Traducido por el equipo de Sott.net

El 11 de octubre se presentará en el Parlamento de Queensland un proyecto de ley que impondrá límites draconianos a lo que los médicos pueden decir a sus pacientes. Si se aprueba, los médicos ya no podrán expresar su opinión ni hacer uso de su experiencia, formación y educación, si esa opinión va en contra de lo que los burócratas sanitarios del Gobierno determinan que es el interés general del público.
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La Ley Nacional surgió originalmente después de que la Commonwealth, los Estados y los Territorios firmaran un acuerdo intergubernamental en 2008. En dicho acuerdo se estableció que la Ley Nacional de Regulación de los Profesionales de la Salud (la Ley Nacional) se convertiría primero en legislación aprobada por el parlamento de Queensland (artículo 6.3), que los demás Estados y Territorios la reflejarían y aprobarían a través de cada uno de sus parlamentos (artículo 6.4), y en el mismo acuerdo intergubernamental se estableció el Consejo Ministerial del Personal Sanitario Australiano (artículo 7.1) encargado de supervisar la Ley Nacional.

Una vez aprobada la ley por el parlamento de Queensland, todos los demás Estados y Territorios deben crear proyectos de ley prácticamente idénticos y presentarlos a sus parlamentos para que los conviertan en ley, efectuando así las mismas modificaciones a la Ley Nacional de su Estado o Territorio (artículo 13.4).

Los médicos australianos estarán obligados a seguir la política del Gobierno, independientemente de las pruebas contrarias, lo que significa que los burócratas sanitarios del Gobierno determinarán cómo deben enfocar los médicos las recomendaciones de tratamiento para sus pacientes.

El Proyecto de Ley Nacional de Regulación de los Profesionales de la Salud y Otras Legislaciones de 2022 propone cambios que darían al Defensor de la Salud de Queensland, a la Agencia de Regulación de los Profesionales de la Salud de Australia (AHPRA) y al Consejo Médico de Australia poderes sin precedentes para sancionar a los médicos por expresar su opinión profesional basada en su evaluación de la mejor ciencia disponible.

Esta enmienda al proyecto de ley está claramente diseñada para destruir nuestro sistema sanitario. Un paciente acude a su médico en busca de una "opinión", que será borrada por la ley. La asistencia sanitaria tiene matices, casi todos los días "violo" las recomendaciones de los libros de texto porque los pacientes no se ajustan a las representaciones idealizadas, cada uno tiene características únicas. Esas desviaciones se reducen a la experiencia, que es la baza más poderosa del paciente y del médico.

La medicina dejará de evolucionar. Se fosilizará en la Edad de Hielo de la Covid. Pequeñas indiscreciones como prescribir antibióticos cuando las indicaciones son borrosas podrían ser objeto de medidas disciplinarias. Las directrices son contradictorias, por lo que sería casi imposible ejercer la medicina sin contravenir los dictados. La mayoría de las clasificaciones de enfermedades ya están anticuadas, con definiciones de diagnóstico establecidas a veces hace 100 años o más. Esta legislación tendría consecuencias desastrosas para todos los australianos.

El objetivo de la ley debe ser allanar el camino para la gestión multicorporativa de la sanidad. Dado que el 96% de los ingresos de la Administración de Productos Terapéuticos, responsable de aprobar todos los productos farmacéuticos, incluidas las vacunas, procede de la industria farmacéutica, el potencial de conflictos de intereses es evidente. Las intervenciones terapéuticas se legislarán en función de los intereses de las grandes farmacéuticas. Las vacunas de ARNm podrían administrarse sin oposición por motivos de "conciencia", incluso a los niños. La carga de las vacunas de ARNm puede cambiarse a voluntad sin pasar por una aprobación regulatoria completa. Para cuando nuestros hijos cumplan cinco años, estarán completamente "protegidos" por el "Anillo de Protección de las Farmacéuticas", vacunados contra todo, desde la diabetes hasta las uñas de los pies que crecen, todo ello sin las limitaciones de la opinión clínica.

A falta de un sistema sanitario que funcione, las autoridades alentarán a las personas a buscar su atención sanitaria en Internet a través de "fuentes de confianza" aprobadas. Los médicos serán demonizados como parias, representados como si se hubieran quedado atrás en la era de la alta tecnología. No cabe duda de que recibiremos un brebaje de medicinas "basura", vendidas con patatas fritas de farmacia. Para cada pensamiento, acción y movimiento habrá una solución farmacéutica, incluso un requisito. Su mera existencia lo exigirá, por la seguridad de los demás.

Esta obscena pieza legislativa allana el camino hacia una pesadilla orwelliana, con consecuencias que van mucho más allá de la atención sanitaria, hasta el núcleo mismo de nuestra humanidad. Es la profanación de nuestros derechos a la existencia autónoma, es la bota de los Monty Python pisoteando la cara de cada australiano. Nuestros hijos serán marcados, lacrados y entregados desde su nacimiento, con su potencial de beneficios identificado y catalogado.

Para el ciudadano australiano este es nuestro Stalingrado. La derrota aquí abrirá el campo a recursos humanos ilimitados para las fuerzas opresoras que nunca podrán retroceder. Debemos oponernos a esto con toda nuestra determinación.

"Frank Mercy" es el seudónimo de un médico con práctica clínica que también tiene un nombramiento en una universidad australiana.