© @Lmari74 / TwitterJuana Rivas, la mujer acusada en España de cometer abusos físico y psicológicos sus hijos.
Juana Rivas es una española nacida en Granada, quien mantuvo una relación amorosa con Francesco Arcuri, un italiano del sur de Cerdeña. Se conocieron en el año 2004 en Londres y tuvieron un hijo en el año 2005 que los dejó unidos sentimentalmente. Se trasladaron a Granada en 2006, donde convivieron juntos durante tres años y tuvieron un segundo hijo.
Esos 3 años terminaron siendo un infierno de abuso físico y psicológico para Arcuri. En 2009, la situación estalló. Rivas acudió a un hospital y denunció maltrato por parte de su pareja, asegurando que éste le había pegado y roto la mano. El parte médico mostró que no tenía daños físicos ostentables.
Sin embargo, Arcuri fue arrestado inmediatamente por la denuncia de Rivas. Examinado por el médico forense del Juzgado Número 1 de Granada, se observó que en realidad era Arcuri quien tenía hematomas en un muslo y en la cadera, así como erosiones en pantorrilla y cuello, indicios claros de violencia de ella a él.
Se llegó a un acuerdo de conformidad entre ambos por decisión del propio Arcuri en contra de los consejos de su abogado. Arcuri admitió el delito de lesiones en el ámbito familiar, a pesar de no haberlo cometido, y Rivas fue absuelta de cualquier delito. Arcuri sería condenado a tres meses de prisión y a una orden de alejamiento de un año y tres meses. Este sería solamente el preludio.
Rivas secuestra a los hijos y se escapa a España
En 2013 Rivas y Arcuri retoman la relación, y nuevamente, tres años después, estallaría todo de vuelta. En mayo de 2016, Juana Rivas abandona Cerdeña, la provincia italiana donde estaban viviendo, y se marcha a Maracena, Granada, junto a sus dos hijos, bajo el pretexto de ver a su familia.
Asesorada por el Centro de la Mujer de Maracena, en julio de 2016 Juana Rivas presenta la primera denuncia ante la Guardia Civil de Maracena por presuntos maltratos físicos y psicológicos infligidos por Francesco Arcuri, por hechos ocurridos en Italia, y le avisa al padre que se va a quedar en España y que nunca más va a ver a sus hijos.
Según el testimonio de la defensa de Arcuri, y ratificado por el juez que emitirá la sentencia de julio de 2018, la intención de Rivas habría sido obtener la Renta Activa de Inserción para mujeres maltratadas y así poder asentarse en España.
En diciembre de 2016, Rivas vuelve a interponer una denuncia contra su ahora ex pareja por maltratos. Al mismo tiempo, el día 14 de diciembre, el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Granada ordena a Rivas la "inmediata restitución" de los niños con su padre de vuelta a Italia. Esta resolución pasó a ser firme en abril de 2017, después de que Arcuri emitiera y obtuviera la guardia y custodia de los menores por el Tribunal de Cagliari en junio de 2017.
A partir de entonces el caso obtiene atención internacional. La justicia italiana reclama que los niños deben ser devueltos al padre, mientras el gobierno español, comandado por el socialista Pedro Sánchez, se declara en favor de Rivas y promete ayudarla a combatir hasta la última instancia.
Francisca Granados, responsable de la Secretaría de Igualdad de Maracena, organiza una rueda de prensa junto a Juana Rivas donde anuncia su oposición a la entrega de los niños, y el respaldo del gobierno. El 26 de julio, Rivas se oculta junto a sus hijos.
El abogado de Francesco Arcuri solicita una orden de detención internacional contra Juana Rivas en la que alega delitos de desobediencia, violencia psicológica habitual contra los hijos, y delito contra la administración de justicia. Asimismo, afirma que Rivas se hallaría en un estado de "desequilibrio emocional" y representaría un riesgo para los hijos en común, que ya llevaban 2 años sin ver a su padre.
El colectivo feminista, rápidamente se pronunció en favor de Juana Rivas, y la elevaron a un nivel de heroína feminista en contra del yugo partiarcal. Bajo el hashtag #JuanaEstaEnMiCasa, se lleva a cabo una ola de manifestaciones por todo el territorio español en apoyo a Rivas, que se convierte en una exponente de las víctimas de violencia de género.
El 27 de julio de 2018 la locura llegaría a su fin. Juana Rivas se entregó a la justicia y terminaría condenada a cinco años de prisión, seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad, 30.000 euros de indemnización a su expareja y el pago de los costes judiciales. Los hijos fueron devueltos al padre, con quien viven hasta el día de hoy.
La locura no termina: el indulto de Pedro Sánchez
Tres años después, y con Rivas siendo para muchos la más alta referente feminista y víctima de un sistema judicial partiarcal, el presidente Pedro Sánchez la indultó, reduciendo su pena y habilitándola nuevamente a ejercer la patria potestad.
El indulto parcial fue concedido el 16 de noviembre de este año, y el colectivo feminista estalló de alegría, organizando tendencias en redes sociales pidiendo que ahora Rivas vaya por la tenencia de los hijos y pida la cárcel de su ex pareja..
Sin embargo, esta semana, el magistrado del Penal 1 de Granada emitió un comunicado asegurando que de oficio se negaría a suspender la cárcel por el indulto.
El juez, que había mantenido por secreto de sumario muchos de los detalles de la causa, contó que Rivas fue hallada culpable de golpear violentamente a sus hijos, e incluso abusar sexualmente de ellos.
"La mujer es un peligro para sus hijos y no se ha arrepentido en ningún momento. En repetidas ocasiones, estando los hijos bajo su custodia, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor", sostuvo en el comunicado."Este hecho", sigue el magistrado, "se ha venido omitiendo de forma explícita por no afectar a la intimidad del menor, pero debe quedar expuesto en el estado al que ha llegado la causa, como verdadera razón que crea desconfianza por la posibilidad de que la acusada pueda aprovechar cualquier beneficio penitenciario que implique libertad plena de movimiento para que vuelva a retener a los menores bajo su guarda y a que vuelvan a ser puestos en peligro por un deficiente ejercicio, y desde luego, no va a ser este Juzgado el que lo posibilite, en la medida de las competencias que tiene atribuidas".
El caso ha dejado expuesto al colectivo feminista, que prioriza el género de la persona que defiende antes que su culpabilidad en delitos tan sensibles como este. El caso Juana Rivas por lo menos servirá como ejemplo de que la mujer también es capaz de agredir física y psicológicamente a su pareja y/o a los hijos, y la justicia debe ser siempre quien determine quién es culpable y quien no, una potestad que nunca debe tener una turba violenta de feministas resentidas.
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