La historia de Rotherham es sencilla. Es una historia de cobardía y maldad. Durante décadas, bandas organizadas de abusadores se aprovecharon impunemente de crías en sus hogares y en instituciones locales, mientras las autoridades hacían la vista gorda.
Una investigación dirigida por el académico Alexis Jay, publicada en 2014, encontró pruebas de que se habían presentado informes a las autoridades en la década de 1990. La policía tenía pruebas desde 2003 y 2006. Poco se hizo para detener los delitos. Entre 1997 y 2013, cree ahora la Agencia Nacional contra el Crimen, al menos 1.500 niñas sufrieron abusos en la ciudad.
Estos abusos masivos fueron el resultado de un instinto de mirar hacia otro lado y encubrirlos. En algunos casos, esto parece haber sido motivado por el miedo; miedo a ser llamado racista, o miedo a lo que podría suceder si la comunidad mayoritaria se diera cuenta de que sus hijas eran vistas como blancos fáciles por muchos miembros de una minoría. En otros casos, la inacción es más difícil de explicar.
El asesinato de la niña S
En 2010, con sólo 17 años, se recuperó el cadáver de la "Niña S" en un canal de Rotherham. La habían apuñalado varias veces en la cabeza y la habían arrojado al agua aún con vida. Más tarde fue identificada como Laura Wilson y había sido asesinada por Ashtiaq Asghar, de 17 años.
Días antes, Wilson había dicho a la madre de Asghar que mantenía una relación con su hijo. La madre reaccionó con furia e insultos racistas. Wilson había recibido una respuesta similar de la familia de Ishaq Hussain, el padre de 22 años de su hijo de cuatro meses.
Hussain fue absuelto del asesinato de Wilson, pero el tribunal escuchó que Asghar había enviado un mensaje de texto a Hussain el día antes del asesinato diciéndole que iba a "enviar a esa perra kuffar [término despectivo para referirse a los no musulmanes] directamente al infierno". En la sentencia de Asghar, el juez declaró que había seguido a Hussain "en una mentalidad" en la que "consideraba a las chicas, a las chicas blancas, simplemente como objetivos sexuales".
A pesar de ello, el juez decidió que no podía estar seguro de que Asghar hubiera salido con la intención de matar a Wilson.

Una y otra vez, las autoridades que debían proteger a Wilson la habían defraudado. Una revisión de casos graves publicada posteriormente por la Junta de Protección de Menores de Rotherham descubrió que Laura había pasado desapercibida a pesar de una serie de incidentes alarmantes.
A los 13 años, su madre la había encontrado "en el salón de su casa con un hombre de 32 años a las 5 de la mañana", vio que le habían quemado el estómago con un mechero y llamó a la policía. Aunque dijo a los agentes que su hija había sido quemada por el hombre, Laura les dijo que se había quemado ella misma. El resultado fue que no tomaron ninguna medida y no informaron a los servicios sociales.
Estos fallos fueron sólo la punta del iceberg. La revisión del caso hecha pública había sido redactada en gran medida y, cuando una copia filtrada llegó a The Times, el consejo emprendió acciones legales para evitar su publicación, abandonándolas sólo cuando intervino el entonces Secretario de Educación, Michael Gove.
Una vez publicado, el documento sin redactar mostraba exactamente por qué el consejo se había puesto tan nervioso. Se sospechaba que Laura había sido víctima de abusos por parte de "hombres asiáticos", había indicios de grooming (acoso sexual a menores a través de medios informáticos o telemáticos) en su caso, había sido remitida a un proyecto de explotación sexual infantil con tan sólo 11 años y su madre había "intentado que la policía y la asistencia social" hicieran algo respecto a su relación con hombres mayores.
La Comisión de Asuntos de Interior de la Cámara de los Comunes juzgó que, al hacer estas redacciones, la Junta había estado "protegiendo a sus miembros en lugar de controlarlos". Estos fallos y el aparente intento de encubrirlos son un tema recurrente en el escándalo de Rotherham.
Bienvenidos a Rotherham
Para ser un municipio tan poblado, la ciudad de Rotherham es sorprendentemente pequeña. Muchos de sus habitantes viven en las afueras y, tras unos minutos en coche, se podría pensar que se está en otro lugar. El Thomas Rotherham College, catalogado de grado II, parece sacado de Downton Abbey, en lugar de las sombrías imágenes postindustriales que se ven en los reportajes sobre la ciudad, y hay frondosas casas ocupadas por personal de BAE que trabaja en las cercanas instalaciones de Sheffield.
