© Desconocido
La Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) opera en México como si estuviera en su país: participa en detenciones, interroga, interviene comunicaciones, infiltra a sus soplones y, lo más grave, incluso atestigua torturas aplicadas por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR).
El aumento de la presencia de la DEA en México - autorizado por el gobierno de Felipe Calderón - se ha traducido en la participación de sus agentes en operativos en todo el país, incluido el Distrito Federal, donde han organizado hasta detenciones de presuntos traficantes.
Su gran aliada ha sido la PGR, que integra sus averiguaciones previas con la información que le proporciona la DEA y permite a sus agentes interrogar a los detenidos y llevar la información así obtenida a sus propias bases de datos. Además gestiona la extradición a Estados Unidos de los investigados por la DEA, aun cuando las incriminaciones se hagan bajo tortura.
La PGR no es la única en facilitar su operación. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le da cobertura operativa al brindarle a sus agentes camionetas con placas de esa dependencia para participar en detenciones. A la colaboración también se ha sumado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyos policías adaptan sus informes para avalar las investigaciones de los estadounidenses. Ha tenido apoyo hasta de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, según varios acusados por la agencia.
Uno a la cuenta de la DEA
En el haber de ese organismo en México se cuenta el fallecimiento al menos de un inculpado por sus investigaciones: el mexicano-estadounidense Orlando Mijares Estévez quien murió el domingo 17 en el Reclusorio Norte, tras tres años encarcelado, por falta de atención médica y a quien nunca se le comprobó el delito de lavado de dinero que le fincó la PGR a partir de las acusaciones de la DEA.
Mijares Estévez, de origen cubano, fue uno de los detenidos por la PGR a fines de 2007 luego de que durante el primer año de gobierno de Calderón la DEA desplegara una intensa actividad en México para desarticular una célula del cártel colombiano del Norte del Valle.
Clave para esa operación fue la infiltración del narcotraficante colombiano Juan Carlos Umbacia, quien tras ser declarado culpable en Estados Unidos de haber conspirado para traficar cocaína entre fines de los ochenta y principios de la década pasada, se convirtió en 2003 en informante de la DEA. En 2005 Umbacia se infiltró en el cártel del Norte del Valle para detectar sus operaciones en Estados Unidos, México y Colombia.
Para operar en México la DEA se apoyó en Édgar Enrique Bayardo del Villar, entonces jefe de la Tercera Sección, Estado Mayor, de la Policía Federal Preventiva, hoy Policía Federal.
Bayardo fue detenido en octubre de 2008 como resultado de la Operación Limpieza. Fue procesado bajo la acusación de trabajar para Ismael El Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, y asesinado en el Distrito Federal en diciembre de 2009 cuando era testigo protegido de la PGR con el nombre clave de Tigre.
Como varios de los infiltrados por Umbacia eran residentes en México, el colombiano también operó en el Distrito Federal hasta que agentes de la DEA, el 30 de noviembre de 2007, participaron en la detención de Joaquín Alejandro Senderos Higuera, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos requiere en extradición como presunto responsable de lavar dinero para el cártel colombiano.
Extradición
A instancias de la DEA, Senderos está encarcelado en el Reclusorio Norte acusado por la PGR de delincuencia organizada y lavado de dinero. Después de tres años y ocho meses de proceso aún no ha sido sentenciado, pero la PGR tramita desde fines del año pasado su extradición, gestionada por la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y actual procuradora Marisela Morales Ibáñez ante el Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF.
Además de Senderos, la funcionaria solicitó la detención con fines de extradición de otras seis personas, todas colombianas, a las que Estados Unidos les finca los cargos de lavado de dinero y conspiración para traficar cocaína. Los cargos están contenidos en la causa penal 3-10-cr-073-K, abierta en Dallas por la corte federal para el distrito norte de Texas.
La petición de Morales, a la que Proceso tuvo acceso, está elaborada con la información obtenida por el infiltrado de la DEA, aunque la SIEDO asegura que realizaba su propia investigación desde enero de 2007.
Entre los requeridos por Estados Unidos está Harold Mauricio Poveda Ortega, El Conejo, señalado por la PGR como el principal proveedor de cocaína del cártel del Norte del Valle a la organización de los hermanos Arturo Beltrán Leyva.
Poveda fue detenido en noviembre de 2010, dos años después de que se escapara de un operativo de la Policía Federal en una residencia del Desierto de los Leones. En ese operativo participó Bayardo como inspector de la corporación policial que depende del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
A pesar de que en el expediente de extradición se trascriben parte de las conversaciones del infiltrado de la DEA, la PGR consignó ante el juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF la causa penal 22/2008/II, supuestamente elaborada a partir de una "denuncia anónima" contra Senderos y otras seis personas.
Bayardo, a su servicio
El 30 de noviembre de 2007 Joaquín Alejandro Senderos Higuera, administrador de empresas graduado en la Universidad de Stanford y fundador de varias empresas de operaciones internacionales, se había encontrado para comer con dos amigos en el restaurante El Cabrito Asador en la esquina de Luis Moya y Arcos de Belén, en el centro de la Ciudad de México.
Alrededor de las cuatro y media de la tarde Bayardo entró al restaurante. Mencionó en voz alta el nombre de Joaquín Senderos y pasó por su mesa pero siguió de frente. El requerido también alzó la voz y le dijo: "Por acá, por favor".
