El Comité de Derechos del Niño denuncia que los recursos para combatir las consecuencias de la crisis económica en los niños han sido inadecuados y que esto ha llevado a un incremento de la pobreza y la exclusión.
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Como al estudiante remolón que acude al examen sin haber estudiado lo suficiente, el Gobierno español ha suspendido ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Es una lástima, se suele decir respecto de estos estudiantes, cuando tienen potencialidades suficientes para superar la prueba. Suele ser más un problema de voluntad, de ponerse a trabajar y de entender que todo ese esfuerzo redundará también en su futuro, y comprender que el asunto está o debe estar entre sus prioridades.

Esto, más o menos, es lo que se puede decir al Gobierno español una vez ha recibido del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas la semana pasada, las Observaciones finales a los Informes V y VI sobre la aplicación por parte del Estado español de la Convención sobre Derechos del Niño en nuestro país. El resultado ha sido necesita mejorar, o insuficiente. Como ustedes se sientan más cómodos.

El Comité realiza un examen periódico a los países que han ratificado la Convención de Derechos del Niño -la más ratificada del mundo- y que se comprometen a cumplir la Convención y a rendir cuentas sobre la misma ante dicho Comité. Dicha Convención recoge los derechos de todos los niños y niñas pero también señala y define las obligaciones y responsabilidades de padres y madres, docentes, profesionales de la salud, investigadores, los propios niños y niñas y los Estados, que son los garantes de que los derechos se cumplan.

Hay mucho campo de mejora, o lo que es lo mismo, mucho esfuerzo insuficiente, que sufre nuestra infancia en mayor o menor medida, pero en este artículo me detendré en aquellos que afectan de forma especial a los más vulnerables económicamente, esos 1 de cada 3 niños y niñas que viven bajo el umbral de la pobreza en nuestro país, alrededor de 2,5 millones de personas (pequeñas) que residen a lo largo y ancho de nuestro territorio. Niños que en Ayuda en Acción llamamos "candidatos a la pobreza".

El Comité ha señalado, en una de sus primeras observaciones, que los recursos para combatir las consecuencias de la crisis económica en la infancia vulnerable han sido inadecuados y que esto ha llevado a un incremento de la pobreza y la exclusión en España. Ocupamos el tercer puesto dentro de la Unión Europea en el ranking de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión, solo por detrás de Bulgaria y Rumanía.

Respecto a la pobreza, la infancia es el colectivo que está más desamparado ya que no puede hacer nada por sí mismo para luchar contra ella. En concreto, el Comité ha señalado que está "seriamente preocupado" por ello, y como decía mi profesora de inglés, cuando alguien en inglés te dice que está "seriamente preocupado" es que está pero que muy, muy preocupado.

La realidad es que la infancia vulnerable, la que más lo necesitaba, ha sido la más afectada por los recortes. La disminución de la inversión pública en servicios sociales, educación y salud ha golpeado severamente a las familias de estos niños y niñas, que han visto como algunos de sus derechos se han visto vulnerados; el derecho a una alimentación adecuada y saludable, el derecho al ocio, el derecho al bienestar (encender la calefacción en invierno, por ejemplo) o el derecho a una educación de calidad. Reclamos que encabezados por la Plataforma de Infancia, muchas organizaciones hemos denunciado durante estos años. En este sentido, venimos solicitando al Gobierno incrementar la prestación por hijo a cargo hasta los 100 euros al mes. En estos momentos, no alcanza los 25.

En este ámbito, lo grave no solo han sido los recortes, sino, como señala el Comité al Gobierno, la ausencia de análisis de impacto a la hora de llevar a cabo los recortes; la Convención conmina a los Estados a realizar análisis del impacto en los niños y niñas cuando se recorten recursos públicos. Viene a decir, "puedes recortar si lo necesitas, y nadie duda que se necesitará, pero protege siempre a los más vulnerables, la infancia".

Se señala también la necesidad de poner a disposición de las familias con infancia en riesgo de pobreza y exclusión, procedimientos más sencillos para las ayudas. Nos referimos a colectivos que pueden tener mayores dificultades, como familias migrantes con poco conocimiento de la lengua o aquellas con menor formación para hacer frente a los formularios administrativos, muchos de ellos online -no todo el mundo tiene acceso a conexión, especialmente en el ámbito rural.

El otro aspecto que queremos señalar y en donde el Gobierno debe, igualmente, mejorar según el examen del Comité, es la inversión en educación. Recientemente, ya lo señaló el informe "La sombra de la inversión educativa en España", que hace visible que la gratuidad de la educación en nuestro país no es real y que la falta de apoyos a nivel institucional afecta más a las familias más desfavorecidas. Por recalcar un dato, las familias tuvieron que invertir un 34% más en la educación de sus hijos durante los años más duros de la crisis. El coste de algunos ítems, no considerados como exclusivamente educativos y su traslado a las familias, como la complementación de becas de comedor, extraescolares, ocio educativo, transporte escolar... hace que las familias con mayores dificultades, y que han sido abandonadas por los recortes en educación, sufran las mayores consecuencias. El Estado debe garantizar que estos costes se cubren para todos los niños y niñas.

Otro aspecto relevante es la desigual inversión por comunidad autónoma, que hace que las oportunidades educativas sean diferentes, lo cual convierte el acceso a una educación de calidad en una lotería basada en donde se resida; o también el alto porcentaje de abandono escolar -casi 1 de cada 5 estudiantes de secundaria y formación profesional- que aparece como reflejo de una insuficiente atención educativa que se ceba en colectivos más vulnerables.

En definitiva, las Observaciones del Comité son un suspenso que debería marcar unas líneas claras a nuestro Gobierno a la hora de priorizar los recursos y esfuerzos en la infancia.