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En una medida escandalosa que pisotea los derechos humanos fundamentales, Singapur ha enmendado su Ley de Enfermedades Infecciosas (IDA) para obligar a sus ciudadanos a someterse a procedimientos médicos bajo amenaza de cárcel. Las enmiendas, promulgadas en 2023 y 2024, otorgan al Director General de Salud un poder sin control para imponer vacunas -incluso en ausencia de un brote activo-, al tiempo que despojan a los ciudadanos de las protecciones legales contra las extralimitaciones del gobierno.
En virtud de los artículos 47, 65 y 67 de la IDA, los singapurenses que se nieguen a recibir las vacunas ordenadas por el gobierno pueden ser multados con hasta 10.000 (SGD) o encarcelados durante seis meses por un primer «delito».
Los reincidentes se enfrentan al doble de penas, con multas de hasta 20.000 y un año entre rejas. Peor aún, la Sección 67 exime a los funcionarios públicos de toda responsabilidad, lo que significa que los ciudadanos perjudicados por intervenciones médicas forzosas no tienen ningún recurso legal.
Un ataque directo a la libertad médica y al consentimiento informado
Las enmiendas representan una flagrante violación del Código de Nuremberg, que estableció el principio del consentimiento voluntario e informado tras las atrocidades de los experimentos médicos nazis. El gobierno de Singapur ejerce ahora el poder de imponer tratamientos médicos a su población sin rendir cuentas, haciéndose eco de los capítulos más oscuros de la tiranía médica.
El Dr. Smith, firme detractor de las políticas de vacunación forzosa, condenó la ley: «El actual trato desigual campa a sus anchas por esta nación, extendiéndose como un reguero de pólvora. Exige a cambio de seguridad laboral y participación en la sociedad la inyección de tratamientos médicos que carecen tanto de la aprobación de la FDA como de recursos legales cuando se producen efectos secundarios perjudiciales. Esto es draconiano en el mejor de los casos y criminal en el peor».
El Partido del Poder Popular (PPP) de Singapur también ha hecho saltar las alarmas. El político del PPP Derrick Sim, experto en biotecnología y fabricación de vacunas, denunció la ley en un mensaje publicado el 14 de abril en Facebook: «Los artículos 47, 65 y 67 de la Ley de Enfermedades Infecciosas fueron modificados y están en vigor desde 2023. Si decides no vacunarte durante la próxima pandemia, se considerará que cometes un delito. Se te criminalizará. La pena por primer delito es de 6 meses de prisión o hasta 10.000 dólares de multa, o ambas cosas. ¿Apoyas esta ridícula ley?»
Disposiciones alarmantes que destacan las amenazas a la autonomía corporal, el debido proceso y las libertades civiles
1. Vacunación Forzosa bajo Amenaza de Cárcel y Multas
Cumplimiento Obligatorio: La ley otorga al Director General de Sanidad autoridad sin control para ordenar a cualquier persona o clase de personas que se sometan a vacunación o tratamiento médico durante un brote (o incluso un presunto brote).
No hay Derecho al Rechazo: Aunque la ley afirma que los profesionales sanitarios deben «explicar» el tratamiento, se trata de una formalidad vacía: se permite explícitamente el uso de la fuerza si el individuo no accede.
Medidas Punitivas: El incumplimiento se castiga con multas de hasta 10.000 (primera infracción) ó 20.000 (reincidencia) y prisión de 6 a 12 meses.
2. Aplicación Vaga y Arbitraria
No existe una Definición Clara de «Propagación Imprudente»: La ley establece que la propagación imprudente de una enfermedad de declaración obligatoria (por ejemplo, negarse a vacunarse) puede ser castigada con cadena perpetua en virtud del artículo 317 del Código Penal. Sin embargo, no define qué constituye un comportamiento «imprudente», lo que deja margen para el abuso y la persecución política.
El «Brote Inminente» Justifica la Coerción: El Director General puede ordenar intervenciones médicas forzosas basándose en la creencia subjetiva de que un brote es «inminente», sin necesidad de pruebas concretas.
3. Falta de Responsabilidad de las Autoridades
Inmunidad Legal para los Ejecutores: La Sección 67 protege a los funcionarios del gobierno (incluidos la policía y los funcionarios de salud) de cualquier responsabilidad personal, incluso si actúan ilegalmente, siempre y cuando afirmen estar actuando de «buena fe». Esto crea una licencia para el abuso sin consecuencias.
El Tribunal de Magistrados Elude el Debido Proceso: Los delitos contemplados en esta ley pueden ser juzgados en un Tribunal de Magistrados, que puede imponer penas máximas sin las garantías legales estándar, acelerando efectivamente los castigos.
4. Tiranía Médica y Pérdida de Autonomía Corporal
No hay Exenciones por Conciencia o Religión: La ley no parece reconocer las objeciones médicas, religiosas o de conciencia, tratando la negativa como un acto criminal.
«Otras Profilaxis» Abre la Puerta a Mandatos Más Amplios: El vago término «otras profilaxis» podría interpretarse en el sentido de incluir fármacos experimentales, cuarentena forzosa u otras medidas invasivas más allá de las vacunas.
Un precedente peligroso
La ley de Singapur sienta un precedente escalofriante para los gobiernos de todo el mundo. Si un país puede encarcelar a ciudadanos por negarse a someterse a procedimientos médicos, ¿qué impide que otros regímenes sigan su ejemplo? La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya está impulsando un tratado mundial sobre pandemias que podría imponer mandatos similares a escala internacional, erosionando la soberanía médica en todo el mundo.
La historia ha demostrado que las intervenciones médicas forzadas nunca acaban bien. Desde los experimentos de la Alemania nazi hasta las pruebas poco éticas de sífilis de Tuskegee, los gobiernos que anulan la autonomía corporal siempre afirman que es por un bien mayor, hasta que se descubre la verdad de sus crímenes.
¿Permanecerá impasible el mundo mientras Singapur encarcela a sus propios ciudadanos por rechazar vacunas nocivas e ineficaces?
Fuentes:
LifesiteNews.com
SSO.AGC.gov
SSO.AGC.gov
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