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Los manifestantes que desde hace 17 días gritan contra Hosni Mubarak han despertado a millones de trabajadores egipcios, cuyos salarios irrisorios les hunden cada año más en la miseria. La declaración de huelga de los 600 obreros de una empresa de mantenimiento del canal de Suez desató todas las alarmas el martes. El mundo no puede permitirse el cierre de esta importante vía marítima y el régimen egipcio lo sabe, de ahí que de inmediato anunció que el tránsito del canal no había sufrido alteración alguna. Pero tras esa huelga se han declarado muchas más ahogando una economía que ya ha perdido uno de sus mayores recursos: el turismo.

"Esto es un problema puramente económico. Queremos un aumento de sueldo igual que el 15% aplicado a los funcionarios", declaraba un trabajador a las puertas de una empresa, protegidas por tanques. Los carros de combate también cortan la avenida principal de acceso al canal y tanto los camiones, como los coches o las bicicletas tienen que dar un rodeo. El temor a un sabotaje de esta vía por la que a diario cruzan del Mediterráneo al mar Rojo, y viceversa, entre 45 y 50 barcos, es evidente. El canal aportó a las exhaustas arcas egipcias 4.700 millones de dólares en 2009, lo que equivale al 2,5% del PIB egipcio. Además, desde el punto de vista internacional tiene un gran valor estratégico, no solo porque facilita la comunicación entre Europa y Asia -el 8% del comercio mundial usa esta vía-, sino también porque por el canal transcurre un oleoducto que transporta a diario 1,1 millones de barriles de petróleo, lo que equivale al 1,3% de la producción mundial.

El Gobierno, acosado por los manifestantes, trató de ganarse a los millones de funcionarios con una subida de salarios y pensiones. La medida no ha servido más que para enconar la revuelta. En Suez, cientos de personas se agolpaban ante el Ayuntamiento de la ciudad, que, para tratar de calmar los encendidos ánimos de la población, anunció el miércoles que se admitían nuevas solicitudes de empleo. El pasado 28 de enero, los manifestantes quemaron la comisaria, varios comercios, un concesionario de coches y dos restaurantes del barrio de El Arbain, en el centro de Suez.

"Se acabó la casa de la represión. Ahora es del pueblo, antes estaba llena de asesinos", comentaba Alá, un lechero de 32 años, una de las muchas personas que recorría y hacía fotos de los restos quemados de la comisaría. A su lado, Ibrahim Ramadan gritaba: "Yo quiero trabajo. Quiero un país que emplee a sus gentes y no las detenga para sacarle dinero como hasta ahora hacía la policía".

La llama de la protesta social prendió también en el sector textil, uno de los pilares de la exportación egipcia y uno de los que más explota a sus operarios. El personal de la mayor empresa pública textil del país, Misr (24.000 empleados), en Mahalá al Kubra, en el delta del Nilo, inició ayer una huelga indefinida.

El aumento del precio de los productos básicos ha castigado enormemente a la mayoría de los 80 millones de egipcios, de los que el 40% vive con menos de un euro al día. Pese a que la economía ha crecido a una media del 5% anual en la última década, solo una minoría se ha beneficiado, el resto ha visto cómo se deterioraba su nivel de vida. "Es indignante que tengamos que correr de un trabajo a otro para poder vivir", señala la enfermera Nesma, que tiene tres empleos: uno público y dos privados.

La unión entre la incapacidad de llegar a fin de mes y la impunidad con que actuaba la policía, en especial la secreta, cuyos sueldos también paupérrimos se nutrían con la rampante corrupción, formó el cóctel explosivo que le estalló a Mubarak bajo los pies. Su predecesor, Anuar el Sadat, tuvo que hacer frente a un levantamiento semejante, denominado la revuelta del pan, en 1977, pero no contó ni con el agotamiento de los 30 años de la dictadura de Mubarak ni con la concienciación de las redes sociales.

En Alejandría, donde la policía mató en junio pasado al bloguero Jaled Said -lo que desató todo un movimiento de solidaridad, germen de la actual protesta-, decenas de miles de funcionarios de la enseñanza y de la sanidad se declararon también en huelga. La protesta social ha prendido en un país cuyo 70% de la población tiene menos de 30 años y accede a un mercado de trabajo colapsado.