Las fuerzas de seguridad de Bahréin instalaron retenes el domingo y salieron a patrullar las calles luego que grupos de oposición llamaron en sitios de internet a grandes protestas contra el gobierno, que serían las primeras en el Golfo Pérsico desde la revuelta egipcia.
Imagen
© APUn hombre no identificado es cargado hacia un vehículo que lo lleve a un hospital...
El amplio operativo de seguridad parecía dirigido hacia la mayoría chií del reino, que encabezaba los llamados a protestar el lunes y era una muestra de la creciente preocupación del régimen suní, que ya repartió dinero en efectivo y prometió reformas a los medios de comunicación en un intento de calmar el descontento.

Un importante activista por los derechos humanos predijo que habrá "caos y derramamiento de sangre" si el gobierno intenta reprimir las manifestaciones.

El diminuto reino de Bahréin es uno de los estados más inestables del Golfo y tiene alta importancia estratégica para Estados Unidos, ya que alberga a su Quinta Flota. La comunidad chií, casi 70% de la población, hace tiempo denuncia una discriminación sistemática de la dinastía gobernante suní, que el año pasado desató disturbios y enfrentamientos al detener a activistas disidentes.

Varios grupos chiíes y otros de oposición convocaron a manifestarse el lunes, una fecha simbólica: el aniversario de la constitución de 2002 que introdujo algunas reformas democráticas, incluido un parlamento con legisladores electos.

Las fuerzas de seguridad armaron retenes alrededor de las poblaciones chiíes y en la capital, Manama, para vigilar cualquier movimiento. También había agentes que patrullaban centros comerciales y otros lugares, en una clara advertencia del régimen contra las protestas. Estas han sido centro de convocatorias en redes sociales y mensajes de texto desde hace más de una semana.

La semana pasada, el rey Hamad bin Isa Al Khalifa otorgó a cada familia unos 2.700 dólares y el domingo autoridades de comunicación dialogaban con los medios para redactar nuevas reglas que reduzcan el control estatal de sus actividades.