El centro de la ciudad es menos agradable. Fuera de la vista, pero fundamentales para la economía local, están las acerías. A ellas se debe la antigua prosperidad de Rotherham, y también su nueva población. En las décadas de 1950 y 1960, una oleada de emigrantes pakistaníes llegó a la ciudad en busca de empleo y salarios más altos. Sus descendientes viven ahora en el centro de la ciudad y sus alrededores. Los mapas del censo de la Oficina Nacional de Estadística son sorprendentes: algunas zonas del centro son mayoritariamente asiáticas. Algunas de las zonas periféricas, casi totalmente blancas.
Al entrar en el centro de la ciudad, el sistema de sentido único ralentiza el tráfico y, por la noche, la gente se congrega frente a la estación de autobuses y el pub de enfrente. Faltan marcas famosas. Al subir hacia el barrio de Eastwood, donde se produjeron gran parte de los abusos, se entra en un mundo de casas serradas que rodean una gran mezquita. Algunas de las casas tienen puertas y ventanas enrejadas, y hay tiendas que atienden a la población gitana. Al sur se encuentra el parque Clifton, catalogado de grado II, extenso, verde y bonito al sol, con un museo, jardines conmemorativos, una zona infantil y un antiguo quiosco de música. Hoy se anuncia como el lugar ideal para pasar un día en familia. Antes, sin embargo, también era un conocido foco de abusos.
El profesor Jay encontró las actas de una reunión de 2007 en las que se señalaba que "los métodos son los mismos... chicas que van a Clifton Park, chicas que son recogidas en la gasolinera", y el presidente añadía que "se trata de una situación bastante sombría. Los nombres de los hombres no cambian, pero los de las chicas sí, a medida que se hacen demasiado mayores para ser útiles. Ninguna de las chicas quiere declarar porque tienen miedo".
Un poco más atrás, hacia el centro de la ciudad, al otro lado del río Don, dos edificios se observan desde el otro lado de la carretera. A un lado está el bloque de pisos de la comisaría de policía de Rotherham, ladrillo rojo y metal teñido perforado con ventanas demasiado pequeñas para la fachada. Al otro está Riverside House, sede del ayuntamiento de Rotherham. Las modernas cristaleras del edificio parecen ofrecer transparencia, pero es difícil ver el interior.
Cómo se desarrolló el escándalo
Aunque las bandas de grooming no serían conocidas por el gran público hasta la década de 2010, su presencia era visible desde hacía años. La constante falta de intervención de las autoridades, paralizadas por las tensiones raciales y comunitarias, había dejado a las crías vulnerables ante los depredadores.
Ya en la década de 1990, una mujer llamada Jayne Senior (que dirigía un proyecto llamado "Risky Business" que trabajaba con niñas en riesgo de explotación sexual) señaló que un grupo de directores de hogares infantiles ya había detectado un problema con "taxis conducidos por varones asiáticos que llegaban, recogían a niñas y desaparecían".
Los informes policiales de 2003 y 2006 señalaron que "una o dos redes de hombres" estaban detrás de los abusos en la ciudad, que estaban potencialmente implicados en delitos con armas y drogas, que los abusos habían pasado de ser "unos pocos hombres que participaban para su propia gratificación" a una red organizada, y que las principales "bandas" eran "asiáticas".
Sin embargo, cuando Senior y su colega denunciaron taxis a la policía con sospechas de abusos, no se tomó ninguna medida. De hecho, la policía se mostró muy incómoda con el origen étnico de los sospechosos y se advirtió a quienes intentaron plantear sus preocupaciones que transmitir información podría violar los "derechos humanos" de los sospechosos.
En 2015, Louise Casey informó tras dirigir una inspección de los servicios infantiles del ayuntamiento de Rotherham. Descubrió que los maltratadores "parecían no tener consecuencias". En lugar de aceptar los "hechos" de que "en una escala significativa, las crías eran explotadas sexualmente por hombres que provenían en gran parte de la comunidad de ascendencia pakistaní... me encontré con un ayuntamiento que lo negaba todo".
En cuanto a la policía, los agentes a menudo parecían no creer a las niñas o culparlas de sus abusos. Una víctima afirma que un agente de policía le dijo que era una mentirosa, paró el coche policial, la persuadió para que retirara los cargos, rompió la documentación y la dejó en un restaurante donde solían reunirse las chicas y los agresores.
