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La Cámara de Senadores uruguaya aprobó este martes un proyecto que deja sin efecto una ley que evitó juicios por violaciones de derechos humanos bajo la última dictadura (1973-1985), una norma ratificada en dos plebiscitos en los últimos 21 años y criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El proyecto ya fue sancionado en octubre por la Cámara de Diputados, pero como fue modificado en el Senado deberá volver a la Cámara baja, donde el gobernante Frente Amplio (FA) también cuenta con mayoría, para su aprobación definitiva.
La anulación de la polémica ley de amnistía fue aprobada por 16 votos a favor y 15 en contra, tras más de doce horas de áspero debate y diferencias dentro del oficialismo que provocaron que uno de sus legisladores votara en contra y otro anunciara el martes su renuncia a la banca.
El senador Eleuterio Fernández Huidobro, ex guerrillero, anunció que votaría la iniciativa por disciplina partidaria y que luego renunciaría a su banca, mientras que el disidente Jorge Saravia justificó su voto en contra afirmando que el proyecto de ley "es un disparate jurídico" que además implica pasar "por encima del derecho ciudadano".
El principal argumento esgrimido por los legisladores contrarios a la anulación de la ley, al igual que por la oposición, fue que implica ignorar la voluntad de la ciudadanía, que en dos oportunidades ratificó la norma. Los partidos Nacional y Colorado, que en 1986 impulsaron la ley, rechazaron la anulación, al igual que el Partido Independiente.
"De ahora en adelante que nunca más el Frente Amplio recoja una firma ni convoque a un plebiscito, porque eso es mentira, les importa nada el pronunciamiento popular porque están dispuestos a cualquier cosa, más allá de lo que el pueblo uruguayo ha definido categóricamente", acusó el senador nacionalista Francisco Gallinal.
En 1989, en un primer referendo sobre la denominada Ley de Caducidad, 56 por ciento de los votantes se pronunció a favor de mantener su vigencia. Veinte años más tarde, en octubre de 2009, una nueva iniciativa para anular la norma recibió una adhesión de cuatro por ciento, cuando necesitaba más del 50 por ciento para su aprobación.
El gobierno ha indicado que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la aplicación de la ley en tres oportunidades y que el país debe ajustar su legislación a las normas internacionales. De hecho, en marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas, estimando que la cuestionada ley "carece de efectos jurídicos".
"Esta cámara tiene la posibilidad de empezar a enmendar el error político de haber dictado una ley que amparara la impunidad a criminales de lesa humanidad, removiendo la mochila que pesa sobre la sociedad uruguaya", indicó este martes el senador del oficialismo Óscar López Goldaracena, al defender la iniciativa.
La Ley de Caducidad, que obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados, fue aprobada en diciembre de 1986, cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.
Durante la dictadura uruguaya desaparecieron casi 200 opositores, en su mayoría en Argentina, por la colaboración entre ambas dictaduras en el marco del Plan Cóndor.
Con la llegada de la izquierda al poder, en 2005, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios por derechos humanos y desde entonces aproximadamente una decena de personas -incluidos los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry- han sido condenadas a prisión por violaciones a los derechos humanos.
En los últimos días, el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, declaró que los militares estaban nerviosos por la ola de juicios que podía desatar la anulación de la ley de amnistía, ya que entienden que se "cambiaron las reglas de juego". Algunos abogados constitucionalistas han cuestionado, además, la ley interpretativa, afirmando que se entromete en las competencias del Poder Judicial.
En ese sentido, el nacionalista Jorge Larrañaga vaticinó que tras la anulación "va a haber una catarata de recursos de inconstitucionalidad". En tanto, decenas de personas que presenciaron el debate desde las barras festejaron ruidosamente la anulación de la ley.
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