Las audiencias de confirmación de Brett Kavanaugh para la Corte Suprema dieron al público un curso intensivo sobre la ideología de la violación en el campus universitario; y está a punto de recibir otro. La semana pasada, la Secretaria de Educación Betsy DeVos publicó una propuesta de ley federal que corrige los peores abusos de procedimiento de los tribunales de violación en el campus.
La oposición a la nominación de Kavanaugh se basó en el principio de que hay que creer en los autoproclamados "supervivientes" y condenar a los hombres acusados, independientemente de la escasez de pruebas en su contra. Ese principio, ya omnipresente en los campus universitarios, recibió ayuda del gobierno federal en 2011, cuando la administración Obama publicó una guía (una directiva federal informal, de estatus legal turbio) sobre los procedimientos de violación en las universidades.
La guía desalentaba fuertemente el contrainterrogatorio de la parte acusadora y requería que las escuelas usaran el estándar de prueba más bajo posible para hallar culpable a un acusado de agresión sexual. Promulgaba una amplia definición de acoso sexual procesable -"conducta no deseada de naturaleza sexual"- que ignoraba los precedentes pertinentes de la Corte Suprema y que incluso cubriría una solicitud de una cita no deseada.
Desde 2011, las deficiencias en los procesos de violación en el campus se han generalizado cada vez más. Las universidades rutinariamente niegan a los acusados la oportunidad de revisar todas las pruebas, no proporcionan un responsable imparcial de la toma de decisiones e ignoran la presunción de inocencia. Al acusado se le prohíbe regularmente la asistencia de un abogado. En 2014, un oficial del Título IX de la Universidad de Washington y Lee emitió una lúgubre advertencia a un estudiante masculino: "Un abogado no puede ayudarte en esto", antes de expulsarlo por agresión sexual.
El reglamento propuesto por el Departamento de Educación trata de poner fin a estos abusos. Irónicamente, en una administración regularmente acusada de ignorar la ley, el Departamento de Educación ha seguido cuidadosamente el marco legal para promulgar nuevas reglas federales. La guía de Obama para 2011 fue publicada como un hecho consumado; el Departamento de Educación de Donald Trump, por el contrario, está dando al público la oportunidad de comentar sobre la regla propuesta antes de que se convierta en definitiva.
Y el establishment feminista está respondiendo como lo hace a cualquier desafío a su hegemonía ideológica: con un ataque de desmayo histérico. La gerente de Know Your IX, un grupo de defensa y promoción, se enteró por primera vez de la nueva regulación en una tienda de comestibles y cayó al suelo conmocionada, según dijo. No se sabe cómo vieron sus compañeros de compras este desvanecimiento victoriano, pero recuerda la huida de la profesora de biología del MIT, Nancy Hopkins, cuando el entonces presidente de Harvard, Larry Summers, hablaba de la desigual distribución sexual en las habilidades matemáticas de alto nivel. Hopkins habría vomitado si se hubiera quedado en la sala, explicó más tarde. NARAL, el grupo de derechos del aborto, tuiteó que la nueva regla del tribunal de violación en el campus era "absolutamente asquerosa".
Es la extensión de los derechos a un proceso justo a los hombres acusados de agresión sexual lo que inspira asco a las activistas. Desde su punto de vista de la justicia, el proceso justo es una ecuación que iguala a cero: si un hombre recibe derechos procesales, la mujer acusadora debe, por definición, perder los suyos. "Estos cambios están diseñados para darle la vuelta al Título IX y dar derechos a los estudiantes acusados cuando se suponía que el Título IX protegería a aquellos que experimentaban discriminación sexual," dijo un abogado de SurvJustice a The Chronicle of Higher Education. La Oficina del Presidente de la Universidad de California advirtió que los "derechos de los más vulnerables entre nosotros están bajo ataque". Pero las protecciones del proceso justo no son mutuamente excluyentes; ambas partes pueden poseerlas. Lo que los defensores realmente quieren decir es que los acusados no deberían tener esencialmente ningún derecho.
La regla propuesta requiere que las escuelas permitan el contrainterrogatorio, pero sólo si es llevado a cabo por un asesor del acusado; el propio acusado debe permanecer en silencio y fuera del escenario. Esta sustitución es una concesión a la victimología sentimental de #BelieveSurvivors ("Cree en las supervivientes"), por la cual las víctimas estudiantiles de la cultura de la violación están en constante peligro de ser "retraumatizadas" por el contacto con su agresor. Sin embargo, prohibir que el propio acusado interrogue a su acusador es problemático, ya que algunos estudiantes no podrán pagar un abogado y un amigo puede no tener la habilidad suficiente para poner a prueba la historia de un acusador de manera adecuada. El interrogatorio realizado por los propios acusados fue la norma hasta el siglo XIX, cuando los abogados se hicieron cargo de los juicios.
Sin embargo, esta concesión no ha servido de nada. Cualquier contrainterrogatorio es "probable que ponga en peligro los derechos y la seguridad de las estudiantes supervivientes", anunció el Centro para el Progreso Americano. El asesor legal principal del Centro Legal para los Derechos de las Víctimas explicó a Chronicle of Higher Education que "la violación tiene que ver con el poder y el control y no con el deseo sexual. Por lo tanto, es una mala idea darle a la persona con el poder aún más poder para intimidar y lastimar a la víctima". En realidad, el sexo en estado de ebriedad se trata de lujuria, y punto. Al hombre le importa un bledo si su pareja de la noche se convierte en presidente del cuerpo estudiantil mañana, siempre y cuando se quite las bragas esa noche.