Como dijo un agente, "la opinión era que eran unas zorritas". Los funcionarios creían que "las chicas estaban contentas, o eran cómplices. La sensación era que si había habido algún delito había sido por parte de las chicas, por atraer a los hombres".
Mientras tanto, las niñas vivían aterrorizadas. El informe Casey tuvo noticia de delitos como "violaciones con una botella rota y niñas a las que se ordenaba besar los pies de los agresores a punta de pistola". Los denunciantes informaron que crías de tan sólo 11 años eran recogidas en centros de acogida por los agresores y en taxis "sin ningún intento de disimular lo que hacían"; el personal no intervenía, aterrorizado de que le llamaran "racista". Los taxistas, a su vez, se encontraban a veces con estas niñas "en misión oficial del ayuntamiento", cuando las "llevaban en taxi desde el hogar a los colegios".
El patrón de captación era consistente: las chicas se presentaban a hombres que se convertían en sus "novios", ofreciéndoles regalos, comida, alcohol y drogas, insistiendo después en que eran "de pago", para pasar a los abusos sexuales con grupos de participantes. Se utilizaban taxis y coches para recoger a las chicas en colegios, hogares infantiles y casas de familia.
Se produjeron fallos en todos los servicios. Sarah, la hermana de Laura Wilson, fue violada en el patio de un colegio cuando tenía 11 años. Era tan joven que "no entendía nada de sexo" cuando se produjo el ataque. El incidente fue el comienzo de "su sistemática captación y agresión sexual", que la llevó "a cruzar el país para ser violada por varios hombres en una noche, e ignorada tanto por la policía como por los servicios sociales".
En un momento dado, su madre mostró su teléfono a los agentes. Contenía 177 números de hombres asiáticos adultos. La policía "alegó que la Ley de Protección de Datos les impedía investigar", y que el comportamiento de su hija era una "elección de estilo de vida". Cuando Sarah denunció una agresión, el agente con el que habló "se rio y se negó a investigar". El traslado a una residencia no ayudó: cuando los agresores la llevaban a casa, los trabajadores "utilizaban los fondos de la residencia para pagar el taxi".
Al parecer, cuando se planteaba el problema, las autoridades no querían saber nada.

Una y otra vez surgieron historias de autoridades que intentaban suprimir el debate sobre el tema. Cuando un asistente social planteó su preocupación por los "taxistas asiáticos" y las crías, le echaron la bronca y le dijeron que "no mencionara el origen étnico". Otros profesionales afirman que cuando intentaron presentar pruebas de que determinados taxistas estaban implicados en abusos sexuales, "se les recordaba constantemente que no fueran racistas". Los funcionarios estaban "aterrorizados" por el efecto sobre la "cohesión de la comunidad".
En toda la ciudad, según el informe Jay de 2014, se presionaba a la gente para que "reprimiera, callara o encubriera" los abusos, y un ex alto cargo comentó que la gente "no quería que [Rotherham] se convirtiera en la capital del abuso infantil del norte. No querían disturbios".
Parte del problema parece ser el resultado de la colisión entre la política y la etnia. La policía entrevistó, como parte del informe Casey, a dos concejales de ascendencia asiática en particular que, en su opinión, "se oponían" a los debates sobre los abusos, incluso cuando se mencionaban familias concretas como motivo de preocupación, argumentando que "causaría mucha tensión en la comunidad si se les señalaba específicamente". Se alegó que otros concejales permitían que esto sucediera porque "se les consideraba expertos en cuestiones relacionadas con la herencia pakistaní".
De hecho, existía "la sensación de que eran los concejales de herencia pakistaní los únicos que 'trataban' con esa comunidad".
La preocupación por la raza, ya fuera real o utilizada cínicamente para suprimir la cuestión, dio lugar a absurdos. Un trabajador social afirmó que tenían que hablar de "hombres de una determinada etnia, dedicados a una ocupación concreta", y un testigo del informe Casey afirmó que la "prioridad número uno del ayuntamiento era preservar y mejorar la comunidad [de ascendencia pakistaní]... era difícil levantarse en una reunión y decir que los autores eran de la comunidad de ascendencia pakistaní y que utilizaban el sistema de taxis, aunque todo el mundo lo sabía".
