Desde hace dos meses el Gobierno de Luis Arce debe enfrentar a un contrincante inesperado: dentro de sus propias bases hay quienes en cierta medida rechazan vacunarse y, por consiguiente, la instauración del carnet de vacunación contra el COVID-19 como requisito indispensable para realizar trámites ante entidades públicas y privadas.
Vaccine pass bolivia
© AP Photo / Juan Karita
Teóricamente, desde el 1º de enero de 2022 era obligatoria la presentación del carnet de vacunación para ingresar a prácticamente todo establecimiento de Bolivia. Pero los decretos 4640 y 4641, firmados por el presidente, solamente pudieron sostenerse por cinco días. Las amenazas de protestas en todo el país decidieron al Gobierno a "suspenderlos". Pero el recién florecido movimiento antivacunas exige que sean derogados.

Según el Gobierno, los decretos 4640 y 4641 iban a quedar suspendidos hasta el 26 de enero pasado. Pero llegada esa fecha, y las siguientes, nadie mencionó la posibilidad de reinstalar el carnet de vacunación.

Carlos Soria Uría, parte del movimiento antivacunas, compartió con Sputnik sus argumentos para rechazar al mencionado carnet.
"Me opuse porque esos decretos vulneran la Constitución. Bolivia es consignatario de leyes internacionales, según las cuales ningún individuo puede ser coercionado por ninguna autoridad para que se sujete a un experimento biológico con su cuerpo", afirmó.
Según las investigaciones que él realizó, "estas vacunas no han sido testeadas por suficiente tiempo. Tomaría de tres a cinco años evaluarlas correctamente". Por este motivo, "lastimosamente se han reportado en todo el mundo efectos secundarios negativos, como incremento de miocarditis, también hay reportes de que ha afectado a la menstruación de mujeres", dijo Soria.

Por ello consideró prematuro vacunar a niñas y niños contra el COVID-19, a contramano de lo que recomiendan colegios de pediatría de varios países.

Medicina ancestral

Pueblos milenarios de los Andes, como el Aymara y el Quechua, cuentan con un desarrollo medicinal sólido, basado sobre el uso de hierbas originarias de la región. Con este método enfrentó dos veces al COVID-19 el vicepresidente, David Choquehuanca, quien hace pocos días decidió vacunarse, aunque a regañadientes.

A este grupo se sumó un sector urbano adepto a teorías conspirativas, con lo cual se consumó el bloque que durante semanas marchó y bloqueó carreteras y avenidas en ciudades del altiplano, como Potosí, Oruro, La Paz y Cochabamba.

En esta última aún perdura un bloqueo antivacunas, en la avenida Petrolera, zona sur de la urbe cochabambina. Es la misma zona sur que causó más de un dolor de cabeza al Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), por su defensa inquebrantable del MAS y de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019).

Soria destacó que el requerimiento del carnet de vacunación fue dado de baja a partir de la insistencia de "aymaras, quechuas, pobladores del altiplano, el Comité Cívico de El Alto, grupos religiosos, gente como yo, ciudadanos de a pie, quienes hemos resistido y hemos logrado" dar de baja a los decretos.

El poder de las farmacéuticas

Para Soria, varios Gobiernos de Europa, también Estados Unidos, "favorecieron al complejo megafarmacológico del mundo, que está más por el dinero que por la salud. Además han sido financiados por el señor Bill Gates".

Y mencionó recetas para tratar el COVID-19 difundidos por universidades de EEUU, algunas de las cuales incluyen el antiparasitario ivermectina, cuyo uso fue desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero para Soria esta institución también está "en el bolsillo" del creador de Microsoft
"Ahora, la gran industria farmacéutica del mundo ha decidido reemplazar nuestro sistema inmune, quiere que seamos dependientes de su tecnología. Eso va contra los derechos humanos y la vida", aseguró.
La ola interminable

En Bolivia, la cuarta ola de contagios finalmente entró en descenso. Semanas atrás rompió los récords de registros, con más de 12.000 contagios diarios. Actualmente, la variante omicrón causa 6.000 positivos cada día.

Desde la llegada de la pandemia, en marzo de 2020, el Ministerio de Salud calcula que causó la muerte a 20.000 personas en el país.

Durante los pocos días que estuvieron vigentes los decretos 4640 y 4641, el Gobierno boliviano logró incentivar a la población para que se inyecte un millón de dosis, con lo cual alcanzó a 11 millones de inoculaciones.

Según la aplicación gubernamental Unidos contra el Covid, hasta el momento 5,6 millones de personas tienen una dosis; 4,1 millones las dos y un millón recibió la unidosis de Johnson & Johnson.

Ataques a la prensa

Sputnik se acercó al bloqueo antivacunas de la avenida Petrolera, uno de los puntos destacados por sus agresiones — con piedras y chicotes — a periodistas de medios como Red Uno, Univalle y Los Tiempos. En la ciudad de El Alto, en La Paz, también fueron violentados reporteros, acusados de "desinformar".

"Cuando llegamos al lugar, nos identificaron como periodistas y empezaron a gritarnos que éramos prensa vendida, que no dice la verdad, y que no nos querían en el lugar, que nos vayamos. En esas circunstancias dos personas enardecidas empezaron a aproximarse a mí y lanzaron un petardo hacia mi cuerpo, pero por la distancia no me llegó", dijo el fotógrafo Carlos López, del diario Los Tiempos, según un reporte de la Asociación Nacional de Prensa (ANP).

Mediante un comunicado, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) expresó "su apoyo moral y material a los compañeros víctimas del oprobioso e infame episodio".

En este sentido, pidieron al Ministro de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado "identificar a los responsables intelectuales y materiales, y sean aplicadas las máximas sanciones que manda la ley por esta conducta criminal".

Como era de esperar, en la avenida Petrolera solicitaron que no se tomen fotos. "La Policía nos está siguiendo y ustedes (la prensa) mucho desinforman", dijo a Sputnik una señora, que prefirió mantener su identidad en incógnita.

Aislados y debilitados luego de nueve días de bloqueo, la Policía nacional informó que en cualquier momento levantaría esta protesta vecinal. Los uniformados tienen la presión de sindicatos de camioneros, taxistas y minibuseros, quienes reclaman la reapertura de la avenida, o advirtieron que lo harán con sus propias manos.


"Hemos agotado todos los pasos procedentes para disuadir a esas personas para levantar el bloqueo. Nos vemos obligados a hacer uso de la fuerza y vamos a intervenir en cualquier momento", dijo a la prensa el comandante de la Policía de Cochabamba, Rubén Darío Lobatón.