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El juez que investiga el caso, Mario Carroza, dio cumplimiento así al reclamo de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la propia familia del exmandatario, fallecido en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
La orden de exhumación del cuerpo de Allende, dirigida al Servicio Médico Legal, tiene como plazo para su ejecución el 15 de mayo próximo, confirmaron fuentes judiciales en esta capital.
Luego de 37 años del golpe de Estado contra el líder de la Unidad Popular, volvió a cobrar fuerza en Chile el debate entre los que se inclinan por la tesis del suicidio y los que sostienen que Allende fue asesinado por miembros de la Junta Militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Todo indica que el presidente Allende fue asesinado, porque las tropas que entraron a La Moneda no entraron a saludarlo, entraron a matar a su enemigo, que en ese minuto era Allende", opina el reconocido cineasta chileno Miguel Littin.
En declaraciones a la radio local Littin destacó que el escenario del fallecimiento del expresidente "fue cambiado en el transcurso de las horas y surgió esa tesis rápidamente aprobada, porque le convenía a todos los sectores involucrados, porque la presencia de un héroe no era conveniente".
En Chile se cometió un magnicidio contra Allende, afirmó asimismo Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). Aquí se cometió un magnicidio, en el momento del terrorismo de Estado, el momento del golpe de Estado, (Allende) no tenía ninguna salida y ninguna seguridad, recalcó la principal dirigente de la AFEP.
En sentido opuesto el médico Patricio Guijón dice haber sido testigo de un acto suicida. Ví como el cuerpo se levantaba por el impacto. Se había disparado bajo el mentón, señaló el asistente personal de Allende. Sin embargo, el especialista en medicina forense Luis Ravanal, quien revisó la autopsia original realizada al jefe de Estado, subrayó que los dos orificios observados en el cuerpo de Allende, causados por disparos, no eran de naturaleza suicida.
La polémica saltó a la opinión pública luego que el nombre del exdignatario apareció en una lista de 726 querellas presentadas por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago Beatriz Pedrals, relacionadas con víctimas del régimen castrense. Para el Partido del Socialismo Allendista es evidente que la acción militar por tierra y aire que se desató el 11 de septiembre de 1973 sobre el Palacio de la Moneda tenía como objetivo asesinar a Allende y a sus colaboradores.
Esteban Silva, presidente del Comité Ejecutivo de la citada fuerza, comentó que durante años la versión dominante y única del suicidio se instaló como una verdad única, como si se tratara de un suicidio como cualquier otro, desprovisto del análisis de las circunstancias históricas y de la responsabilidad del agresor.
Señaló cómo se consolidó de ese modo "en la justicia, en los medios de comunicación y en el sentido común popular una versión dominante que pavimentaba la interpretación que infería que por tratarse de un suicidio no cabía perseguir responsabilidades individuales ni colectivas de terceros". Unas tres mil personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la dictadura militar de Pinochet y otras 50 mil sufrieron torturas, cárcel o persecución.
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