Ya en 2010, un informe de la Junta de Salvaguarda de la Infancia de Rotherham concluyó que el grooming tenía "características culturales... que son localmente sensibles en términos de diversidad", con "potencial para poner en peligro la armonía de las relaciones comunitarias". El resultado: Se tuvo "mucho cuidado2 en redactar un informe "para garantizar que sus conclusiones abarcan las cualidades de diversidad de Rotherham. Es imperativo que se eviten sugerencias más amplias de un problema cultural".
Luego, en 2016, se informó que una víctima de grooming en Rotherham había alegado que fue violada por un concejal de la ciudad, acusaciones que él negó. Sean cuales sean las razones de la reticencia oficial, los inspectores concluyeron que el ayuntamiento hizo todo lo posible para "encubrir información y silenciar a los denunciantes". En palabras de los testigos: "Si quieres conservar tu puesto, agacha la cabeza y cierra la boca".
Los testigos declararon en las investigaciones que los concejales de herencia pakistaní tenían "una influencia desproporcionada en el consejo", y en un caso los agentes de policía afirmaron que un concejal había "influido en nuestras operaciones". En una ocasión, un taxista local presuntamente organizó la entrega de una niña maltratada por su agresor (un pariente suyo) a un agente de policía sin que fuera procesado. Más tarde se convertiría en concejal laborista.
El agente de policía implicado en la entrega (Hassan Ali) sería posteriormente investigado por no examinar las denuncias de explotación, al alegarse que era llamado regularmente por un agresor desde una cabina telefónica pública. Sin embargo, el día en que se le comunicó que estaba siendo investigado, murió atropellado por un coche. El conductor fue declarado inocente de causar la muerte por conducción peligrosa.
Fallos policiales
Los fallos de la policía de South Yorkshire fueron mucho más allá de Hassan Ali. En una ocasión, un agente de alto rango dijo al padre de una víctima que la ciudad "estallaría" si se hacían públicos los abusos habituales a niñas blancas por hombres de ascendencia paquistaní. En otra ocasión, un agente afirmó que los abusos "se venían produciendo" desde hacía 30 años, y añadió que "al tratarse de asiáticos, no podemos permitirnos que esto salga a la luz".
Angie Heal, ex investigadora policial, cree que la preocupación por el origen étnico no es la única razón de la inacción. La policía de Rotherham no había abordado el problema de los presuntos delincuentes de la comunidad asiática implicados en delitos de captación de menores y drogas. Esto era difícil de explicar: "Si era una relación demasiado estrecha y malsana con el ayuntamiento, si estaban protegiendo sus propios intereses, sus propias posiciones...".
Es cierto que una víctima alegó que un agente de policía había comprado esteroides a un conocido maltratador, y que el agente había insinuado a la víctima mientras estaba en una celda que cuidarían de ella porque sabían que era la "chica" del maltratador. Como el agente en cuestión había dimitido de la policía, no se le pudo obligar a asistir a una vista por mala conducta. En otro caso, una víctima describió cómo se encontraba en un coche con un agresor cuando fueron parados por un agente de policía asiático que habló con el agresor en un idioma que no era el inglés pero no intentó impedir que condujera con una menor de edad. Más tarde, las autoridades no pudieron identificar al agente.
Sea cual sea la explicación, la inacción provocó resultados terribles. En toda la ciudad, las crías fueron "rociadas con gasolina y amenazadas con prenderles fuego", "amenazadas con pistolas", "presenciaron violaciones brutalmente violentas y fueron amenazadas con que serían la próxima víctima si se lo contaban a alguien. Niñas de tan sólo 11 años fueron violadas por un gran número de agresores varones, uno tras otro". Sin embargo, en al menos dos casos, cuando los padres localizaron a sus hijas e intentaron rescatarlas, la policía detuvo a los padres.
En el caso de "Paula", que había sido remitida a Risky Business a los 14 años, se produjeron hechos similares. Su caso se había discutido repetidamente con la policía y los servicios sociales; los taxistas le suministraban drogas y la llevaban desde Rotherham hasta Birmingham. Mientras se intensificaban la captación y los abusos, las autoridades no hacían nada. Finalmente, su padre se enfrentó a uno de los hombres con los que "andaba por ahí": "Voy a disparar y tengo una escopeta. Si sigues con mi hija, la usaré contigo". Finalmente, los policías actuaron y reprendieron severamente al padre.
