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Los POT determinan el crecimiento de las ciudades. Ordenan no construir en lugares de riesgo, cuidar las cuencas hidrográficas y sembrar árboles en las orillas de los ríos que surcan cientos de poblaciones, entre otras medidas que contribuirían a evitar desastres.
Por ley deben ser diseñados en cada uno de los 1.120 municipios colombianos por los alcaldes y expertos en distintas áreas.
"Pero a nadie le interesa cumplir los POT, ni la aplicación de la agricultura verde, ni el estudio de la tierra", afirmó a IPS León.
Los derrumbes e inundaciones han dejado hasta ahora 153 personas muertas y más de 1,2 millones de damnificados en 576 municipios de Colombia.
Además se cuentan 219 heridos, 19 desaparecidos, 1.746 viviendas destruidas y 213.650 averiadas, según estimaciones del martes de la Cruz Roja Colombiana.
La atención de los damnificados en todo el país ha significado un costo cercano a los 200 millones de dólares, y el gobierno anunció la solicitud de préstamos adicionales al Banco Mundial por 150 millones de dólares.
El presidente derechista Juan Manuel Santos lanzó el martes la campaña "Colombia Humanitaria", que ya recibió 200.000 dólares de Corea del Sur y 400.000 euros (534.000 dólares) de la Unión Europea e incluirá 25 millones de dólares provenientes de incautaciones por narcotráfico.
El mandatario de Chile, Sebastián Piñera, llegó a Colombia en la madrugada de este miércoles con ayuda física para los afectados.
Santos adicionó entre las medidas a tomar la creación de una "gerencia" pública-privada para coordinar la atención y reconstrucción de los lugares devastados por las aguas.
Su idea es repetir la experiencia de reconstrucción de Armenia, capital del central departamento de Quindío, en el llamado Eje Cafetero, que fue arrasada por un terremoto en 1999.
Sin embargo, las cifras muestran que son muchas las "personas que lo perdieron todo y que, aunque intenten volver a empezar, quedarán por el camino engrosando las filas ya no de pobreza, sino de la miseria, inclusive personas adineradas", dijo a IPS Ricardo Bonilla, ex director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia.
Las pérdidas en floricultura y ganadería se acercan a los 360 millones de dólares. En los municipios de Mosquera, Chía y Cajicá, colindantes con Bogotá, se inundaron 3.000 hectáreas con cultivos de flores y criaderos de caballos finos.
A los daños materiales se suma el desempleo en el que quedaron sumidos miles de trabajadores, en buena parte contratados a destajo, sin seguridad social, y el aumento del costo de los alimentos, que empiezan a escasear por las tierras inundadas y las dificultades del transporte por el mal estado de las vías.
El panorama amenaza con agravarse aún más, puesto que los pronósticos indican que continuará lloviendo hasta marzo de 2011 en este país ubicado en la región intertropical, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio.
Colombia tiene durante el año dos épocas de lluvias: entre abril y mayo y desde septiembre a diciembre.
Pero este año "prácticamente no ha dejado de llover desde abril, porque a la tradicional temporada lluviosa se unió el efecto del (fenómeno oceánico-climático de) La Niña a mediados de junio", dijo a IPS la Oficina de Pronósticos y Alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM).
"Las características geográficas y el innegable calentamiento global hacen imprescindible que se apliquen los POT, se estudie la tierra y se aprenda a respetarla", anotó León.
"Es decir, que se apliquen las medidas existentes, que se deje de lado la negligencia y que se le dé a estos temas la importancia debida para evitarnos graves consecuencias" continuó.
Para sustentar su afirmación recordó que "en 1974 tuvimos un excelente y novedoso Código de Recursos Naturales, que en la práctica fue letra muerta" y que la única Facultad de Agrología "que tuvimos, de la que fui decano, la cerraron por desinterés de los directivos", acotó.
Ese desinterés, a su juicio, se evidencia en los desbordamientos repetidos año tras año.
"Fíjese que alrededor del río Bogotá que inundó Mosquera y municipios aledaños hay muy pocos árboles", apuntó, lo cual se suma al desperdicio de materia orgánica, excesivo uso de herbicidas y grandes extensiones de monocultivos que afectan la tierra.
Por tanto, no sólo se trata de atender a los damnificados en situaciones de emergencia. "Es urgente aplicar correctivos responsables y suficientes, en una tarea que nos compete a todos los ciudadanos", concluyó León.
Los afectados, en general, están tomando tres caminos: aceptar donaciones temporales, rogar por soluciones definitivas, como la entrega de subsidios para adquirir viviendas seguras, o demandar al Estado.
Las demandas acumuladas rodean los 49.000 millones de dólares, sin incluir las presentadas en contra de constructoras que incumplen el ordenamiento previsto.
(FIN/2010)
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