© DesconocidoImagen del último sueño de Mauricio Macri (extraído del archivo de su psicoanalista)
Pero lo que debió haber sido un acontecimiento tranquilo y una muestra de que en Argentina se vive en un estado democrático donde se respeta el derecho a la disidencia y la libertad de expresión, se transformó en una demostración inequívoca de que este país se está rápidamente transformando en un estado policial donde la sociedad es concebida en términos binarios: estas a favor o estás en contra... y si estás en contra te callas o te callamos.
Al rededor de las 20:15, cuando los maestros ya tenían armada buena parte de la estructura, irrumpió la policía y avanzó sobre ellos arrojando gas pimienta y repartiendo palos a diestra y siniestra, ejerciendo una violencia sin justificación, provocando heridos y finalmente deteniendo a 4 docentes.
Según declaraciones del jefe de policía de la Comisaría Sexta fue el mismísimo Presidente de la Nación el que le dio la orden de impedir que se instalara la escuela. Sí, leyó bien, el benemérito señor presidente ordenó reprimir brutalmente a un grupo de personas que no representaban una amenaza y estaban haciendo uso de su derecho a expresar su desacuerdo con el gobierno.
Y no piense que se trata aquí de un reclamo arbitrario de una minoría disconforme o con agenda política, se trata de millones de docentes en todo el país que sólo pretenden que su salario no quede por debajo de los ingresos considerados mínimos para no ser pobre.
El gobierno no solamente debería escuchar su reclamo y abrir el diálogo por vocación democrática, sino que está obligado (suponiendo que Argentina es un estado de derecho todavía) a acatar el fallo judicial dictado este último viernes mediante el cual se insta al gobierno a convocar a paritarias nacionales según lo establece la ley y cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo dando lugar a destrabar de una buena vez el conflicto salarial.
La estrategia de Mauricio Macri y su Liga de la Injusticia para manejar este asunto ha sido exactamente la misma que durante los últimos 15 meses: no respetar la ley, acusar a cualquier voz disidente de tener una agenda política afín con el gobierno anterior, y recurrir a la violencia.
¡HIE MACRI!
Si usted cree que esto fue malo déjeme decirle que no fue lo peor. Al parecer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, estarán esta semana decidiendo la compra de armamento anti-disturbios. El interés puesto por el gobierno en la adquisición de estos dispositivos pone en clara evidencia que este tipo de procedimientos pretenden institucionalizarse como único método para contener a las cada vez más enfurecidas masas populares.
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También ambos funcionarios están evaluando la posibilidad de poner en marcha un entrenamiento especial de las fuerzas policiales para montar operativos al estilo de los que hoy realiza la policía alemana.
El lector debe saber además que las intenciones del gobierno también quedaron expuestas con la compra de armamento encargada al gobierno norteamericano que se conoció por una inesperada filtración hace un par de semanas y terminó con la "renuncia" del embajador argentino en EE.UU.. En este pedido, aparte de haber armamento pesado de guerra, había equipamiento para "seguridad interna". La solicitud incluía entre otras cosas unas 20 pistolas de electrochoque de 50.000 voltios conocidas como Taser, consideradas por Naciones Unidas como un "arma de tortura".
¿Hacia dónde se dirige Argentina?
La respuesta a esta pregunta, con el transcurrir de los días, parece tener una respuesta cada vez más clara: hacia un estado con los tres poderes democráticos en franco desequilibrio.
El congreso hasta el momento ha sido un ornamento democrático pero con escasa trascendencia desde un punto de vista político. Los primeros meses de gobierno, a pesar de que el Macrismo no tenía mayoría en las cámaras, prácticamente le votaron todas la barbaridades que sometió a su aprobación. Cuando finalmente ambas cámaras aprobaron una ley no deseada por el ejecutivo que, ante la acelerada crecida del desempleo, impedía el despido de empleados por 180 días, el ejecutivo sin dudarlo y con desdén la vetó.
El poder judicial por otro lado luce fragmentado. Están quienes se muestran claramente a favor del gobierno, los que se encuentran en contra, y los que sencillamente quieren hacer su trabajo. Los primeros no son en verdad un problema, harán sin dilema ético lo que el gobierno necesite. Para contener a los segundos el gobierno parece tener una estrategia bastante bien delineadas: se los imputa por alguna causa inventada que los sienta, aunque sea por un tiempo, en el banquillo de los acusados. Para los últimos Macri y su corte de funcionarios han desarrollado una maniobra sencilla pero algo rústica: simplemente ignoran sus fallos.
En definitiva en Argentina tenemos en la actualidad a un ejecutivo con fuertes rasgos autoritarios, que evidencia una creencia férrea en la posesión de una clara superioridad frente a la mayoría del pueblo, cerrado a cualquier forma de diálogo, partidario del uso de la violencia estatal para acallar a las voces disidentes, y con una singular predisposición a escalar el uso de la fuerza a límites inimaginables en Argentina desde la vuelta de la democracia en 1983.
¿Qué puede resultar de todo esto?... Bueno, no hay más que mirar qué ha pasado con otras naciones cuando un grupo de dementes con delirios de superioridad, ansias de poder, y propensión a la violencia, usurparon el poder: muerte, pobreza, miedo, y décadas de miseria residual tras su desaparición.
Todavía estamos a tiempo los argentinos de detener a estos criminales; las instituciones democráticas aún funcionan lo suficientemente bien como para permitir su salida temprana del poder. De nosotros depende...
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