© Leonardo Fernandez / Gettyimages.ruPedro Castillo
De esta manera, la Justicia avaló la petición que hizo el Ministerio Público, al considerar que Castillo tiene varias investigaciones abiertas y por la gravedad de los presuntos delitos que, a juicio del magistrado, aumentarían el peligro de fuga.
Durante la audiencia, la defensa del destituido presidente dijo que apelaría el fallo.
En el caso del ex primer ministro, Aníbal Torres, el juez ordenó que no se ausente del lugar en que reside sin la autorización judicial.
Con esa decisión, Castillo permanecerá en prisión. La tarde del miércoles se venció el plazo de "detención preliminar" de siete días que se le había dictado previamente, pero no salió de prisión puesto que se le prorrogó esa medida por otras 48 horas, mientras se resolvía el requerimiento de prisión preventiva.
El destituido presidente intentó revertir la detención preliminar antes de que culminara, pero el martes la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por su defensa al respecto.
En esa audiencia, Castillo negó los cargos que se le imputan. "Nunca cometí ningún delito de conspiración ni rebelión", dijo.
Asimismo, expresó: "Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador ni corrupto ni matón".
Delito de rebelión
Castillo fue detenido la semana pasada tras ser destituido por el Congreso, luego de su intento fallido de disolver el Parlamento y el establecimiento de un gobierno de excepción. Desde entonces, es investigado por el delito de rebelión.
El juez César San Martín, quien preside la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que negó el recurso de apelación para revertir la detención preliminar, explicó que, si bien no se llegó a un alzamiento en armas — según la perspectiva típica del delito de rebelión — , es "imperante" que Castillo anuncia sus intenciones de cerrar el Congreso, así como intervenir las instituciones del sistema de Justicia.
Además, dijo que "al instaurar un gobierno de emergencia excepcional quería alterar el ordenamiento constitucional y la paz pública".
El gobierno golpista peruano decidió este miércoles extender a todo el país el estado de emergencia por 30 días en respuesta a las protestas en apoyo al expresidente Pedro Castillo. La decisión habilita la presencia militar en las calles para reprimir las manifestaciones, informó el ministro de Defensa, Luis Otárola. Durante este periodo, la Policía Nacional podrá «encargarse de mantener el orden interno» en el país en colaboración con las Fuerzas Armadas. Esto ha supuesto cientos de detenciones, hacinamientos en las cárceles y agresiones violentas a manifestantes. El estado de emergencia estaba vigente, hasta ahora, en Ica, Arequipa y Apurímac.
Otárola sostuvo que se trata de una medida de respuesta «contundente y de autoridad» ante las recientes protestas que se registran en varias regiones del país. Recordar que ya hay nueve personas asesinadas por el accionar de las fuerzas de seguridad represoras.
Las manifestaciones, los cortes de rutas y la declaración de huelga nacional por parte de las organizaciones populares, indígenas y campesina están parando el país. Además, hay cuatro aeropuertos, los de Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac, clausurados. Y la empresa PerúRail confirmó también la paralización de los trenes que conectan con Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos del país, que también se mantiene cerrado para los turistas.
Miles de personas están protestando en el sur del país por la destitución de Castillo por parte del Congreso, exigen la disolución de este Congreso ilegítimo, la expresión «que se vayan todos, que nadie nos representa» es la expresión más escuchada. En las protestas también se reclama al golpismo una convocatoria de elecciones presidenciales y una nueva Constituyente.
Hasta el momento se reportan 71 personas detenidas de forman infrahumana.
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