
La reacción se produce después de que el Departamento presentara una demanda contra SpaceX, propiedad de Musk, por supuestamente discriminar a los solicitantes de asilo y refugiados en el proceso de contratación.
La demanda alega que, al menos entre septiembre de 2018 y mayo de 2022, SpaceX se negó a contratar a solicitantes de asilo y refugiados por motivo de su ciudadanía, favoreciendo a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, lo cual infringe la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Estados Unidos considera que esta política es discriminatoria y exige que SpaceX indemnice a los solicitantes de asilo y refugiados a los que se les denegó un empleo en la empresa. El Estado también busca sanciones civiles por un monto a determinar por un tribunal, así como cambios en las políticas de la empresa para evitar futuras discriminaciones.
"¡El Departamento de Justicia tendrá que demandarse a sí mismo!", tuiteó Musk, en referencia a que el propio Departamento de Justicia solo permite conseguir trabajo a personas con ciudadanía estadounidense.



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