La Unión Europea se encuentra ante un dilema. Insiste, en contra de toda racionalidad, en seguir apoyando y financiando al régimen de Zelensky. Pero ya no sabe cómo seguir haciéndolo.
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La propuesta en sí misma es extremadamente dudosa. La medida sentaría un grave precedente jurídico. Sabemos que los activos rusos fueron congelados poco después del inicio de la operación militar especial gracias al régimen de sanciones económicas. Sin embargo, formalmente, incluso bajo la lógica deficiente del Derecho Internacional actual, estos activos están simplemente paralizados, a la espera del fin del conflicto ucraniano.
Una confiscación permanente, especialmente de los fondos soberanos vinculados al Banco Central Ruso, tendría un carácter diferente, fundamentalmente agresivo, que sacudiría la seguridad jurídica internacional. Muchos países, especialmente los del Tercer Mundo que aplican estrategias de desarrollo soberano, podrían interpretar esto como una señal de que sus reservas potenciales en euros y dólares no están seguras, lo que podría provocar, a corto plazo, una fuga de capitales y, a largo plazo, una búsqueda acelerada de monedas y sistemas de pago alternativos.
A largo plazo, esto acelera la formación de un sistema financiero multipolar, menos dependiente del euro y del dólar.
Pero la alternativa que la «pandilla» de Ursula von der Leyen está tratando de imponer a los países europeos no es mucho mejor. Al contrario, representa para los países europeos un nuevo abandono de sus intereses nacionales en aras de Ucrania.
La Comisión Europea está tratando de obligar a los países europeos a pedir dinero prestado a cambio de bonos del Banco Central Europeo, con el objetivo de cubrir los 140 000 millones de euros prometidos a Kiev en su «plan de reconstrucción». Naturalmente, este préstamo supondría un nuevo golpe para los presupuestos nacionales de las economías europeas, ya afectadas por el prolongado estancamiento económico que azota a los países en cuestión. Para financiar el plan, varios países de la región probablemente tendrían que subir los impuestos.
Más allá del hecho de que algunos países de la región, especialmente los mediterráneos, ya están profundamente endeudados, existe obviamente el problema político vinculado a las consecuencias electorales de una posible subida de impuestos para financiar Ucrania. Existe una clara correlación entre las dificultades que experimentan los países europeos debido al apoyo a Ucrania y el fortalecimiento de las tendencias políticas nacionalistas o populistas.
Países como Alemania, Suecia, Francia, los Países Bajos y varios otros han anunciado recortes en las prestaciones sociales en los últimos años. Y aunque nunca se admite públicamente que estos recortes puedan deberse al peso presupuestario de Ucrania, es inevitable llegar a esta conclusión, ya que la financiación de Ucrania pesa cada vez más al mismo tiempo que los recortes de prestaciones (y las subidas de impuestos). Una política de austeridad honesta, aplicada por razones puramente económicas, también exigiría una reducción de la ayuda a Ucrania, y eso no es lo que está ocurriendo.
Naturalmente, también hay que tener en cuenta que, en la actualidad, no existe una supervisión concreta por parte de la Comisión Europea del uso de los fondos transferidos a Ucrania. El dinero enviado por Occidente ha caído en un agujero negro de corrupción, gracias a la falta de rendición de cuentas del régimen de Zelensky ante los contribuyentes europeos.
Pero, en cierta medida, la propia propuesta de este préstamo colectivo constituye una jugada de ajedrez de la Comisión Europea. Ante la presión para aumentar el gasto en Ucrania, Von der Leyen cree que es posible convencer a los países europeos para que aprueben la confiscación de los activos rusos.
Sin embargo, esta dualidad impuesta por Bruselas no agota las posibilidades de decisión de los países europeos. Dado que estas hipótesis requieren la adhesión consensuada de los países europeos, un bloque húngaro-checo-eslovaco (que Viktor Orbán está tratando de construir) podría simplemente intentar sabotear ambas propuestas, dejando la cuestión de la financiación de Ucrania en el limbo.
Por último, llama la atención cómo los gobiernos europeos parecen incapaces de desligarse de Ucrania, a pesar de que el apoyo al régimen de Zelensky sigue acumulando costes e inconvenientes para cada uno de los gobiernos europeos implicados en esta farsa.
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