Traducido por el equipo de SOTT.net
Syrian refugees
© ACHILLEAS ZAVALLI/AFP/GETTY IMAGESRefugiados sirios
La Unión Europea está elaborando un plan para revisar la convención de posguerra sobre refugiados que impide a los países rechazar a los solicitantes de asilo en sus fronteras, en lo que puede ser uno de los mayores cambios en la política migratoria en décadas.

Cada vez hay más consenso en Europa sobre el hecho de que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, redactada tras la Segunda Guerra Mundial y completada por sentencias de los tribunales europeos y de la UE, ya no es adecuada.

"Hay que tener en cuenta que estos principios se elaboraron tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y se caracterizaban por una situación geopolítica muy diferente a la actual", dice un documento diplomático visto por The Times.

La Convención de 1951 está firmada por 144 países y define las obligaciones jurídicas de los países consagradas en el principio fundamental de no devolución. Este principio establece que ningún solicitante de asilo puede ser devuelto a un país donde su vida o su libertad puedan correr grave peligro.

Este principio se cuestiona cada vez más a medida que los países europeos se esfuerzan por atender millones de solicitudes de estatuto de refugiado en la última década y por devolver a los solicitantes de asilo rechazados.

A los gobiernos de la UE les preocupa que los poderes nacionales que permiten "limitaciones en la aplicación" del derecho de asilo, actualmente sólo se permiten en "situaciones extraordinarias" que no tienen en cuenta la "nueva realidad", afirma el documento.

"Es necesario considerar una referencia más amplia a los retos a los que nos enfrentamos", prosigue. "La falta de alternativas a la aceptación de solicitudes de protección internacional y el respeto del principio de no devolución requieren sin duda un debate en profundidad".

El documento, redactado por Polonia y debatido por los ministros de Interior de la UE el pasado jueves, precede a las nuevas propuestas presentadas esta primavera para acelerar la deportación de los solicitantes de asilo rechazados y deportar a los refugiados u otros inmigrantes implicados en delitos.

Los gobiernos europeos esperan que las medidas "también puedan estimular el debate sobre el tema a nivel internacional", según el documento, lo que llevaría a posibles cambios legales de la convención respaldados por países como Gran Bretaña o EE.UU.

La crisis de los refugiados sirios de 2015, en la que más de un millón de migrantes cruzaron ilegalmente la frontera europea, puso el tema sobre el tapete en muchos países de la UE, ya que los solicitantes de asilo cruzaron países seguros, incluidos los de la UE, hacia Alemania u otros destinos del norte y oeste de Europa.

Las solicitudes de asilo en la UE han seguido siendo elevadas, con más de un millón el año pasado, y el descontento popular con el sistema ha impulsado el auge de partidos nacionalistas y populistas radicales en toda Europa.

"Recientemente se ha producido una evolución adversa. La capacidad de las sociedades de los Estados miembro para acoger a un gran número de migrantes se está poniendo cada vez más a prueba, especialmente en situaciones en las que algunos migrantes no buscan integrarse en la sociedad de acogida, sino formar comunidades separadas en las que pueden cultivarse normas y reglas que se apartan de los valores europeos", señala el documento.

La migración está dominando las elecciones alemanas que se celebrarán dentro de tres semanas, después de que Friedrich Merz, el líder conservador, presentara demandas de medidas duras para rechazar a los solicitantes de asilo con el apoyo de la ultraderechista y nacionalista Alternativa para Alemania (AfD).

Merz se ha comprometido a seguir adelante con las propuestas si derrota, como se espera, a Olaf Scholz, el canciller socialdemócrata, el 23 de febrero, a pesar de un revés en el Bundestag el viernes, cuando un proyecto de ley fue bloqueado por un estrecho margen.

"Hemos visto que los socialdemócratas y los Verdes no están dispuestos a hacer un cambio real en materia de asilo. Ahora los votantes alemanes tendrán la palabra", declaró el domingo al diario Bild am Sonntag. "Ahora se han aclarado las posiciones sobre la cuestión migratoria. El público sabe dónde están las diferencias".

La convención sobre refugiados se considera un gran obstáculo para nuevas medidas como la creación de centros fuera de la UE donde acoger a los solicitantes de asilo a la espera de una decisión.

Al austriaco Magnus Brunner, Comisario de Asuntos de Interior de la UE, país en el que los nacionalistas de extrema derecha ganaron las elecciones el pasado otoño, le preocupa que los votantes de toda Europa no entiendan por qué no se deporta a los solicitantes de asilo rechazados o a los delincuentes extranjeros.

"Estamos trabajando en nuevas normas más estrictas", dijo durante unas conversaciones en Varsovia el pasado jueves. "Nadie entiende por qué no se repatría a la gente que no puede quedarse".

Los planes de la UE sobre nuevas normas que permitan las deportaciones y la creación de centros de repatriación fuera del territorio europeo son una de las "soluciones innovadoras" previstas para este año que serán impugnadas ante los tribunales por vulnerar el convenio.

El gobierno italiano de Giorgia Meloni ha seguido adelante con sus planes de tramitar a los solicitantes de asilo en Albania a pesar de dos sentencias judiciales que han cuestionado el "procedimiento fronterizo acelerado" por considerar que socava el derecho de asilo establecido por la convención sobre refugiados.

En muchos países europeos, sobre todo en Alemania, solicitantes de asilo rechazados o refugiados con residencia permanente han cometido crímenes violentos y asesinatos mientras permanecían en el país al amparo de la legislación sobre refugiados que ha impedido su deportación.

"Hay que considerar la cuestión de cómo abordar el retorno de nacionales de terceros países que supongan una amenaza para la seguridad o que tengan antecedentes penales", dice el documento interno. "En particular, el comportamiento delictivo de los extranjeros con derecho a residencia permanente es un problema".