este blog en un sólo enlace. Además, desde el Bufete Almodóvar & Jara impulsamos una iniciativa consistente en reunir un nutrido grupo de familias que sufragaron el análisis legal profundo de la situación que sirve para desarrollar diferentes acciones legales, habida cuenta de las lagunas detectadas y que coinciden en buena medida con lo que ahora expone el Parlamento catalán.

Fuimos pioneros en ello y en lo personal me alegro que la movilización social recoja estos frutos que os contamos.