Psicólogos, médicos y sexólogos critican la norma de Irene Montero, que permite a menores de 16 y 17 años hormonarse sin consentimiento paterno.
La ministra de Igualdad, Irene Montero. EFE
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La ministra de Igualdad, Irene Montero.
El Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha presentado al resto del Gobierno el borrador de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Y, como era de esperar, algunos de sus puntos han levantado mucha polémica.

Las cuestiones más discutidas son las referentes a la autodeterminación del género, que se traducen, además, en el cambio de sexo sin necesidad de informe médico o psicológico, así como la hormonación de menores de 16 y 17 años sin tener que contar con el consentimiento paterno.

De aprobarse la norma tal y como está redactada, ya no sería necesario aguardar -como exige la actual legislación- dos años para acreditar que existe "disforia de género" para iniciar el proceso de transición de género, que incluye cirugía genital.

La ley prevé que todos estos servicios sanitarios sean gratuitos, ya que el texto incluye una ampliación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para cubrir las "necesidades" de las personas trans.

Las prestaciones incluyen la asistencia sanitaria necesaria para el tratamiento hormonal, la terapia de voz, cirugías genitales, mamoplastias, mastectomías y material protésico.

Tras provocar el rechazo del ala socialista del Gobierno y de Moncloa, que alega que "ése no es el borrador del Gobierno, sino el de Igualdad, que sólo recoge las posturas de Unidas Podemos", después de enfadara los colectivos feministas radicales -es decir, de raigambre marxista- y, en definitiva, causar un enfrentamiento con el PSOE, la norma de Unidas Podemos preocupa a muchos expertos, que denuncian a EL ESPAÑOL sus posibles consecuencias perniciosas.

"Autodeterminación de género"

Uno de los puntos más controvertidos es la inclusión del concepto de "autodeterminación de género", que provoca el rechazo de las feministas tradicionales (que consideran que borra la categoría jurídica de mujer basada en el sexo biológico) y entre los expertos (por tratarse de un criterio ideológico y acientífico).

La legislación vigente permite cambiar de nombre y sexo en el DNI siempre y cuando exista un informe médico o psicólogico. Ese requisito se elimina en el borrador de la Ley Trans, que da por suficiente "la libre declaración de la persona sentida" para cambiar el sexo registral a partir de los 16 años.

Es decir, los menores de 16 a 18 años podrán cambiar de sexo sin necesidad de prueba psicológica ni médica. Los menores de 12 a 16 años que quieran hacer el cambio registral deberán hacerlo a través de sus representantes legales, normalmente a través de la familia. Si éstos no están de acuerdo, se nombrará a "un defensor judicial". Los trámites, en todo caso, estarán exentos de "costes o tasas".

Jesús de la Fuente Arias, vicedecano de investigación de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, señala que la idea de que el cambio de sexo "se realice mediante una mera declaración personal, a partir de los 16 años y sin concurso de profesionales sanitarios" plantea dos problemas: uno de fondo y otro de forma.

Fondo y forma

El problema de forma sería que se "limita la seguridad jurídica de la decisión" al excluir a los profesionales de la Salud. "¿Cómo concluir que ha existido un rigor científico en el análisis y en esa decisión que debe de caracterizar a los problemas de salud?", se pregunta el catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación, que considera inexcusable que "los profesionales queden excluidos del proceso de evaluación y sólo se les solicite participar para el momento de la intervención".

En cuanto al problema de fondo, De la Fuente aboga por "la necesidad de un estudio psicológico del impacto en el proceso de desarrollo del adolescente que toma esta decisión". Es decir, "una evaluación rigurosa de cómo está afectando esta decisión al proceso de desarrollo socio-personal o, en su caso, a otros problemas comportamentales asociados".

Un estudio psicológico ayudaría, según el catedrático, a "ajustar expectativas del cambio, a evaluar la decisión de manera consistente, a calibrar ventajas, inconvenientes y limitaciones del proceso; en definitiva, a acompañar a la persona en el proceso psicológico, muy complejo para estas personas, de aceptarse a sí mismas".

Javier Urra Portillo, el primer Defensor del Menor, rechaza este apartado del borrador por cuanto incluye la noción de "autodeterminación de género": "El ser humano tiene sexo biológico; esto es indiscutible". Sobre esta premisa cimenta su postura.

"Es muy terrible para un niño o niña vivir en una identidad sexual distinta a la que siente o percibe", analiza Urra, que aboga por la necesidad "incuestionable" de "una exploración psicológica por alguien muy experto en estas temáticas y en niños".

Y es que el doctor en Psicología y Ciencias de la Salud considera que "un niño no es maduro al 100% hasta los 21 años, cuando se desarrollan plenamente los glóbulos frontales del cerebro". Según Urra, "si queremos que el niño no sufra habría que contar con todas las garantías", añade en referencia a "un informe psicológico de dos profesionales que confirmen que estamos ante un problema de identidad sexual, y un médico que valore la pertinencia de la hormonación".

