La Justicia mexicana ha ordenado la liberación de tres militares involucrados en la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, en junio de 2014.

Un tribunal federal, desestimando las pruebas de la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR), ha informado este sábado de que los tres individuos han sido absueltos de los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio de hecho delictivo.

Los tres soldados, junto con otros cinco militares, habían sido acusados de homicidio y otros cargos en los enfrentamientos que se produjeron en una bodega en el poblado de San Pedro Limón, en el citado municipio, el 30 de junio de 2014.

Previamente, la Secretaría de Defensa Nacional informó de que los 22 "agresores"— que eran presuntos integrantes de un grupo delictivo — habían muerto durante los enfrentamientos y que un soldado resultó herido.

Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que entre los muertos había al menos 12 civiles desarmados e individuos que se habían rendido después de un breve enfrentamiento a tiros con los soldados.

Las investigaciones realizadas por la PGR indicaron que al menos nueve personas fueron, de hecho, ejecutadas. Y según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta 15 de las víctimas fueron brutalmente abatidas.

El caso de Tlatlaya intensificó el debate en México sobre la participación del Ejército en las operaciones antinarcóticos que, según organizaciones de los derechos humanos, ha conducido a graves violaciones de estos mismos derechos.

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, consideró en su momento "injustificable" las supuestas órdenes de abatir delincuentes en Tlatlaya.

El despliegue militar en México contra la delincuencia organizada, que se inició en 2012, ha desatado numerosas críticas dentro y fuera del país por los numerosos casos de abuso cometidos por los uniformados.

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