Traducido por el equipo de SOTT.net en español

Una ley reciente del Distrito de Columbia, la Ley de Enmienda del Consentimiento de Menores de 2020 (Minor Consent for Vaccinations Amendment Act of 2020) , permite que los niños de 11 años en adelante reciban cualquier vacuna recomendada por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), incluidas las inyecciones de COVID, sin el consentimiento o conocimiento de los padres.

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Ahora, los padres están luchando.

El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Washington por 10 votos a favor y 3 en contra el pasado mes de noviembre, y fue promulgado por la alcaldesa Muriel Bowser en diciembre. Entró en vigor el 19 de marzo de 2021. El lunes, la organización Children's Health Defense (CHD) y la Parental Rights Foundation presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, solicitando una orden judicial para declarar la ley inconstitucional.

Los demandantes son cuatro padres que tienen hijos menores de edad que asisten a la escuela pública en D.C. y quieren una orden judicial preliminar para prohibir que Bowser, el Departamento de Salud y el Sistema de Escuelas Públicas ambas en D.C. apliquen la ley.

La presidenta y consejera general de la CHD, Mary Holland, declaró:
"La Ley del Distrito de Columbia es una intrusión desmedida en los derechos y la libertad de los padres y los hijos. Como sostuvo el Tribunal Supremo, 'El interés de libertad en cuestión en este caso -el interés de los padres en el cuidado, la custodia y el control de sus hijos- es quizás el más antiguo de los intereses de libertad fundamentales reconocidos por este Tribunal'".
Según la organización CHD,
"La Ley del Distrito de Columbia contiene varias disposiciones diseñadas para engañar a los padres y ocultar que el niño ha sido vacunado en contra del criterio, la autoridad o las convicciones religiosas de los padres".
Si un menor tiene una exención religiosa de las vacunas o ha optado por no recibir la vacuna contra el VPH basándose en los documentos presentados por los padres, la ley establece que el proveedor de atención sanitaria debe dejar esas partes de la cartilla de vacunación del estudiante "en blanco".

La ley exige que el personal sanitario proporcione registros de vacunación precisos al Departamento de Salud y a la escuela del estudiante, pero no a los padres. También tiene subsecciones que otorgan al personal sanitario la autoridad para "solicitar la indemnización, sin el consentimiento de los padres, directamente a la aseguradora", y añade que "las aseguradoras no enviarán una Explicación de Beneficios por los servicios prestados".

Esencialmente, la ley permite que un niño de once años anule la directiva escrita de sus padres de que no quieren que su hijo sea vacunado, y entonces la escuela del niño falsificará y retendrá los registros de las vacunas de los padres. Además, los profesionales sanitarios que vacunen a los niños en contra de los deseos de los padres serán pagados por la compañía de seguros médicos de los padres, pero éstos no recibirán ninguna documentación al respecto.

En 1986, el Congreso promulgó la Ley Nacional de Lesiones Causadas por Vacunas en la Infancia (National Childhood Vaccine Injury Act, "Vaccine Act") en respuesta a un creciente número de demandas por lesiones causadas por vacunas. La Ley de Vacunas y la posterior decisión del Tribunal Supremo en el caso Bruesewitz v. Wyeth protegen a los fabricantes de vacunas de toda responsabilidad porque las lesiones por vacunas son "inevitables". Las personas lesionadas por las vacunas están obligadas a solicitar una indemnización al Programa Nacional de Indemnización por Lesiones Causadas por Vacunas del gobierno, que ha pagado más de 4.500 millones de dólares en indemnizaciones a las familias de las personas lesionadas o fallecidas por las vacunas.

Para minimizar las lesiones y ahorrar dinero, la Ley de Vacunas exige que los padres reciban declaraciones informativas sobre las vacunas, registros de vacunas e instrucciones para notificar los efectos adversos de las vacunas al sistema federal de notificación de efectos adversos de las vacunas (Vaccine Adverse Event Reporting System).

Las Declaraciones de Daños por Vacunas dan a los padres la información necesaria para cumplir los requisitos de consentimiento informado, e incluyen cómo reconocer los efectos negativos de las vacunas, como las reacciones alérgicas, la anafilaxia, las convulsiones y la parálisis, y explican que algunos niños no deben ser vacunados.

La organización por la Defensa de la Salud de los Niños (CHD) explica, las consecuencias del acto de D.C., que viola la Ley de Vacunas, son "terribles":
La Ley D.C. tiene consecuencias nefastas para la salud de los niños. Si los padres no saben que su hijo fue vacunado en la escuela, es posible que no reconozcan las reacciones adversas de la vacuna. Las reacciones adversas graves requieren tratamiento médico inmediato y son contraindicaciones para seguir vacunando. Además, si el médico de cabecera no sabe que el niño fue vacunado en la escuela, es posible que se administren vacunas adicionales demasiado cerca de las que se administran en la escuela. Los fabricantes de vacunas, la Academia Americana de Pediatría y las autoridades gubernamentales de salud pública publican advertencias estrictas sobre el momento de administración de las vacunas. Los niños suelen desconocer su historial médico familiar y cualquier contraindicación inherente a las vacunas.
"La Ley del Distrito de Columbia es irresponsable, inconstitucional y pone en peligro innecesariamente la vida de los niños al eliminar la protección de los padres y la protección de la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas en la Infancia de 1986", declaró Holland.