Una y otra vez, las víctimas y posibles víctimas se enfrentaban a todo el peso de la atención policial, mientras que los posibles agresores eran protegidos. Cuando se encontró a una niña de 13 años a las 3 de la madrugada, borracha en una casa abandonada con un grupo numeroso de hombres, con "la ropa desarreglada", fue detenida por un delito de orden público, encarcelada, procesada y condenada por un tribunal de menores. Los hombres salieron libres.
Jayne Senior informa del caso de dos chicas que fueron agredidas físicamente y requirieron tratamiento hospitalario. Los policías que atendieron su caso no detuvieron a los agresores, pero hicieron un seguimiento de la denuncia de los agresores de que las chicas habían utilizado lenguaje racista. Posteriormente, los mismos hombres irrumpieron presuntamente en una casa para amenazar a una niña de siete años cuya hermana podría haber "delatado".
A un padre preocupado por la desaparición de su hija, la policía le dijo que un "novio asiático mayor" era un "accesorio de moda" para las chicas de la ciudad. Al padre de una víctima de violación de 15 años le dijeron que la agresión podría significar que "aprendería la lección". El suplicio había sido tan brutal que tuvo que ser operada.
La protección de los delincuentes puede haber ido aún más lejos. En al menos un caso, cuando una víctima se atrevió a ir a la policía, su agresor parece haber sido avisado. Mientras estaba en comisaría, una niña recibió un mensaje de texto de su agresor en el que le informaba que estaba con su hermana de 11 años, y que ahora era "tu decisión...". La niña decidió no seguir adelante con la denuncia.
Intimidación de testigos
Las crías se enfrentaron a amenazas de muerte ante las que la policía reaccionó con desidia, aconsejando a la gente que apagara sus teléfonos. Se desatendieron las denuncias. Se confiaba en las niñas aterrorizadas por sus agresores para construir casos que a menudo no prosperaban; el hecho de que la fiscalía no enjuiciara un caso en Rochdale en 2009, al no considerar a las niñas testigos creíbles, había tenido un efecto escalofriante.
Incluso cuando se disponía de información, la policía no estaba dispuesta a utilizarla. Tras la Operación Central, puesta en marcha en 2008 por la policía de South Yorkshire para investigar denuncias de abusos, y que dio lugar a cinco condenas, los agentes habían identificado a 80 sospechosos. Sin embargo, más tarde no hicieron un seguimiento de los que aún no habían sido condenados.
Esta actitud prevalecía en la ciudad. Un miembro del consejo describió el procesamiento de los abusadores como "la guinda del pastel", y el Comité de Asuntos Internos descubrió posteriormente que el hecho de que "altos funcionarios del consejo" consideraran "el procesamiento de los agresores sexuales de menores" de "importancia secundaria" bien podría explicar en parte "por qué se han llevado a cabo tan pocos procesamientos en Rotherham".
Otra explicación era que los procesamientos exigían que las niñas hablaran. Los testigos que lo hacían se enfrentaban a graves amenazas contra su seguridad. Jayne Senior escribe sobre el caso de "Katrin", que había decidido acudir a la policía. Su hermano fue agredido en la calle por desconocidos, los agresores llamaron a su casa para preguntar por su hermana pequeña y, cuando prestó declaración, un agente le advirtió que en el juicio los hombres que la habían agredido "estarían todos allí, observándote cuando declarases. Sabrán exactamente quién ha hablado de ellos a la policía". "Katrin" no siguió adelante con el caso.
En un caso, los agresores abusaron de una niña desde los 12 años. Cuando cumplió 13, fue agredida sexualmente, comenzando un periodo en el que fue "violada cada semana de forma regular", y "vendida" por su agresor "a sus amigos y a sus hermanos", que la tachaban de "escoria blanca". Según sus palabras en 2016, el patrón de sus abusos era que las víctimas eran "siempre chicas blancas".
Cuando su agresor la golpeó e "intentó prenderle fuego en la cara", la chica le dijo que se lo contaría a alguien. El resultado fue que envió "a dos hombres a mi casa para que vinieran a secuestrarme", que se asustaron cuando los vecinos llamaron a la policía sospechando que se trataba de un robo.
La madre de la niña se puso en contacto con la policía. Cuando llegaron los agentes, le dijeron que estaba "metida con gente muy peligrosa", y se llevaron la ropa con la que había sido violada como prueba. Posteriormente informaron que la habían perdido.