Sin identificarse Bayardo le soltó: "Soy policía judicial. Necesito que me acompañe para aclarar unas situaciones de su amigo Horley Rengifo". Senderos accedió porque se trataba de quien le había comprado una franquicia de su empresa de alimentos naturales no perecederos Life & Victory, que operaba bajo el esquema empresarial de multiniveles.
Horley Rengifo Pareja, nacido en 1968 en Neiba Huila, Colombia, y establecido en México, había comprado la franquicia para distribuir los productos en Valle del Cauca desde la ciudad de Cali, "pero sólo nos pagó 15 mil dólares y nos quedó a deber casi 190 mil más", cuenta Senderos en entrevista.
En cuanto Senderos se identificó, Bayardo le quitó su teléfono celular y su aparato de radiocomunicación. Uno de los amigos de Senderos increpó a Bayardo: "¿Cómo sabemos que es policía y no un secuestrador?" El policía se alteró: "Cállese y no se meta, si no quiere que también me lo lleve". Se abrió el saco y le mostró la pistola que llevaba en la cintura.
Estadounidenses
Cuando salió del restaurante detenido sin ninguna orden judicial, Senderos vio dos camionetas blancas tipo VAN con placas de la SRE. Notó que en ellas viajaban por lo menos 10 estadounidenses. Se encaminaron hacia las instalaciones de la SIEDO, en Reforma 75.
Lo presentaron en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, ante el fiscal José Luis Marmolejo, conocido como Licenciado Dolor o Doctor Muerte. Ahí se abrió la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/186/2007.
En la SIEDO los agentes de la DEA interrogaron a Senderos durante casi media hora: "Exactamente en la puerta de mitad madera y mitad vidrio de acceso a la oficina de Marmolejo. Me pidieron mis datos generales, si había estado en Estados Unidos, a qué había ido, en qué lugares había estado, si tenía negocios, si sabía por qué estaba en la SIEDO".
Tras el interrogatorio "me hicieron tocar el piano" en sus laptops, dice al referirse a la toma de las huellas de los 10 dedos. Recuerda a un agente de la DEA de origen puertorriqueño, "muy alto y moreno".
Los estadounidenses también interrogaron a Samuel Jiménez Roldán, su chofer, a quien Bayardo y otros dos agentes de la SIEDO habían detenido en las oficinas de Senderos y a quien golpearon hasta que los llevó al restaurante. "Después de hablar conmigo el puertorriqueño se jaló a Samuel. Pero sólo hablaron unos tres minutos. Samuel estaba aterrado", recuerda.
Más colombianos
Esa noche también fueron interrogados en la SIEDO tres colombianos que Bayardo había detenido en una casa de las Lomas: Horley Rengifo Pareja - inquilino de la casa - , Roberto Mario Angulo Isaza, a quien la DEA identifica como "El Costeño", y Carlos Ariel Montoya, quien acababa de llegar de Colombia pero que fue liberado poco después.
También estaba Tito Miller Parra Izasa, a quien el mismo Bayardo había detenido una noche antes, el 29 de noviembre, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando se disponía a volar junto con su esposa a Colombia. Junto con él fue detenido Ricardo Martínez Rodríguez.
Los cuatro detenidos declararon actividades económicas en México. Ricardo Martínez se naturalizó mexicano... Está con Senderos en el Reclusorio Norte.
En sus declaraciones ministeriales afirman haber sido torturados por Bayardo y el propio Marmolejo en la SIEDO. Los peritajes médicos realizados dos años después a petición de Senderos para desacreditar las acusaciones en su contra confirmaron que, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, todos padecen secuelas de tortura física y psicológica.
Senderos asegura que no todos los agentes de la DEA fueron testigos de la tortura: "Sólo cuatro o cinco, pero entre los principales había dos anglosajones; uno de ellos vestido de traje, que parecía y actuaba como jefe".
La presencia de la DEA la hizo saber Senderos al contralor del Poder Judicial de la Federación en diciembre de 2010 mediante un escrito en el que relata la forma en que los abogados defensores se coludieron con Bayardo y los agentes del Ministerio Público Federal para inculparlo:
"De casi tres horas que pasé declarando frente a los ministerios públicos y los agentes de la DEA, el licenciado Javier Ramiro Lara Salinas (abogado defensor) no pasó ni 15 minutos en total conmigo, entre sus idas y venidas que ahora comprendo eran para ir con Horley Rengifo Pareja y (el ministerio público) José Luis Martínez Pérez y luego regresar conmigo".
Otro testigo
La presencia de los agentes de la DEA en la PGR también es mencionada por Angélica María Hernández Ramírez, esposa de Tito Miller Parra Izasa. En una declaración jurada en Cali, Colombia, el 10 de julio de 2009 ante la Fiscalía General de la Nación - equivalente a la PGR - dijo sobre las personas que estuvieron en la SIEDO el 30 de noviembre de 2007:
"Los nombres que recuerdo son José Luis Martínez, Alejandro Zito López, Édgar Ballardo (sic), Conchita, que luego supe que era del Ministerio Público, José Luis Marmolejo, que era el jefe de la unidad de lavado de activos, Aldo Martínez, Iván Reyes, Aarón Arturo Mateos y Giovanny Villagrana. Había gente de la AFI y de la DEA".
En las actas ministeriales Zito López aparece como agente del Ministerio Público mientras que Iván Reyes y Giovanny Villagrana como efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), dependiente de la PGR.
Comentarios del Lector
a nuestro Boletín