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El despido de una prominente periodista de una radiodifusora generó un debate sobre la libertad de expresión en México y acusaciones de que el gobierno aún mantiene control sobre los medios de comunicación.

Carmen Aristegui dijo el pasado miércoles que la despidieron por negarse a disculparse por sus comentarios emitidos en referencia al señalamiento de un legislador sobre un presunto alcoholismo del presidente Felipe Calderón, indicó AP.

Aristegui consideró que la acusación era grave y que Calderón debería responder al cuestionamiento, aunque el legislador no presentó evidencia.

Algunos funcionarios de la Presidencia habían dicho que tales rumores no merecen una respuesta, pero el secretario particular de Calderón, Roberto Gil, defendió al mandatario en una breve conferencia de prensa. Gil dijo que, el año pasado, Calderón asistió a 1.779 actos públicos, más o menos siete al día.

La empresa MVS anunció el cese de Aristegui bajo el argumento de haber "transgredido" el código ético al dar "por válida una presunción" y negarse a ofrecer una disculpa pública como le solicitó la propia compañía televisora.

"Un hecho así sólo es imaginable en las dictaduras que nadie quiere para México: castigar por opinar o cuestionar a los gobernantes", dijo en conferencia de prensa la periodista, quien también conduce un programa nocturno en CNN en Español.

Algunos periodistas dicen que la libertad de expresión es complicada porque la publicidad que compra el gobierno es una fuente importante de ingresos para muchas publicaciones.