El nuevo reglamento general en situaciones en las que los agentes de fuerzas federales de seguridad pueden usar armas letales frente al delito entró en vigencia hoy mediante su publicación en el Boletín Oficial.
© Sott.netMauricio Macri y Patricia Bullrich mostrando la nueva política de seguridad interior
La resolución 956/2018, firmada el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispone que en cumplimiento de su deber se utilizarán armas de fuego "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos".
El uso de
armas letales es válido en "defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves" o "para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas".
También "para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad" o "para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención".
Comentario: Ahora un poco más en serio. La señora Bullrich a dado claras muestras de su
ineptitud, a expuesto sus
demenciales ideas para combatir el crimen, y a hecho gala unas cuantas veces de su
estupidez.
La reciente resolución aprobada por el gobierno, no pretende en absoluto proteger ciudadanos, de hecho los pone en serio peligro permitiendo que un agente de seguridad pueda proceder como se le antoje y sin correr riesgo alguno de perder su placa o ser enjuiciado por mala praxis. La
normativa abunda en expresiones que no están definidas en términos objetivos y deja totalmente librado a la subjetividad del agente juzgar cuándo una situación cuadra dentro de lo especificado. Esto no sólo aumenta el riesgo de errores accidentales, sino que permite que agentes corruptos (que los hay, y no son pocos) puedan actuar con impunidad y nunca ser tocados por un juez o un fiscal.
Aunque el ciudadano común, estresado y muchas veces asustado por las altas tasas de criminalidad, tiende a mirar con beneplácito este tipo de medidas, esto no quiere decir que sean las medidas adecuadas ni que vayan a solucionar el problema.
Si lo que se pretende es inhibir al delincuente por medio del miedo, es sabido y se ha estudiado durante años cómo es que la amenaza, incluso el establecimiento de la pena de muerte, no suelen ser efectivas para combatir la delincuencia porque en la mente criminal nunca está significativamente presente la idea de ser apresado.
Si lo que se pretende es dar "herramientas" a las fuerzas de seguridad para acabar con el crimen al estilo cazarecompensas del antiguo oeste americano, está claro que esto no funcionará; no se elimina al crimen matando criminales cuando la sociedad es un caldo de cultivo fértil para el surgimiento de nuevos criminales. Hay individuos dentro de cada sociedad que son potenciales criminales. Éstos poseen una tendencia a actuar al margen de las normas de convivencia e ignorando sus deberes y obligaciones sociales. Cuando la sociedad no está sometida a un estrés constante y a carencias materiales endémicas, una buena parte de estos sujetos tienden a tener un comportamiento antisocial pero mitigado o inhibido, es decir sin recurrir a prácticas manifiestamente criminales, o por decirlo de otro, sin actuar a lo John Dillinger, con violencia explícita y totalmente al margen de la ley. Cuando las condiciones son alienantes para toda la sociedad, estos individuos suelen expresar su condición de un modo ostensiblemente más visible justificando su accionar en base a su condición de "víctimas de una sociedad injusta". Lo que incrementa la expresión de la criminalidad en una sociedad, es
circunstancia y oportunidad; ningún pistolero con licencia doble cero al estilo James Bond podrá acabar con este flagelo mientras las prácticas políticas de los gobiernos sigan estimulando la manifestación de nuevos delincuentes.
En cualquier caso, las fuerzas de seguridad deben actuar bajo un marco formalmente definido, restrictivo, y controlado, para evitar los abusos lógicos que suelen resultar al concentrar mucho poder en un actor social sin mediar adecuados mecanismos de fiscalización y penalización en caso de excesos. De no ser así ¿qué diferencia habría entre un delincuente y un agente policial?
En última instancia, lo que parece ser la intención de fondo del gobierno de Mauricio Macri, es crear un marco normativo que permita actuar a las fuerzas policiales como agentes de represión sin restricciones y a discreción, en medio de un contexto social cada vez más encolerizado, donde las protestas populares y las demostraciones de indignación se están haciendo cada día más frecuentes y multitudinarias. Este es el lento pero seguro camino hacia un estado totalitario donde la disidencia podrá ser reprendida al estilo orwelliano sin posibilidad de defensa alguna.
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