A pesar de haber reconocido a los agresores de la niña como "peligrosos", y de saber que estaban en libertad bajo fianza por agredir a un testigo en otro caso, la policía "no pudo ofrecerle protección alguna".
La policía no fue la única institución que falló a esta víctima. El agente de protección de menores de la niña le dijo que "si te sirve de consuelo, no eres la primera niña de la que han abusado y han violado, y definitivamente no la última". Cuando se informó a una trabajadora social de que los agresores afirmaban que la niña les debía 500 libras y que iban a "secuestrarla", la trabajadora social aconsejó a sus padres que se reunieran con los hombres y les pagaran.
Se denunciaron los abusos a los trabajadores sociales, al ayuntamiento, al Servicio Nacional de Salud, al diputado local, que escribió a la policía, y al entonces ministro del Interior, David Blunkett, que no respondió. Finalmente, la familia se trasladó al extranjero para intentar escapar.
Pruebas desaparecidas
Los testigos no fueron los únicos que sufrieron intimidación. Los investigadores que indagaron en los abusos sufrieron curiosos contratiempos.
Jayne Senior ha denunciado que un investigador del Ministerio del Interior que trabajaba en la cartografía de las bandas de la ciudad en 2002 sufrió una redada en su oficina. Desaparecieron estudios de casos, archivos e información; se borraron documentos informáticos protegidos por contraseña y se crearon documentos que demostraban que el investigador había aceptado límites en su trabajo.
Para acceder a la sala, explica Senior, el autor tendría que haber entrado en el edificio, desactivar una alarma, entrar por una puerta de seguridad cerrada, abrir la puerta de la parte correcta del edificio, abrir la puerta de la sala, abrir el escritorio y encontrar la llave del archivador. No había señales de que hubieran forzado la entrada y se sugirió que no era necesario informar a la policía.
En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos de Interior, la investigadora declaró que dos agentes de policía "me hicieron temer por mi seguridad personal"; la pararon en su coche y la interrogaron exhaustivamente sobre la ITV, los impuestos, el seguro y las luces de freno, hasta el punto de que preguntó al agente: "¿me está advirtiendo o me está amenazando?"
El agente supuestamente respondió: "Lo dejo a su imaginación, pero no quiero volver a verla por aquí".
En una segunda conversación, un agente de policía supuestamente le dijo "¿no sería una pena que estos hombres descubrieran dónde vives?".
En otro incidente ocurrido en 2011, unos 21 ordenadores portátiles fueron robados de una propiedad municipal. No hubo indicios de robo, ni investigación, ni se informó a la Oficina del Comisionado de Información. Estos portátiles contenían hasta el 50 por ciento de los datos de menores que el ayuntamiento tenía en ese momento. El informante que denunció el robo fue posteriormente despedido.
Cuando Jayne Senior y un antiguo analista de la policía presentaron una denuncia sobre la falta de protección de las menores por parte de los altos mandos de la policía de South Yorkshire, la Oficina Independiente de Conducta Policial les dijo que serían "consideradas... vejatorias" y que, en consecuencia, podrían "ser condenadas a dos años de prisión". Insistieron, y su denuncia fue finalmente admitida a trámite.
La vergüenza de una comunidad
En opinión de una de las víctimas, el ayuntamiento no quería ocuparse de las bandas de captación de menores por si descubrían "la magnitud" del problema. Este temor, y los temores sobre las tensiones en la comunidad, no eran infundados.
Los delitos no sólo se concentraban en la comunidad de ascendencia pakistaní, sino que sus pautas eran también inusuales, con redes familiares en el núcleo de las bandas.
En palabras de Andrew Norfolk, periodista del Times, ante la Comisión de Asuntos de Interior, tenía que haber "algo" subyacente a la pauta delictiva, ya que "a menudo" se trataba de una "actividad de grupo normalizada, no entre una banda criminal importante, sino entre amigos, compañeros de trabajo y familiares", a diferencia de las pautas de delincuente solitario basadas en el miedo a ser denunciado observadas en otros lugares.
Por incómodo que pueda resultar a muchos, el vínculo entre comunidad y asunto es difícil de negar. No se trata sólo del patrón racializado de los delitos, con hombres de ascendencia predominantemente paquistaní que agreden a niñas predominantemente blancas, o del lenguaje utilizado al hacerlo, golpeando a niñas a las que llamaban "escoria blanca" o "c*** blanco", o justificando su comportamiento porque sus víctimas no eran musulmanas. Se trata de la magnitud del delito y del grado en que había arraigado en la comunidad.
