El Estado de derecho es un principio fundamental de la sociedad democrática. Es un principio que asegura que todos los individuos e instituciones están protegidos por el Estado de derecho. Esta protección se extiende a los derechos de propiedad privada y al derecho de los individuos a ejercer las libertades establecidas en la constitución de su nación.
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Lamentablemente, la UE ha adoptado una ideología legalista que erosiona la distinción entre política y derecho. Está armando al Estado de derecho en un intento de obligar a algunos de sus Estados miembros a adherirse a valores morales que son ajenos a sus propias culturas nacionales. La filósofa política Judith Shklar describió la ideología del legalismo como una corriente en la que las cuestiones de moralidad se reducen siempre a la simple observación de las normas. Esto resume el enfoque de la UE sobre el Estado de derecho.
En la última década, la burocracia de la UE ha estado trabajando entre bastidores para elaborar los llamados instrumentos del Estado de derecho con el fin de "salvaguardar los valores fundamentales". Lo que la oligarquía de la UE entiende por "valores fundamentales" son los últimos ideales de moda promovidos por los guerreros de la cultura antitradicionalista. Por ejemplo, la cultura LGBTIQ, y los valores asociados a ella, están siendo instrumentalizados por la UE contra las sociedades que se sienten incómodas con las ideologías promovidas por los identitarios despiertos [woke identitarians en inglés].
La UE tiene incluso una vicepresidente de valores y transparencia de corte orwelliano, que se encarga de vigilar los valores. La comisaria de valores es Věra Jourová. Cuando el mes pasado la Comisión Europea lanzó su "primera estrategia de la UE para la igualdad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, no binarios, intersexuales y queer (LGBTIQ)", Jourová declaró que "esto es de lo que trata Europa y esto es lo que defendemos". La implicación era clara: su visión de "lo que Europa es" es primordial y está más allá de cualquier debate.
En caso de que alguien malinterpretara la forma en que se está armando al Estado de derecho como parte de la cruzada de valores de la UE, Jourová adoptó el tono de un magistrado del imperio. En julio, en una conferencia sobre el Estado de derecho, lanzó una advertencia: "También quiero repetirla aquí: la legislación de la UE tiene primacía sobre la legislación nacional y [las] sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son vinculantes para todos los tribunales nacionales".
Jourová y sus colegas han renunciado prácticamente a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que se establecieron en el Tratado de la Unión Europea original. Cuando se promulgó ese tratado, nadie imaginaba que Bruselas asumiría la autoridad sobre los valores culturales, personales y familiares de los Estados miembros. Tampoco la mayoría de los gobiernos imaginaron que, un día, sus normas culturales serían vigiladas por un comisario de valores y transparencia. Hasta hace poco, los gobiernos creían que la oligarquía de la UE no querría inmiscuirse en asuntos personales y culturales que no tienen relación con otros fuera de las fronteras de los Estados miembros individuales. Ahora, sin embargo, la UE exige que su punto de vista sobre la sexualidad y su definición de género deben prevalecer sobre puntos de vista más tradicionales que puedan existir dentro de los Estados. Especialmente Estados como Hungría y Polonia.
En mayo, la Comisión Europea intensificó su campaña para convertir el Estado de derecho en un arma política. Declaró que los países que violan los "valores nucleares" de la UE serían castigados, sus dotaciones presupuestarias serían recortadas. El mes pasado fue un paso más allá y consiguió que el Parlamento Europeo aceptara lo que la ministra finlandesa de Asuntos Europeos, Tytti Tuppurainen, ha descrito como "la condicionalidad del Estado de derecho". La condicionalidad del Estado de derecho significa que la oligarquía de la UE tiene la autoridad para dictar cómo los húngaros y los polacos deben vivir sus vidas. Y si los húngaros y los polacos retrocedieran y rechazaran los valores de la comisaria, serían castigados con un severo revés financiero. El Estado de derecho se convierte en un arma cultural y política que se puede esgrimir contra los gobiernos que se toman en serio su soberanía nacional.
Comentario: En otras palabras, ¡no más populismo para usted!
Esta misión de aprovechar el poder regulativo para promover ciertos valores es una empresa peligrosa. Las controversias sobre los valores no pueden reducirse a una cuestión de "reglas". Durante siglos, los gobiernos ilustrados han reconocido que los asuntos de moralidad y conciencia deben, cuando sea posible, ser protegidos de la fiscalización de valores. El ideal mismo de la tolerancia, principio fundamental de una sociedad ilustrada, reconoce el derecho de las personas a vivir de acuerdo con su conciencia. Una cultura tolerante reconoce que los valores no deben ser impuestos a las personas.
