Traducido por el equipo de SOTT.net

Bruselas está acosando a las grandes tecnológicas censurando contenidos y modificando algoritmos, pero serán los ciudadanos de todo el mundo quienes pagarán el precio.
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En las últimas décadas, Europa ha creado muy poco de relevancia real en términos de plataformas tecnológicas, redes sociales, sistemas operativos o motores de búsqueda. Por el contrario, ha construido un amplio aparato regulador diseñado para limitar y castigar a quienes realmente han innovado.

En lugar de producir sus propias alternativas a los gigantes tecnológicos estadounidenses, la UE ha optado por asfixiar a los ya existentes mediante regulaciones como la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA).

La DSA tiene por objeto controlar el contenido y el funcionamiento interno de las plataformas digitales, exigiendo la rápida eliminación de los contenidos considerados «inapropiados», lo que equivale a una forma moderna de censura, así como la divulgación del funcionamiento de los algoritmos y restricciones a la publicidad dirigida. La DMA, por su parte, pretende limitar el poder de los denominados «guardianes de las puertas de acceso» obligando a empresas como Apple, Google o Meta a abrir sus sistemas a la competencia, evitar la auto-preferencia y separar los flujos de datos entre productos.

Estas dos normativas podrían tener un impacto mayor en las empresas tecnológicas estadounidenses que cualquier legislación nacional, ya que se trata de normas elaboradas en Bruselas pero que se aplican a las empresas estadounidenses de forma extraterritorial. Y van mucho más allá de las multas: obligan a introducir cambios estructurales en el diseño de los sistemas y las funcionalidades, algo que ningún Estado soberano debería imponer a una empresa privada extranjera.

En abril de 2025, Meta fue multada con 200 millones de euros en virtud de la Ley de Mercados Digitales por imponer supuestamente un modelo de «consentimiento o pago» a los usuarios europeos de Facebook e Instagram, sin ofrecer una alternativa real. Además de la multa, se le obligó a separar los flujos de datos entre plataformas, lo que compromete el sistema de publicidad personalizada que sustenta su rentabilidad. Se trató de una interferencia flagrante en su modelo de negocio.

Ese mismo mes, Apple fue multada con 500 millones de euros por impedir que plataformas como Spotify informaran a los usuarios sobre métodos de pago alternativos fuera de la App Store. La empresa se vio obligada a eliminar estas restricciones, abriendo iOS a tiendas de aplicaciones externas y a sistemas de pago competidores. Una vez más, se trató de una intromisión indeseada y un ataque directo al modelo basado en la exclusividad del ecosistema de Apple.

Otras empresas como Amazon, Google, Microsoft e incluso X también están bajo escrutinio, siendo esta última especialmente afectada por las normas de la DSA, ya que fue objeto de una investigación formal en 2023 por presunto incumplimiento en la moderación de contenidos.

Las grandes empresas tecnológicas, por su propia naturaleza, son el objetivo principal y específico de este nuevo marco jurídico europeo. Estas empresas operan a escala mundial, se basan en modelos de negocio centrados en la recopilación y monetización de datos, integran verticalmente múltiples capas del ecosistema digital y ocupan posiciones dominantes en ámbitos clave como los motores de búsqueda, las redes sociales y los sistemas operativos.

Con alrededor de 450 millones de consumidores y un alto nivel de poder adquisitivo digital, la UE es el segundo mercado digital más grande del mundo. Para las grandes empresas tecnológicas, abandonar Europa no es una opción. Y ahí es precisamente donde Bruselas obtiene su poder: al imponer normas exigentes, obliga a cambios globales, ya que mantener diferentes versiones de un producto para cada región es costoso y técnicamente inviable. De este modo, la Unión Europea se convierte en un legislador mundial de facto, exportando su visión reguladora al resto del mundo.

A pesar de vivir bajo realidades institucionales diferentes, europeos y estadounidenses comparten valores fundamentales: la libertad individual, la iniciativa privada y la innovación abierta. En nombre de estos valores, ahora deben recorrer un camino común de resistencia a este exceso regulatorio, reafirmando una alianza transatlántica en defensa de la innovación, la soberanía digital y la libertad misma.