Como señaló el Sr. Norfolk, aunque muchos de los jóvenes con los que había hablado estaban consternados por los hechos y "asqueados" por los delincuentes, "jamás se les habría ocurrido acudir a la policía por ello, porque uno no se vuelve contra su propia comunidad". Alyas Karmani, codirector de la organización benéfica Street, también afirmó que "muchos" miembros de la comunidad "no lo reconocerían como un problema que debieran abordar, sino como un problema de la sociedad".
Como dijo en 2012 el fiscal jefe de la Corona para el Noroeste, Nazir Afzal, "el bagaje cultural y el estatus de la mujer entre algunos hombres de estas comunidades contribuye a su falta de respeto por los derechos de las mujeres... el grooming es un problema particular en las comunidades asiáticas".
En 2018, la investigación de la Agencia Nacional contra el Crimen sobre el escándalo había identificado a 110 sospechosos, de los cuales el 80% eran de ascendencia pakistaní. En 2022, más de 200 personas habían sido detenidas como sospechosas. Si se mantuviera la misma cifra del 80%, eso significaría que 160 de los 200 sospechosos eran de ascendencia pakistaní.
En el censo de 2011, solo el 3% de la población de Rotherham, de 257.280 habitantes, era de ascendencia pakistaní, con 2.529 hombres de ascendencia pakistaní mayores de 15 años. Por tanto, 160 sospechosos significarían que más de uno de cada 16 hombres de ascendencia pakistaní que habían vivido en Rotherham en 2011 había sido detenido en el marco de la investigación sobre abusos a menores.
Estas cifras hacen difícil hablar del fenómeno. Es fácil entender por qué las autoridades estaban tan preocupadas; una amplia franja de la comunidad minoritaria de la ciudad se había unido para atacar a las hijas de la mayoría. Pero al enterrar la historia en lugar de atacarla de frente, la policía y el ayuntamiento permitieron este patrón de delincuencia.
Puede que estas cifras sigan siendo una subestimación; se cree que una niña sola fue víctima de abusos por "al menos 100 hombres asiáticos" antes de cumplir los 16 años, mientras que su madre encontró en el teléfono de Sarah Wilson 177 números de hombres asiáticos adultos.
Asuntos pendientes
Cuando mucha gente piensa en Rotherham, ahora piensa en niñas. El intento de la ciudad de rebautizarse este año como "capital cultural de la infancia" no es el motivo.
El escándalo que se desató en la ciudad no ha terminado. Ningún policía ni funcionario ha sido encarcelado por su mala conducta. Las investigaciones sobre 265 denuncias contra 47 policías de la ciudad dieron como resultado que ocho tenían que responder por mala conducta y seis por falta grave. De esos 14, sólo cinco han sido objeto de sanciones, que van desde medidas de gestión hasta un último apercibimiento por escrito. Ninguno fue despedido ni encarcelado.
No se ha hecho justicia y no se han aprendido las lecciones. Como dijo un agente de policía: "Si alguien hubiera tenido las agallas de levantarse y decir 'me da igual de qué color seas, es una niña'", el escándalo podría haberse evitado. No fue así.
Aún quedan preguntas por responder. Los informes Jay y Casey hicieron un excelente trabajo al destapar lo que ocurrió en esta ciudad. Sin embargo, todavía hay preguntas sobre las acciones de los individuos que una investigación con la capacidad de obligar a los testigos a declarar puede ser capaz de profundizar.
Como señala en particular el informe Jay, los abusos en Rotherham no se limitaban a la ciudad. Por el contrario, se traficaba con niñas de Rotherham a otras ciudades. Algunas de estas ciudades, como Bradford, se resisten a la idea de nuevos informes. Y hasta que no se desvelen por completo los vínculos entre las ciudades y los autores, no podremos decir que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para poner fin a este escándalo, o para detener lo que podría estar ocurriendo ahora.
Por muy incómodo que resulte en Westminster, Rotherham debe ser revisado.
Comentario: Las pruebas apuntan a que los abusos fueron tolerados y repetidamente encubiertos por las autoridades británicas. En SOTT hemos sacado el tema de los psicópatas en el poder una y otra vez. Cuando los psicópatas están en posiciones de poder, tienden a promover y proteger comportamientos que coinciden con sus propias predilecciones pervertidas. Esta historia es un buen ejemplo.