Julian Assange ha estado retenido durante años en condiciones que equivalen a tortura. Eso resulta bastante evidente para cualquiera que haya podido visitarle, dijo el politólogo Noam Chomsky en mayo pasado: "Quedó confirmado por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura [y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes], Nils Melzer, en mayo de 2019".

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Dejando a un lado los tejemanejes legalistas, las razones básicas para la tortura y la imputación de Assange consisten en que cometió un pecado capital: "Divulgó información a la opinión pública sobre crímenes de Estados Unidos que el gobierno, por supuesto, preferiría ver ocultos".

Finalmente el gobierno británico firmó el decreto de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde se le quiere juzgar por la publicación de documentos confidenciales.

Wikileaks y los allegados de Assange anunciaron que apelarán la decisión y lamentaron un "día negro para la libertad de prensa y la democracia británica".

En abril la justicia británica emitió la orden formal de entregar a Washington al fundador de WikiLeaks, tras una saga judicial de varios años, pero correspondía a la ministra de Interior, Priti Patel, firmar el decreto, algo que hizo el viernes.

"En virtud de la ley de 2003 sobre la extradición, la ministra debe firmar una orden de extradición si no hay ningún motivo que la prohíba", dijo un portavoz del ministerio de Interior.

Según el funcionario, "los tribunales británicos no concluyeron que fuera opresivo, injusto o un abuso procesal extraditar al señor Assange. Tampoco concluyeron que la extradición fuera incompatible con sus derechos, incluyendo el derecho de tener un juicio justo, y con la libertad de expresión y (garantizaron) que durante su estancia en Estados Unidos será tratado de manera apropiada, también con respecto a su salud".

Estados Unidos quiere juzgar a Assange por espionaje y podría condenarlo a hasta 175 años de cárcel si es declarado culpable de la publicación a partir de 2010 en WikiLeaks de unos 700,000 documentos militares y diplomáticos estadounidenses secretos, sobre todo sobre Irak y Afganistán.

"Era una decisión que se esperaba. Es una decisión política totalmente. Sabemos que este es un caso político en esencia, y ahora se había abierto una ventana para que la política tomara su decisión. Y decidieron así porque el gobierno de Gran Bretaña es el aliado más sumiso que tienen los Estados Unidos y era prácticamente imposible pensar que ellos iban a detener esta extradición", dijo Fidel Narváez a la Televisión Española.

Fidel Narváez era cónsul de Ecuador en Londres cuando Julian Assange se refugió en la embajada del país iberoamericano para evitar la cárcel. Narváez se hizo amigo del fundador de Wikileaks y participa activamente en la campaña internacional para su puesta en libertad.

El inicio de una nueva batalla

En enero de 2021, la justicia británica decidió a su favor: la jueza Vanessa Baraitser rechazó la extradición por considerar que el australiano, de frágil salud física y psicológica, corría el riesgo de suicidarse en el sistema penitenciario estadounidense.

Pero en diciembre de 2021, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence, en Colorado, donde están detenidos miembros de la organización yihadista Al Qaeda.

Y garantizaron que recibiría la atención clínica y psicológica necesaria, mencionando incluso la posibilidad de permitir que cumpliera su condena en su Australia natal.

Organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional se oponen a esta extradición porque temen que Assange sea sometido a condiciones de aislamiento en prisión que agravarían el riesgo de un suicidio.

Para Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía, la extradición de Assange corre el riesgo de ponerlo "en un gran peligro y enviaría un mensaje aterrador a los periodistas del mundo entero".

Stella Assange, abogada y esposa de Assange, había pedido al gobierno británico que no firmara el decreto de extradición a Estados Unidos.

"Cualquier país que se preocupe por la libertad de expresión tendría que sentir vergüenza al ver que la ministra de Interior ha aprobado la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, el país que complotó para asesinarlo", dijo en un comunicado el viernes.

Wikileaks ha reaccionado a esta decisión del Gobierno británico en un comunicado difundido en sus redes sociales. "Es un día oscuro para la libertad de prensa y para la democracia británica", arranca un texto que deja claro: "Hoy no es el final de la lucha, es solo el inicio de una nueva batalla legal".
Apelaremos a través del sistema legal, la próxima apelación será ante el Tribunal Superior. Lucharemos más fuerte y gritaremos más fuerte en las calles, nos organizaremos y haremos que la historia de Julian sea conocida por todos.

Julian no hizo nada mal. Él no ha cometido ningún crimen y no es un criminal. Es un periodista y un informador y es castigado por hacer su trabajo. Estaba en el poder de Priti Patel hacer lo correcto. En cambio, siempre será recordada como cómplice de Estados Unidos en su plan para convertir el periodismo de investigación en una empresa criminal.

Cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de que la ministra del Interior haya aprobado la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, el país que planeó su asesinato.