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© DesconocidoLa ONU asegura que funcionarios públicos están involucrados en desapariciones
Un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de este organismo internacional reveló que funcionarios públicos de México participaron en desapariciones de personas durante la "guerra sucia" contra el narcotráfico en ese país.

El estudio redactado por tres expertos independientes de la ONU señala que "el Grupo de Trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos".

El texto agrega que las muertes a manos de los"grupos del crimen organizado" sumaron un total de 346 en 2010, alrededor de tres mil a partir de 2006.

Puntualiza también "detenciones que habrían sido cometidas por elementos militares en contra de civiles quienes habrían sido llevados a instalaciones militares", mencionando casos sucedidos en los estados de Coahuila, Guerrero (suroeste), Chihuahua (norte), Nuevo León (noreste) y Tamaulipas (noreste).

Agregan que el personal militar habría interrogado a personas detenidas, a veces "utilizando la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", cuyos responsables serían "elementos del Ejército y otras fuerzas de seguridad"; agregando desapariciones por cortos periodos de tiempo, lo que se suele llamar "levantones", detalla el documento.

La delegación de México, que no negó los hechos imputados, señaló que con posterioridad a la visita del Grupo de Trabajo, concretamente el 13 de julio de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió restringir el fuero de los tribunales militares, que "no deberán juzgar delitos relacionados con violaciones de derechos humanos contra civiles".

La ONU contabiliza a "mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas", quienes constituirían sectores de "particular vulnerabilidad" en padecer desapariciones.

Las Naciones Unidas resume que "las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, en los ministerios públicos y las fuerzas armadas", que "la impunidad es un patrón crónico" en México, que no realizaría "los esfuerzos suficientes" para "sancionar" a los autores, y garantizar "verdad y reparación".