Celia Martell López de Soria, concejal de Unidas por Galapagar (coalición de Podemos e IU), ha pedido una moratoria en el despliegue de la red 5G en el municipio donde viven el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Aunque desde el partido morado insisten en que los políticos del centroderecha son «terraplanistas y conspiranoicos», en este caso es esa formación política la que muestra sus dudas ante las nuevas tecnologías.
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Encuentro contra el 5G en Galapagar.
La edil galapagueña ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad, en manos de PSOE y Ciudadanos, «una moratoria» en la «implantación de la tecnología 5G». Quieren que el Consistorio encargue «un estudio científico antes de la implantación de esta red en la localidad». Tras organizar una charla en YouTube titulada «El 5G: Efectos sobre nuestra salud, medioambiente, privacidad y libertad», concluyen que "la falta de una información veraz e independiente hace que se den alas a teorías conspirativas, y más en estos tiempos tan convulsos".

Para declarar libre de 5G el municipio de Iglesias y Montero, Galapagar en Común-IU se agarra a un escrito del Defensor del Pueblo que, dicen, propone en una resolución del 21 de agosto de 2019 que «se sometan los planes y proyectos en materia de telecomunicaciones a evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental, incluida cualquier acción expansiva de la red de antenas para descartar o confirmar, y en su caso actuar».


Comentario: Las facciones del estado de partidos (se digan de izquierdas o derechas) tildan de conspiranoicos a todos los que se oponen a que lleven adelante su agenda de poder totalitario. Pero, obviamente, si su propia salud se puede ver perjudicada (como en este caso por la tecnología 5G) piden estudios, piden cautela, piden seguridad. Seguridad pura y exclusivamente para ellos mismos, la oligarquía estatal; los gobernados no son más que rebaño electoral para ellos.


«Falta información»

El objetivo de esta formación es, en línea con lo que estableció el Defensor del Pueblo, "la defensa de la salud de las personas frente a las ondas electromagnéticas que irradian las citadas antenas con el fin de garantizar la salud de la ciudadanía y proteger la fauna y el medio ambiente».

Por otra parte, desde este partido sorprendentemente instan públicamente al Gobierno español, donde están sus jefes de filas morados, a «aplicar los principios de precaución y de mantener los niveles de exposición tan bajos como sea posible». En esta línea, piden que se "preste especial atención a las personas electrosensibles, que requieren una consideración específica que no se ha tenido en cuenta ni en el plan 5G ni en los proyectos piloto".


Moción

De la misma forma, asumiendo el argumentario de las teorías de la conspiración, han presentado una moción ante el Pleno local para aprobar esa moratoria y un estudio científico. Dicen que se basan en los planteamientos de la Asociación Ítaca CSA. "Esta moción no se opone a la tecnología, se opone a la implementación de una tecnología no probada ni investigada, que no cuenta con los avales técnicos y científicos adecuados", apuntan. Dicen que «Bruselas, Ginebra y varios cantones de Suiza, Eslovaquia, varios municipios de Inglaterra, 447 ciudades y pueblos de Italia, entre los que se encuentran Florencia y Turín» ya han solicitado moratorias.

«Queremos una tecnología segura, y para ello se necesitan estudios científicos independientes sobre los riesgos para la salud, si los hay, y sobre el posible impacto ambiental del 5G. Esta moción no va en contra de nadie, sino a favor de proteger y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, como enuncia la Constitución, y aplicando el principio de precaución, como solicita la Unión Europea. Estos planes y proyectos 5G deben ser sometidos a una evaluación ambiental, como solicitó el Defensor del Pueblo en agosto del 2019", recoge el texto de la moción que tendrá que ser votado por el resto de grupos municipales.

La moción consta de cinco puntos: que Galapagar se compromete a solicitar una evaluación ambiental de los planes y proyectos de 5G en el municipio realizada por un organismo independiente, una moratoria en base al principio de precaución para que se paralice de manera inmediata e indefinida la implementación de la tecnología 5G en este pueblo, que se inste al Gobierno central a elaborar un estudio técnico-científico a nivel nacional, que se informe con total transparencia sobre la posible ubicación de todas las antenas y celdillas que se pudieran instalar.

Este texto está impulsado por la Asociación Itaca que ha contado con la opinión de Mercedes González, de la Comisión de Antenas de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM); Gabriel Ignacio, del grupo de trabajo confederal sobre Digitalización, Información, TIC, CEM, 5G de Ecologistas en Acción; y la propia Celia Martell López de Soria, concejal de Galapagar en Común - Izquierda Unida.

Iniciativa de IU

Fuentes próximas a la concejal que ha impulsado la moción se han puesto en contacto con OKDIARIO para realizar una serie de aclaraciones. En primer lugar destacan que el grupo municipal se llama Unidas por Galapagar, pero la componen tres partidos en coalición (Galapagar en Común-IU, Podemos Galapagar y Cambiemos). En este sentido subrayan que la iniciativa sobre el 5G es de Galapagar en Común-IU, que a su vez es la unión de personas sin afiliación política y activistas de Izquierda Unida.

«Nuestra concejala Celia Martell, que pertenece a Galapagar en Común-Izquierda Unida, integra al grupo municipal de 'Unidas por Galapagar', pero la iniciativa ha sido enteramente formada por Galapagar en Común-IU, y Podemos no ha trabajado en este proyecto de moción», aclaran. «Al igual que sí han participado numerosas organizaciones, como es el caso de ÍTACA CSA, Ecologistas en Acción y la FRAVM. Como queda reflejado en el propio vídeo. Pedimos que se reconozca la iniciativa a nuestro grupo político, Galapagar en Común-Izquierda Unida, y no atribuírsela a Podemos», concluyen.