Hormonación

Otro de los puntos más polémicos de la norma -cuyo impulso preveía el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y PSOE- es el referente a los tratamientos hormonales a menores. El borrador de la ley contempla un tratamiento de bloqueo hormonal "al inicio de la pubertad" para frenar el desarrollo de los pechos, la barba o la nuez. Posteriormente, el tratamiento hormonal cruzado (testosterona o estrógenos, según corresponda).

En la actualidad, se puede empezar con los bloqueadores hormonales en la pubertad, pero muchas veces exige una tramitación larga y depende de la diferente regulación de las Comunidades Autónomas. También requiere el consentimiento paterno de los menores de edad, punto que desaparecería en la ley que prepara Igualdad para aquellos que ya han cumplido los 16.

Para Javier Urra, la hormonación debe producirse "siempre después de los 14 años y en ningún caso antes", ni siquiera para el bloqueo hormonal, "y desde luego con el conocimiento de los padres, que deben saber la realidad y conocer el caso".

La filósofa y sexóloga Loola Pérez considera necesaria una Ley Trans, aunque rechaza el borrador que plantea Unidas Podemos: "La sociedad española debe dar un paso al frente en la despatologización de la transexualidad y los derechos de los menores trans, pero sin comprometer la atención y asistencia sanitaria". Y es que el borrador "no menciona cómo se va a regular la hormonación en los menores".

Loola Pérez considera que "la transición de un menor trans debe pautarse con sensibilidad y desde el acompañamiento profesional afirmativo": "¡Y justo esto es una gran laguna en el proyecto de ley! Es algo que muchos activistas por los derechos trans no entienden, pero sobre lo que merece la pena poner atención para proteger con garantías sus derechos".

La sexóloga advierte también de los posibles efectos secundarios de la hormonación: "Entre las mujeres trans, los más comunes son la trombosis venosa, los cálculos biliares, la elevación de las enzimas hepáticas y la hipertensión. Mientras tanto, los hombres transexuales están expuestos a la policitemia, el acné, la alopecia, la elevación de las enzimas hepáticas y la hiperlipidemia. El acetato de ciproterona, un andrógeno que puede formar parte de la terapia hormonal de las mujeres trans también puede provocar problemas de deseo sexual y disfunciones sexuales".

Cirugía genital

El articulado de la norma trans de Podemos también contempla que no haya que esperar a la mayoría de edad para la cirugía genital. Así, los menores de 16 y 17 años podrán reconstruir su biología natural sin autorización paterna y sin que haya que aguardar, como exige la ley vigente, dos años para acreditar que existe "disforia de género". Todo en aras de la "despatologización".

Este punto preocupa especialmente a Javier Urra, que considera que una operación de estas características no debería hacerse "antes de los 18 años nunca". ¿Por qué? "Porque el 20% de quienes han decidido cambiar su identidad sexual, cuando son mayores, deciden volver a la situación primigenia". Algo que no es posible si ha habido cirugía genital.

"Conviene ser cauto y no tomar decisiones equivocadas que puedan ser erróneas", zanja el primer Defensor del Menor, que apunta a otro "punto preocupante": el riesgo de suicidio. "Éste, en casos de transexualidad, se multiplica por ocho; es difícil estar en un cuerpo que no aceptas".

"Posiblemente, la sociedad aún no es lo suficientemente acogedora con las personas que sufren esta situación. Debemos educar a la sociedad para ser receptivos, pero no hemos de forzar la situación natural de la persona", zanja Urra.

"Laguna de imprecisiones"

Por todo lo expuesto, la enfermera y escritora Cuca Casado considera que la Ley Trans es "una laguna de imprecisiones y de contradicciones".

En cuanto a la "autodeterminación de género", Casado opina que "plantearla sin necesidad de someterse a procedimientos ni exámenes médicos es contraproducente", pues "es importante ofrecer atención médica y psicológica para evitar la morbilidad y mortalidad de las personas en transición".

"¿Por qué no planteamos eliminar nuestra condición sexual de cualquier registro jurídico? Porque de ese modo, las personas trans dejarían de sentirse discriminadas ya que el género no sería una condición relevante, como no lo son las creencias religiosas, la raza o la etnia", plantea la coautora del libro Desmontando el feminismo hegemónico.

Sobre la hormonación de menores sin seguimiento ni asesoramiento, Casado opina que "no es un derecho, sino que es una forma de desproteger la infancia y la adolescencia": "Considero vital realizar más investigación para conocer el impacto de la hormonación a medio y largo plazo, así como en la etapa puberal. Necesitamos despejar muchas dudas sobre los tratamientos hormonales, su protocolización y su impacto en la salud".

¿Alternativas? "Equipos multidisciplinares que acompañen en esa transición a los menores y a sus familias. Se necesitan médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, endocrinos, ginecólogos, sexólogos, etc. que brinden con sus conocimientos y cuidados. Lo básico para que esos niños sigan desarrollándose y decidan con todos los recursos y apoyos si seguir con la transición o no".