Pues ya parece claro. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones, se vacía el próximo año. Según ha reconocido el propio gobierno no habrá dinero pagar la paga extra a los jubilados en la Navidad de 2017.
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¿Por qué se ha quedado sin fondos? Para empezar por la constante destrucción de empleo bajo los últimos gobiernos, que ha disminuido los ingresos a la Seguridad Social, y las bajadas de los sueldos que, lógicamente, suponen menores cotizaciones. A todo ello hay que añadir los constantes hachazos que se han ido dando a la hucha. De casi 70.000 millones de euros en 2011 ha pasado a 25.176 millones de euros, y parte de ese dinero ha ido al bolsillo de los empresarios bajo el formato de "incentivar contrataciones".

También hay que reconocer al gobierno que ha tenido algún mérito para sanear las cuentas de las pensiones: Ha frenado la esperanza de vida de los españoles, lo cual es muy útil a efectos de eliminar pensiones por la vía de borrar jubilados del mundo de los vivos. También ha obligado a los jubilados a pagar por sus medicinas, así con una mano les daba la pensión y con la otra se la quitaba. Y ha eliminado las ayudas a la dependencia, que esto también ayuda a limpiar el país de jubilados.

Las perspectivas todavía son mucho peores. El nuevo gobierno tendrá que recortar 5.500 millones de euros de los nuevos presupuestos que le pide Bruselas. Y como gobernarán los mismos recortarán sobre lo mismo.

Ante esto, la ministra en funciones ha tenido una gran idea: que trabajen los pensionistas. Es decir, que los pensionistas que trabajen puedan seguir cobrando su pensión. No suena feo, pero es que, traducido, es como decir que los pensionistas que quieran sobrevivir tengan que seguir trabajando porque no les llegará con la pensión.

Y, por último, está la cara oculta del asunto. La que muestra que el desmantelamiento de las pensiones públicas por parte de la derecha no es un error de gestión o de cálculo. Es la hoja de ruta de un proyecto económico que debe descarrilar cualquier gestión pública para, a continuación, decir que no funciona y promover la privatizaciones.
Juanjo Cuerda
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En este caso, los fondos privados de pensiones. Por un lado se funde el dinero disponible para pagar las pensiones públicas y establece un tope del 0,25% de revalorización respecto a la inflación, mejore lo que mejore la economía. Y, por otro, sigue con sus desgravaciones a los fondos de pensiones privados.

No debería extrañarnos en los políticos neoliberales, esos que dicen que el Estado no debe intervenir, que siempre es ruinoso, que el mercado gestiona mejor. No tendría sentido que gestionando lo público ellos se desautorizaran y consiguieran un servicio o una prestación pública viable o decente.

Es como poner a un vegano de jefe de cocina de un asador de cochinillo en Segovia. O a Ghandi a fabricar misiles tierra-aire para la OTAN. La derecha debe destrozar todo lo público para mostrarnos que tenía razón y llevarnos al mercado de sus amigos.

Si gobernase otra forma de ver la economía podría suceder como en Bolivia. Allí las pensiones estaban controladas por el banco español BBVA y el grupo suizo Zúrich Financial. El presidente Evo Morales nacionalizó los fondos de pensiones de esos bancos y descubrió que podía bajar la edad de jubilación de los 65 años a los 58. Es decir, los pensionistas estaban trabajando siete años de su vida para los accionistas y directivos de los bancos. Pero eso no te lo van a contar los grandes medios de prensa españoles, que sobreviven gracias al dinero de los bancos que gestionan los fondos privados de pensiones.