Más importante aún, el contrainterrogatorio no se trata de "intimidar y lastimar a la víctima". Se trata de establecer el hecho de ser víctima en primer lugar. Todos los argumentos de los defensores en contra del contrainterrogatorio suponen que el acusador era de hecho una "superviviente" de violación y el acusado un agresor sexual, sin necesidad de más pruebas. Esta certeza a priori es incompatible con siglos de experiencia sobre el incierto estado epistemológico de las acusaciones y la memoria, por no hablar de los bien documentados motivos personales que han impulsado las acusaciones de violación en el campus, como haber engañado a un novio o sentir celos de la nueva novia de un compañero. El narcisismo que ve el contrainterrogatorio simplemente como una forma de "intimidar" a la víctima en lugar de establecer la verdad es típico de la política de identidad feminista, en la que todas las ideas son juzgadas por una prueba de fuego: ¿son buenas o malas para las mujeres?
El vicepresidente principal del Consejo Estadounidense de Educación (American Council on Education) presentó el argumento más condenatorio en contra de la regulación propuesta. "Los colegios y universidades no son tribunales", dijo Terry Hartle al New York Times, "y este tipo de procedimientos nos obligarían a legalizar los procedimientos disciplinarios de los estudiantes. Nos falta el conocimiento, la experiencia y la credibilidad para hacer esto".
Hartle puede tener razón, pero si una universidad carece del conocimiento y la experiencia para manejar funciones básicas de búsqueda de la verdad, como el contrainterrogatorio, debería estar completamente excluida de la tarea de adjudicar la culpa de violaciones. La falta de "credibilidad" de la que deberían preocuparse Hartle y otros administradores es la que afecta a sus conclusiones sobre la culpabilidad.
Como era de esperar, los abogados se oponen al mayor nivel de prueba permitido, pero no exigido, por el reglamento propuesto. Bajo la nueva regla, las universidades pueden continuar usando el bajo estándar de "preponderancia de evidencia" para la violación en el campus, siempre y cuando ese estándar gobierne otros procedimientos disciplinarios. Inevitablemente lo harán. Ser condenado por violación en el campus no es gran cosa, dicen los activistas, así que ¿por qué obligar a un acusador a establecer su caso con "pruebas claras y convincentes"? Estos son los mismos vengadores que han destruido carreras por una palmadita en el trasero o una predilección por el humor sexual adolescente. Sin embargo, se supone que debemos creer que dejarán el pasado en el pasado cuando un estudiante falsamente condenado por violación en el campus intente entrar en el mercado laboral.
Finalmente, los abogados se quejan de la insistencia de DeVos en la presunción de inocencia. Según el Center for American Progress, este hábito atávico surge de la retórica de Trump contra el movimiento #MeToo, que ha "avivado el sentimiento" de que los hombres están siendo juzgados sin un justo proceso. Si los demócratas hubieran tenido las riendas del poder en el Senado y en su Comité Judicial, el propio juez Kavanaugh no habría podido superar la presunción feminista de culpabilidad sexual.
DeVos hizo todo lo posible por adoptar las características clave de la cosmovisión feminista. Los materiales que acompañan a la norma propuesta se refieren a las "supervivientes", cuyo supuesto sufrimiento "a menudo" les impide terminar su educación. (Esto no lo sabemos a partir de las tasas de graduación de las mujeres, que son mucho más altas que las de los hombres). DeVos detalla los extensos servicios de apoyo que las universidades deben ofrecer a las "supervivientes", desde modificaciones en los horarios de clases hasta las muy solicitadas extensiones de plazos. Muchas de esas medidas -como escoltas y mayor seguridad y monitoreo de ciertas áreas del campus- juegan con la ficción de que los violadores depredadores deambulan furtivamente por el terreno de la universidad, con la esperanza de abalanzarse sobre ellas en la oscuridad. De hecho, la mayoría de las "violaciones" en cuestión son acontecimientos previsibles y evitables, resultado de la participación deliberada en relaciones sexuales en estado de embriaguez con una pareja elegida.
La adopción por parte de DeVos de la retórica de la "superviviente" bañada en decepción no la hizo popular con el establishment de la violación en el campus. Y el aumento de las protecciones del proceso justo, por muy necesarias que sean a la luz de las condiciones actuales del campus, no es más que una tirita/curita en una llaga que se pudre. La solución a lo que se llama violación en el campus es un cambio de cultura de la promiscuidad a la responsabilidad personal. En ausencia de normas como la prudencia, la moderación y el respeto, la burocracia, que se extiende hasta el gobierno federal, se ha apresurado a llenar el vacío. El aspecto más extraño de la cultura sexual en el campus es la burocratización del coito, que los estudiantes que antes eran nominalmente rebeldes ahora exigen santurronamente.
Sin embargo, las feministas luchan contra el renacimiento de la prudencia sexual con la misma intensidad con la que luchan contra las salvaguardias tradicionales contra las falsas condenas. A medida que continúa la toma de control feminista de las principales instituciones (a pesar del interregnum de Trump), el futuro de ideales occidentales como el gobierno de la razón y el juicio imparcial parece sombrío.
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