Después de un año del comienzo de la guerra comercial, el Gobierno de Donald Trump parece haber perdido la batalla contra China. La escalada de la confrontación provocaría un desempleo masivo en Estados Unidos. Por lo tanto, el presidente decidió no poner aranceles sobre todas las transacciones comerciales con el gigante asiático.
Donald Trump
© REUTERS / Carlos Barria
Con el riesgo de perder las elecciones presidenciales el próximo año, Trump no tiene más balas para disparar contra China, de suerte que no podrá forzar a Pekín a firmar un acuerdo que detenga su desarrollo tecnológico.

Al comprar productos chinos más caros por los aranceles, las empresas norteamericanas han aumentado los precios de sus productos además de reducir el número de plazas de trabajo. A raíz de la aplicación de aranceles, las familias pagarían 831 dólares por el aumento de los precios de forma anual, aparte de que habría una pérdida de 2.160.000 de empleos en un período probable de uno a tres años. En esta confrontación comercial, las empresas afectadas han sido principalmente las industrias dependientes de los productos chinos como la energía, los electrónicos, la aeroespacial, el automotriz, que juegan un rol vital para la economía de Estados Unidos.

El pasado mes de junio, el Gobierno norteamericano reculó en su política ofensiva contra China retirando a la empresa Huawei de la lista de entidades que ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos de acuerdo con la Oficina de Industria y Seguridad. La empresa china habría tenido que tramitar licencias con el Gobierno norteamericano para comprar la tecnología de Estados Unidos; con lo cual habría reducido las ventas de teléfonos móviles aparte de que la compañía pudo haber perdido acceso a las actualizaciones de Google. Sin embargo, esta respuesta hubiera tenido un efecto contraproducente para las empresas estadounidenses como Qualcomm, Intel y Micron, que tienen grandes negocios con Huawei.

Como prueba de ello, la aplicación de controles sobre las exportaciones de las empresas norteamericanas hacia China causaría una caída de ventas de 56.300 millones de dólares; cifra que se traduciría en una pérdida de hasta 74.000 empleos en cinco años. En consecuencia, las empresas chinas buscarían comprar a otros proveedores como Japón, Corea del Sur y Europa.

Además, el Gobierno chino amenazó con establecer su propia lista de empresas no confiables de Estados Unidos, acción que reduciría sus negocios en China. Las empresas estadounidenses quedarían rezagadas con respecto a las demás compañías trasnacionales por el recorte de sus ingresos para la inversión en innovación e investigación.

Además las corporaciones chinas ya no producen únicamente productos estandarizados y baratos para el mercado mundial. Por el contrario, los empresarios están invirtiendo en investigación para la creación de nuevas tecnologías; contratan personal calificado egresado de universidades extranjeras con excelente nivel académico; venden sus productos a una clase media interesada en tecnología sofisticada como las redes de comunicación 5G, la inteligencia artificial, entre otras. La dependencia tecnológica de China no durará un período prologando; con lo cual estará inmune frente a las sanciones económicas de Estados Unidos.


Comentario: Sobre la tecnología 5G, vea:



De hecho, el Gobierno chino ha creado una gran cantidad de fondos públicos, que están dotados con 530.000 millones de dólares para invertir con el sector privado en investigación y tecnología. Entre las áreas de inversión de los fondos se encuentran los sectores de aeroespacial, semiconductores, telecomunicaciones e informática.

Este financiamiento junto con las potentes inversiones de los bancos estatales harán que las empresas chinas continúen escalando hasta ganar autonomía de tecnología en componentes clave para 2025 de acuerdo con la estrategia "Made in China". De continuar esta tendencia, las empresas chinas estarán capacitadas para competir por mercados a la par con empresas estadounidenses como Apple, Uber, General Motors e Intel.

Con el fin de detener el desarrollo tecnológico de China, el Gobierno norteamericano canceló varios proyectos de inversión de empresas chinas en Estados Unidos. Estos proyectos tenían como objetivo apoyar la creación de tecnología; con lo cual, habrían incrementado el número de empleos para los norteamericanos. Como resultado, la inversión extranjera de China pasó de 46.000 millones a 5.000 millones de dólares en Estados Unidos entre 2016 y 2018. Entre los estados más afectados se encuentran California, Texas y Nueva York que han recibido inversiones en infraestructura, viviendas y adquisición de compañías tecnológicas.

En contrapartida, la Administración Xi Jinping ha flexibilizado las reglas para la recepción de inversión extranjera en las industrias avanzadas. Por mencionar algunos aspectos, el Gobierno chino amplió el número de industrias y servicios que otorgarán facilidades para los inversores foráneos; redactó una nueva ley para la inversión extranjera que castigará el robo de propiedad intelectual y amplió las zonas económicas especiales en otras regiones que tienen ventajas fiscales para los inversionistas.

En este sentido, las industrias chinas recibirán mayor inversión del exterior por lo que tendrán la facultad de crear sus propios centros de investigación, y con ello, tendrán menor necesidad de invertir en las compañías estadounidenses para crear su propia tecnología.

En caso de quedarse rezagadas y perder mercados, las empresas estadounidenses despedirán a los trabajadores que se encuentran empleados en industrias avanzadas. Este golpe sería letal para la economía de Estados Unidos considerando que las medianas y pequeñas empresas, asociadas con las compañías tecnológicas, perderán también una gran cantidad de empleos.

El declive de Washington como potencia industrial amenaza con destruir la clase media, que está aún ocupada en actividades con un ingreso aceptable. Para cambiar esta situación, el Gobierno norteamericano tendría que incrementar el gasto público de forma significativa para apoyar la construcción de infraestructura, el presupuesto de las universidades y la creación de programas que se enfoquen en impulsar a las nuevas tecnologías.

Finalmente, los agricultores estadounidenses han vendido menos productos, particularmente soja, después de la imposición de aranceles de China. Las compañías no disminuyeron de forma sustantiva sus ventas tras la expansión de pedidos de países asiáticos como Indonesia, Tailandia, Vietnam y Malasia. Además, el Gobierno estadounidense anunció un plan de ayuda de 16.000 millones de dólares en el inicio de este año, cuyos fondos estarán destinados a comprar las cosechas de las empresas afectadas. A pesar de estas medidas, los agricultores no están exentos de sufrir daños por la guerra comercial.

Vale la pena destacar que las condiciones de vida son bastante complicadas en las áreas rurales en comparación con las ciudades por la deficiencia de la educación, infraestructura y oportunidades de empleo. El escalamiento de la guerra comercial inhabilitaría de forma permanente a los trabajadores rurales, quienes difícilmente encontrarían otro empleo en la industria.

Además, la reducción de las ventas de productos agrícolas afectaría a las empresas que proveen una enorme cantidad de insumos al sector primario como los productores de fertilizantes, maquinaria, agroquímicos, entre otros.

Bajo un contexto en el cual el presidente Donald Trump ha incumplido la promesa de asignar el presupuesto necesario para la construcción del muro fronterizo; tiene aún pendiente la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) con una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes; y no ha conseguido alcanzar un acuerdo comercial con China. Todo esto aunado a que el recrudecimiento de la guerra comercial causaría un desempleo masivo en Estados Unidos, por ello, el presidente ha decidido retroceder pues perdería las elecciones presidenciales en 2020.