El uso de normas para imponer la conformidad moral está dirigido por un impulso totalitario que no tiene en cuenta la autonomía moral del individuo y que pretende erradicar los valores "disidentes". Por ello, un elemento integral de la estrategia LGBTIQ de la UE es ampliar la lista de "delitos de la UE" en virtud del artículo 83.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La ampliación incluiría nuevas formas de delitos de odio y de incitación al odio, incluso cuando los autores son personas LGBTIQ. En esencia, esto significa que las opiniones que cuestionan la estrategia sobre LGBTIQ de la UE serán criminalizadas y eliminadas.
La ideología del legalismo presume que las reivindicaciones legales son más importantes que las morales. Sin embargo, no hay nada inherentemente moral en seguir las reglas que se te imponen. Hannah Arendt llamó la atención sobre los peligros del legalismo ciego en su discusión sobre el juicio de Adolf Eichmann. En ese caso, la obediencia ciega al imperio de la ley tuvo consecuencias catastróficas. En el caso de la UE, las consecuencias de aceptar sin cuestionamiento la nueva normativa de Bruselas son mucho menos severas, por supuesto, pues sólo implica aceptar ser moralmente colonizado por la oligarquía de la UE.
El estado de derecho no sólo se está armando para castigar a Hungría y Polonia. Más bien, estas nuevas normas -como las que emanan de la estrategia LGBTIQ de la UE- también tratan de cambiar las actitudes de manera más amplia y de vigilar el lenguaje y el comportamiento de las personas en toda la UE. De acuerdo con la idea de "ley de expresión", estas normas desempeñan un importante rol simbólico, ya que envían una señal sobre lo que es un comportamiento bueno y legítimo. Las leyes de expresión respaldan ciertos valores y demonizan otros. Así pues, la nueva estrategia de la UE celebra los valores asociados a la cultura trans y estigmatiza a quienes defienden la distinción binaria entre los dos sexos; la idea de que hay hombres y mujeres.
Las leyes de expresión están diseñadas para enviar un mensaje. En mayo, la celebración por la UE del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia comunicó un mensaje claro: que estos delitos culturales, estas fobias, son una amenaza para los valores europeos fundamentales.
Históricamente, las leyes de expresión fueron un intento de dar sentido a las costumbres y normas preexistentes. Sin embargo, en el siglo XXI, las leyes de expresión a menudo no tratan tanto de mantener las costumbres tradicionales como de desacreditarlas. El interés obsesivo de los burócratas de la UE en las políticas de género está motivado en parte por su determinación de marginar los valores tradicionales en relación a la familia, el matrimonio, las relaciones sexuales y la crianza de los hijos. Y al atacar estos valores, la UE también pone en tela de juicio el valor central del que depende el ejercicio de estos modos de vida tradicionales: el de la soberanía. No es de extrañar que, de manera indirecta, las normas que legitiman las nuevas políticas de género terminen por poner en tela de juicio la soberanía de Hungría y Polonia y su derecho a promover valores más tradicionales y orientados a la familia.
Uno de los propósitos de las nuevas leyes de expresión de la UE es tratar de resolver la propia crisis interna de legitimidad de la UE. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los partidarios del federalismo europeo siempre se han preocupado por la débil base normativa en la que se apoyaba su proyecto. Esta debilidad ha sido ampliamente reconocida y, en ausencia de autoridad moral, la UE ha llegado a confiar cada vez más en la autoridad de la ley. Su ideología legalista se basa en la obediencia pasiva, y en algunos casos en la obediencia forzada, más que en una verdadera motivación moral.
Sin embargo, las normas de la UE, elaboradas mediante la formulación de políticas y la deliberación, no pueden igualar la influencia de los valores y normas que se han gestado a lo largo de generaciones en diversos países. La oligarquía de la UE lo reconoce, por lo que se ha comprometido de forma tan decidida a criminalizar los valores tradicionales de ciertas naciones.
La historia demuestra que, por sí solas, las normas y procedimientos creados administrativamente carecen siempre de la profundidad moral necesaria para dar sentido a la vida humana. Por ello, los intentos de la UE de transformar su politizado Estado de derecho en un valor sagrado están destinados a fracasar. Lo que tenemos en la UE en este momento no es un verdadero apoyo del Estado de derecho, sino una promoción del derecho de las normas.
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