La medida se tomó en un intento de proteger a los reclusos de un mayor brote de coronavirus en los centros penitenciarios del condado de Orange.
California prisoner
© Lucy Nicholson / Reuters
Presos en la cárcel del condado de Orange en Santa Ana (California, EE.UU.), 24 de mayo de 2011.
El juez de la corte superior de California del condado de Orange, Peter Wilson, decretó este viernes la reducción en un 50 % de la población de reclusos en las cárceles locales, satisfaciendo la demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que denunció que las condiciones de detención violan la Constitución del estado y la ley contra la discriminación por discapacidad.

Wilson ordenó que se presentara un plan correspondiente ante la corte a más tardar el 31 de diciembre. El plan debe garantizar el distanciamiento social "hasta que la actual emergencia por covid-19 sea declarada terminada", dictaminó el juez.

La ACLU celebró el fallo calificándolo como una "victoria" para los presos "que tuvieron el coraje de hablar sobre la respuesta fallida del sheriff Barnes al covid-19". El sheriff del condado de Orange, Don Barnes, anunció el 10 de diciembre que en las cárceles locales se confirmaron 74 casos de coronavirus, mientras que más de 300 personas que habían contactado con los positivos están en cuarentena.

La semana pasada las autoridades locales aseguraron al juez que un brote así sería imposible en los centros penitenciarios y que, de hecho, no había un lugar más seguro en el condado de Orange que la prisión.

Cassandra Stubbs, directora del Proyecto de Pena Capital de ACLU, afirmó que la decisión de la corte "va a salvar vidas", porque los funcionarios encargados del sistema penitenciario "no han tomado las medidas necesarias para proteger a los encarcelados de la propagación del covid-19, ni han sido honestos sobre las circunstancias y los niveles de riesgo en sus instalaciones".

Stubbs subrayó que el condado de Orange en California "tiene uno de los sistemas penitenciarios más grandes de Estados Unidos", y sostuvo que no se podrá controlar la pandemia en la región si la situación no mejora en las cárceles. Barnes, sin embargo, advirtió que el fallo judicial podría hacer que casi 2.000 delincuentes, muchos de los cuales sirven su condena por crímenes violentos, anden libres por las calles, poniendo en riesgo a la comunidad.