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Tras fuertes reclamos y críticas de políticos y sectores populares de la sociedad mexicana, la Cámara de Diputados anunció un plan de trabajo que contempla el debate público de la controvertida Ley de Seguridad Nacional.

Según Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Gobernación en el órgano legislativo, existe un plazo reglamentario de 90 días para elaborar el dictamen, período en el cual se realizarán audiencias públicas para escuchar las opiniones de las instituciones y de los activistas en derechos humanos.

En aras de propiciar el diálogo, el diputado anunció que la Comisión abrirá un espacio en su portal de Internet para que las personas emitan sus opiniones sobre la minuta, que "ofrece prerrogativas al Presidente para suspender las garantías individuales y autorizar operaciones militares", uno de los temas polémicos.

Al respecto, Corral afirmó que la Cámara baja reconoce la labor del Ejército, pero también quiere cuidar su prestigio y su vocación esencial, que debe ser de colaboración y no de sustitución de las policías civiles.

De acuerdo con opiniones emitidas por diversas organizaciones civiles, políticos e incluso por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la iniciativa atenta contra el procedimiento de suspensión de garantías de los ciudadanos y el equilibrio entre los poderes establecido por la Constitución.

Raúl Vera, obispo de Saltillo, calificó de un gran paso de avance la decisión de llevar a debate público esta iniciativa, en tanto la misma contempla cierto vestigio de militarizar la justicia, lo que podría derivar en violaciones a los derechos humanos de la población civil.

El documento resalta, entre otros aspectos, que el Consejo de Seguridad Nacional será el que decida la movilización de tropas en tiempos de paz, de manera colegiada, pero que "esto no inhibe que el Ejecutivo federal pueda y deba adoptar medidas rápidas", indica un reporte de La Jornada.

"Creo que se requieren medidas grandes por parte del Gobierno para combatir al crimen organizado, pero también una gran discusión nacional donde todos los sectores de la sociedad participen e impulsen una reforma integral", sentenció José Jacobo, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares.

La polémica Ley de Seguridad Nacional fue uno de los temas que marcó esta semana la vida política en México, pues al decir de los representantes del Partido de la Revolución Democrática, "representa un retroceso de 50 años de libertades, en tanto deja a un lado la inteligencia financiera y los programas de prevención del delito".