La "guerra del opio" tiene sus víctimas y estas se cifran en 200.000. Son las personas que han perdido la vida en Estados Unidos (EE.UU.) en los últimos años tras llenar las compañías farmacéuticas las boticas de medicamentos hechos a base de opio. Hace un año, el Congreso aprobó una nueva ley que favorecía este nuevo mercado a las llamadas Big pharma.
opioide
© Desconocido
En el centro de la polémica está el nominado para ser el nuevo "zar" antidrogas del Gobierno de USA, el legislador republicano Tom Marino, al que el presidente Donald Trump iba a confiarle la dirección de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca.

Una investigación conjunta realizada por el diario The Washington Post y el programa 60 Minutes de la cadena CBS reveló, entre otras cosas, que Marino recibió casi 100.000 dólares de la industria farmacéutica mientras patrocinaba el proyecto de ley Ensuring Patient Access and Effective Drug Enforcement Act en el Congreso.

Esta ha debilitado la capacidad de la DEA, la agencia antinarcóticos de EE.UU., para perseguir a los fabricantes y distribuidores de opiáceos.

La ley era aparentemente tan inocua y bienintencionada que el Congreso la aprobó por unanimidad y Barack Obama la firmó poco después sin dilación ni objeciones. Fue en abril de 2016, en pleno apogeo de la epidemia de analgésicos opioides y heroína que ha desatado la mayor crisis de drogodependencia en la historia moderna de Estados Unidos, un drama con más de 200.000 muertos en los últimos 17 años.

Pero aquella norma supuestamente concebida para que los pacientes con dolores crónicos recibieran su medicación sin contratiempos tenía trampa. Su propósito no era otro que maniatar a la DEA en sus esfuerzos para perseguir a las distribuidoras sospechosas de abastecer a los médicos y farmacias sin escrúpulos que alimentan el mercado negro de pastillas opioides con el único fin de engordar sus cuentas bancarias.

Cada día, una media de 91 estadounidenses mueren por sobredosis de opiáceos, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del país (CDC, en inglés), un problema que se ha disparado desde comienzos de siglo y que está relacionado con el aumento en la venta con receta de analgésicos, que se ha cuadruplicado desde 1999.

Otras muchas están enganchadas a esos medicamentos.

Marino estaba considerado como el lobbista de las Big pharma (las grandes compañías farmacéuticas) en el Congreso de USA. La financiación que ha recibido de esas empresas ha sido fructífera pues consiguió que la citada ley fuese aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso.

Con razón en el mundo anglosajón a los medicamentos los llaman "drugs", drogas. El problema de corrupción que hay en USA con los opiáceos es tal que la estrategia de las autoridades hasta la aprobación de la ley "permisiva" era supervisar la distribución de grandes cargamentos de medicinas que consideraran que podían ser dirigidos al mercado negro.

Por ejemplo, farmacias que recibían cuatro o cinco veces más para atender a una población similar a otra que recibiera menos eran puestas bajo vigilancia y eventualmente demandadas si se determinaba que eran parte de una operación promovida por un médico de receta fácil.

La cadena Univisión ha publicado los fondos recibidos por congresistas que patrocinaron la Ensuring Patient Access and Effective Drug Enforcement Act por parte de Comités Políticos asociados a la industria en 2015-2016, según informes de la Comisión Federal Electoral.

Los políticos, cuyos nombres en España nos aportan poco pues no los conocemos, cobran cantidades que van desde los 289.081 dólares de un tal Marco Rubio, pasando por los 203.510 de Orin Hatch, los 162.685 de Marsha Blackburn, los 102.500 de George Holding o los 72.441 del citado Tom Marino.

Es corrupción, conflictos de interés que socavan la democracia. De acuerdo con los datos de The Washington Post, desde que hace una década la DEA empezó a combatir la industria de opioides, la industria farmacéutica o sus firmas legales han contratado a 46 exfuncionarios de la agencia por ser quienes conocen mejor las maneras de contrarrestar las estrategias gubernamentales que pueden afectar al sector. Lobby puro.

La "resistencia" al poder de las farmas empezó con unos cuantos estados cuyas áreas rurales han experimentado de manera dura el azote de la epidemia opioide. Su meta era hacer a las compañías farmacéuticas responsables mediante demandas. Pero ahora el movimiento se está ampliando y nuevos estados -así como ciudades y condados- están entablando demandas a raíz de la crisis opiácea a un ritmo rápido.

Alguien ha resumido con mucho acierto en qué consiste esa crisis. La política estadounidense ha sido esta:
si enganchas a 15 personas a consumir opioides, eres un mafioso que merece pudrirse en el infierno; si enganchas a 150.000 personas, entonces eres un genio de la mercadotecnia que merece un gran bono".