El informe final de 608 páginas del grupo de cinco expertos de España, Colombia, Chile y Guatemala indica que "la investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad de un caso de esta magnitud", saldado con seis muertos, 25 heridos y 43 estudiantes desparecidos de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, de quienes solo un alumno ha sido completamente identificado, mediante análisis de ADN entre restos calcinados.
© REUTERS/ Henry Romero
Tras más de un año coadyuvando la investigación de los ataques por policías municipales y narcotraficantes confabulados, que comenzó en Iguala, en las montañas del estado de Guerrero, (220 km al sur), la noche del 26 de septiembre de 2014, y la madrugada siguiente, los expertos señalan casos de tortura para configurar la llamada "verdad histórica".
Esas dificultades "no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales", apunta el informe hacia las autoridades federales del gobierno del presidente Enrique Peña.
El grupo de agentes federales de la Procuraduría General de la República (PGR) encargado de las pesquisas del caso "dilató innecesariamente o rechazó las diligencias" propuestas por el GIEI, dice el extenso documento.
Claudia Paz y Paz, exfiscal de Guatemala que llevó ante la justicia al exdictador Efraín Ríos Montt por masacres de comunidades indígenas dijo que la mitad de las diligencias presentadas por el grupo no han sido cumplidas o realizadas por la PGR, y la otra mitad estaba aún por cumplirse hasta marzo de este año.
Por ejemplo, las autoridades no investigaron sobre las evidencias en los teléfonos celulares que tenían los estudiantes desaparecidos de la escuela rural Ayotzinapa, originarios de comunidades campesinas de Guerrero, un estado azotado por el crimen organizado y el cultivo de amapola y tráfico de heroína hacia EEUU.
Expertos internacionales dijeron el domingo que no lograron establecer cuál fue el destino de 43 estudiantes desaparecidos y posiblemente masacrados en 2014 en México debido en gran medida a las fallas y demoras de la Fiscalía que lleva el caso.
Otros obstáculos surgieron por la negativa de las autoridades de México a permitir al GIEI de la CIDH entrevistar de nuevo a detenidos - que denunciaron torturas - a líderes políticos o a antiguos altos funcionarios con información relevante para el caso.
Los ataques involucran a distintas autoridades policiales en varios puntos de Iguala cuando los jóvenes llegaron a ocupar autobuses para viajar a Ciudad de México a conmemorar un aniversario de la masacre de universitarios en la plaza de Tlatelolco de la capital en 1968.
Policías y sicarios del grupo narcotraficante Guerreros Unidos arrestados han confesado una extensa red de complicidad de autoridades, y que los jóvenes fueron masacrados y quemados en un basurero municipal a cielo abierto en el pueblo de Cocula, vecino de Iguala.
En ese basurero y el vecino río San Juan, fueron rescatados restos calcinados y triturados en bolsas de plástico, pero solo un estudiante fue identificado por un fragmento óseo y otro más parcialmente, y el GIEI declina confirmar que esos restos hayan sido encontrados en ese lugar, porque no participaron de la diligencia federal.
"La Policía Federal tendrá que ser investigada a profundidad", indica el informe, por su participación en el ataque coordinado en al menos en nueve puntos, en un plan de acción que se extiende por 80 kilómetros, de Iguala a Cococula y Huitzuco, en "un modus operandi coordinado para evitar la huida de los autobuses" en los que viajaban los alumnos y fueron balaceados por policías, antes de la desaparición de los 43 estudiantes.
Finalmente, el GIEI concluye que no existen pruebas que indiquen que entre los alumnos hubiera narcotraficantes infiltrados, como han sugerido investigadores federales, entre los cuales "existen ciertos sectores que no están interesados en la verdad", puntualiza.
Comentario: Preguntémonos aquí ¿a quién le interesaría no esclarecer la verdad sobre Ayotzinapa? Seguramente a las personas implicadas directa o indirectamente, por supuesto. Y si el gobierno federal está haciendo todo lo posible por diluir las investigaciones, ¿no significa esto que pueden estar ellos mismos implicados?
El total de víctimas en las emblemática masacre, en el contexto de la guerra contra las drogas que ha costado a México más de 100.000 vidas y 26.000 desaparecidos, incluye a 180 personas, seis asesinadas a balazos, y 700 familiares de sin apoyo correcto por las autoridades.
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