hoyo carey
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La casa -literalmente- pende de un hilo. La acera se convierte en precipicio y, si cae un aguacero, la casa queda rodeada por los resquicios de una quebrada con fuerza suficiente para tumbar postes y derrumbar paredes de concreto. En medio de esa angustia vive una familia en la urbanización Alturas de Beatriz en Cayey hace ya seis años.

La casa de la familia, compuesta por el matrimonio de Edwin Alvarado Carrasquillo y Maricarmen Rodríguez Reyes y sus hijos adolescentes de 17, 14 y 13 años, está ubicada en la calle 2 M-1 de dicha urbanización, dando la bienvenida a todo el que entra al complejo de viviendas.

Dos casas -la de esta familia y la de sus vecinos de atrás- han sido las más afectadas. Los vecinos no resistieron y abandonaron la residencia, aunque aún mantienen un pleito legal junto a otros dos vecinos, para un total de cuatro familias directamente afectadas por la amenaza constante del cauce de la quebrada. Incluso, las sobre 300 residencias de la urbanización podrían afectarse más temprano que tarde, ya que la tubería por la cual discurren las aguas negras pronto podría estallar.

"Cuando no haya un inodoro que baje en toda la urbanización será mucho más difícil, porque será un problema de salubridad. He hecho todas las gestiones posibles, pedí mitigación al alcalde, que nos pusiera unas piedras cuando todavía teníamos cera, pero por tecnicismos legales se negó", explicó Alvarado Carrasquillo, uno de los primeros en adquirir la llave de su residencia en octubre de 1999.

Hace seis años la tierra se abrió a pocos pies de su propiedad y desde entonces el hueco no ha parado de crecer.

"Ya los nenes tienen miedo de dormir en el cuarto que está cerca del hueco. Como familia vivimos en mucha tensión", abunda el padre de familia quien labora como maestro de educación física.

El propietario de la vivienda en riesgo explicó que el desarrollo de ese proyecto estuvo a cargo de la Corporación de Desarrollo Económico de Cayey (Codesca).

De hecho, el 21 de enero de 2010, el senador Antonio Soto Díaz presentó la R. del S. 879 en la que se ordenaba una investigación a dicha institución, debido a la situación de la urbanización. Al momento se desconoce el resultado del esfuerzo legislativo.

De otra parte, el alcalde cayeyano Rolando Ortiz destacó el que el municipio contrató una compañía de ingeniería que trabajó un estudio del problema y un diseño de la solución. Hicieron un análisis de costos y ascienden a 2.5 millones.

"En vista de que el municipio no tiene la capacidad económica para atender la situación, hemos solicitado la ayuda de los senadores y representantes de distrito. No hemos recibido ninguna. También llevamos el problema a la atención del señor presidente del Senado. Tampoco hemos tenido suerte", explicó Ortiz, quien adelantó que se ha contratado una nueva firma de ingeniería para evaluar la posibilidad de trabajar las obras por fases. Aún esperan esa evaluación.

Lo evidente sería proveer un techo seguro a la familia mientras el problema se dilucida en los tribunales y en la Legislatura. Sin embargo, Ortiz aclaró que "en este momento el municipio no cuenta con unidades de vivienda disponibles. Las alternativas serían bajo el programa sección 108 y dependería de la familia y de la disponibilidad de espacios".

No es la primera vez que llevan el asunto a la atención de los medios. Sin embargo, nada ha pasado aún. Nadie ha respondido y no se han mitigado los daños.

De momento, el hoyo sigue creciendo y la tierra sigue explotando a más de diez pies de profundidad. La tragedia ronda.