© Unión EuropeaParlamento Europeo en Estrasburgo
El resultado de la votación, celebrada en el pleno de Estrasburgo, supone un revés sin paliativos para la Comisión Europea y los gobiernos de España y Alemania, principales impulsores de un tratado que fue firmado solemnemente el pasado 17 de enero en Asunción. Con esta decisión, la Eurocámara suspende el procedimiento de aprobación que debía concluir en los próximos meses y somete a cuestionamiento jurídico tanto la base legal del acuerdo como su polémico mecanismo de reequilibrio.
El corazón de la controversia reside en el procedimiento escogido por Bruselas para dividir el pacto en dos partes: una comercial, que solo requiere aprobación de la Eurocámara y el Consejo, y otra política, que debe ser ratificada por los parlamentos nacionales. Los impulsores de la remisión al TJUE consideran que esta estrategia vulnera los tratados europeos al eludir el control democrático de las cámaras nacionales.
Presión agrícola y división política
La votación ha sido precedida por una intensa movilización de los agricultores europeos, que este martes bloquearon con decenas de tractores los accesos al Parlamento Europeo en Estrasburgo. Más de 4.500 productores procedentes de España, Francia, Italia, Irlanda y Polonia exigieron a los eurodiputados que frenaran un acuerdo que consideran "muy perjudicial" para el sector ganadero y agrícola mediterráneo.
"Estamos hasta los 'pebrots'", declaró José María Castilla, director de la oficina en Bruselas de Asaja, la asociación agraria que ha liderado las protestas junto a organizaciones francesas e italianas. Los agricultores temen que la apertura de mercados desleales, sin aranceles para más del 90% del comercio bilateral, inunde Europa con carnes, aves y azúcares a precios inferiores a los costes de producción comunitarios.
La votación ha fracturado los principales grupos políticos. Renew Europe, los Verdes/EFA y la Izquierda impulsaron la remisión, mientras que el grupo ultraderechista Patriotas por Europa también apoyó la medida en una inusual convergencia con las fuerzas progresistas. Por el contrario, el Partido Popular Europeo (PPE) y los Socialistas y Demócratas, las dos familias mayoritarias, defendieron el acuerdo aunque ambas registraron importantes disidencias internas.
El coordinador del PPE en la comisión de Comercio Internacional, el sueco Jörgen Warborn, había advertido que paralizar el proceso sería "un error estratégico" en una Europa "ahogada por los aranceles de Estados Unidos y las industrias subsidiadas chinas". Sin embargo, la delegación polaca del PPE, aliada con las posturas de su gobierno, votó a favor de la remisión, al igual que eurodiputados franceses y austríacos.
Contraste de informaciones sobre la paralización previa
La decisión de este miércoles contrasta con un intento anterior de 145 eurodiputados, liderados por Los Verdes, de paralizar el acuerdo en noviembre de 2025. En aquella ocasión, la administración del Parlamento declaró inadmisible la resolución alegando motivos procedimentales, argumentando que el Consejo aún no había solicitado el consentimiento parlamentario para la ratificación. La eurodiputada belga Saskia Bricmont denunció entonces que se estaban "amordazando las prerrogativas parlamentarias" en una decisión "muy grave".
Esta vez, la estrategia ha cambiado. Las resoluciones aprobadas este miércoles no esperan a la solicitud de consentimiento del Consejo, sino que activan directamente el mecanismo previsto en los Tratados que permite al Parlamento solicitar un dictamen al TJUE sobre la compatibilidad de cualquier acuerdo internacional con el derecho comunitario.
El camino judicial y la amenaza de aplicación provisional
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo tardará probablemente más de un año en emitir su sentencia. Durante este período, la ratificación queda suspendida, aunque la Comisión Europea conserva la posibilidad de aplicar provisionalmente el acuerdo, una opción que ha generado fuertes tensiones interinstitucionales.
Un portavoz de la Comisión ha confirmado técnicamente esta posibilidad, pese a que la presidenta Ursula von der Leyen se comprometió en correos electrónicos enviados a los eurodiputados a no activar el acuerdo mientras el TJUE se pronuncia. Esta contradicción ha intensificado el debate sobre el equilibrio de poderes en la UE.
El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, presidente rotatorio del Mercosur, ya advirtió que las cláusulas de salvaguardia aprobadas por la Comisión Europea para proteger a los agricultores "no forman parte del acuerdo histórico" y que, si se aplican, el documento debería ser renegociado. Esta postura complica aún más el panorama de un pacto que necesita la ratificación de todos los parlamentos nacionales de los países sudamericanos y de los Estados miembros de la UE.
Moción de censura y contexto estratégico
El jueves, el Parlamento votará una moción de censura contra Von der Leyen presentada por el grupo ultraderechista Patriotas por Europa, aunque con escasas posibilidades de prosperar al requerir una mayoría de dos tercios. La decisión de remitir el acuerdo al TJUE se ha tomado en un contexto de creciente competencia geopolítica, donde defensores del pacto argumentan que reforzaría la posición de la UE frente a China y Estados Unidos.
Sin embargo, los detractores, como el copresidente del grupo de los Verdes Bas Eickhout, cuestionan: "¿Qué os da miedo de consultar al TJUE?". La respuesta a esta pregunta determinará no solo el futuro del mayor acuerdo comercial negociado por la UE en 25 años, sino también los límites del poder ejecutivo comunitario en la conclusión de tratados internacionales.
Comentario: Es una pequeña victoria, pero desgraciadamente existe un ataque concertado contra los agricultores europeos y, en general, contra el suministro de alimentos, y es solo cuestión de tiempo que se apruebe una legislación totalitaria para todos los agricultores y ganaderos de la eurozona.