Un cirujano plástico de Utah, su vecina y otras dos personas se enfrentan a cargos tras supuestamente dar a la gente tarjetas de vacunación falsas y destruir vacunas Covid-19 proporcionadas por el gobierno.
El Dr. Michael Kirk Moore Jr., de 58 años, y su vecina, Kristin Jackson Andersen, de 59, han sido acusados de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para convertir, vender, transmitir y disponer de propiedad gubernamental, conversión, venta, transmisión y disposición de propiedad gubernamental y complicidad.
The Plastic Institute de Utah Inc., junto con el gerente de la oficina Kari Dee Burgoyne, de 52 años, y la recepcionista Sandra Flores, de 31 años, se enfrenta a los mismos cargos.
Según los documentos judiciales, Moore y sus coacusados presuntamente llevaron a cabo un plan desde el Instituto de Cirugía Plástica de Utah Inc. para defraudar a los Estados Unidos y a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Comentario: Los CDC mienten y defraudan al público, pero no les gusta cuando le pasa a ellos...
Los documentos dicen que Moore y Andersen eran miembros de una organización privada que buscaba "liberar a la profesión médica de los conflictos de intereses del gobierno y la industria".
Según las acusaciones, los cuatro destruyeron al menos 28.000 dólares en vacunas Covid-19 y distribuyeron al menos 1.900 dosis de tarjetas de registro de vacunación falsas. Los documentos judiciales alegan que las tarjetas de vacunación falsas se vendían bien a cambio de pagos directos en efectivo de 50 dólares por persona y suceso o bien exigían "donaciones a una organización benéfica especificada."
Los documentos judiciales estiman que las tarjetas de vacunación falsas tienen un valor total de casi 97.000 dólares.
Moore y sus coacusados al parecer también pusieron a los niños inyecciones salinas a petición de sus padres para que los niños pensaran que estaban vacunándose de la Covid-19.
"Al falsificar presuntamente las tarjetas de vacunación y administrar inyecciones salinas a los niños en lugar de vacunas Covid-19, este proveedor no sólo puso en peligro la salud y el bienestar de una población vulnerable, sino que también socavó la confianza pública y la integridad de los programas federales de atención sanitaria", declaró el agente especial encargado de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Curt L. Muller.
Está previsto que los acusados comparezcan por primera vez ante el tribunal el 26 de enero a las 14 horas.
Comentarios del Lector
a nuestro Boletín