El Gobierno porteño autorizó las clases en las escuelas en rechazo al decreto presidencial que llamó al regreso a la virtualidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero la mayoría de las escuelas públicas estuvieron cerradas por un paro de docentes. Algunos colegios privados en la ciudad abrieron y en la provincia hubo reclamos para abrir.
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© REUTERS / Agustin Marcarian
La tensión política en Argentina recayó nuevamente en los más jóvenes del país al iniciarse una nueva disputa sobre la gestión de la pandemia y su impacto en la educación entre el Gobierno nacional y la administración de la capital del país, conducida por la principal coalición de oposición.

El 14 de abril, el presidente, Alberto Fernández, anunció restricciones a la circulación ante el aumento disparado de casos de COVID-19 durante marzo y las primeras semanas de abril, que pone en jaque la capacidad de respuesta de los sistemas de salud de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El decreto, que prohíbe las actividades sociales y restringe fuertemente la actividad comercial y ciudadana a partir de las 20 horas, incluyó la decisión de suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), principal conglomerado del país, a partir del lunes 19 y durante dos semanas, en principio.

El primer mandatario aseguró que el alza de los casos y del porcentaje de positivos fue consecuencia de la vuelta de las actividades escolares posterior al período vacacional, principalmente debido a la movilidad concentrada de millones de personas, no al fracaso de las estrategias de cuidado dentro de las instituciones.


El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, conducido por Horacio Rodríguez Larreta, quien se posiciona como una de las principales figuras de la oposición, se reunió con el presidente el viernes 16 pero, sin alcanzar un acuerdo, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, principal tribunal del país, para asegurar la continuidad de la presencialidad dentro de la capital.

El domingo 18 de abril, la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires resolvió admitir un recurso de apelación de organizaciones docentes y falló a favor de que la ciudad permita la continuidad de las clases presenciales, bajo el argumento de que el decreto violaría el principio de autonomía y su obligación de garantizar el derecho a la educación.


Por la noche, el jefe de Gobierno porteño anunció que las escuelas públicas y colegios privados tendrían permiso para funcionar de acuerdo a los protocolos autorizados desde febrero para el reinicio de las clases, en contradicción con la medida presidencial.

Las escuelas, en el fuego cruzado

"Esperamos que se cumpla el decreto de suspensión de la presencialidad que, si bien consideramos que es insuficiente como medida sanitaria, es un primer paso. Exigimos la vacunación masiva como una salida de fondo a esta situación; hoy tenemos un 10% de los docentes vacunados", dijo a Sputnik Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, asociación que agremia a docentes de escuela media y superior de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Las diferencias se hicieron notar entre establecimientos públicos y privados, no solo en la capital sino en la provincia, aunque por diversas razones. La mayoría de las escuelas estatales porteñas no tuvieron actividades el lunes 19 como consecuencia de la huelga de 24 horas realizada por buena parte de los gremios docentes. Una de cada 10 continuó con las clases presenciales de acuerdo al visto bueno del Ministerio de Educación porteño.

"Estamos muy contentos con seguir con la presencialidad, que ordena la dinámica familiar. La virtualidad no es comparable, hace la desigualdad más visible. La escuela es el lugar de contención y construcción de vínculos y es clave para el bienestar emocional del niño. No negamos lo que está sucediendo, sabemos que el virus cada vez está peor, pero la escuela no es el foco de contagio", dijo a Sputnik Marcela Voulgaris, directora de la Escuela Primaria Común 4 del Distrito Escolar 9 Provincia de Córdoba de la ciudad de Buenos Aires.


Voulgaris enfatizó que, luego de un 2020 en el que muchos alumnos no pudieron adaptarse a la virtualidad ya sea por carecer de dispositivos o por ausencia de un acompañamiento familiar, la prioridad para la institución este año es permitir compensar lo perdido para muchos el año pasado, con varios niños y niñas todavía en proceso de finalizar la cursada del año lectivo pasado.

Entre los colegios privados de la capital, la situación fue dispar: abrieron aquellos que lograron avisar a tiempo a docentes, padres y madres; otros volverán a la presencialidad a partir del 20 de abril, y una minoría, afectada por las medidas de fuerza, está sujeta a lo que determinen las asambleas gremiales docentes.

"Interrumpir la presencialidad tiene consecuencias muy graves para el desarrollo de los chicos. Los chicos, los docentes, las familias estamos siendo rehenes de todo esto. Si consideramos que la educación es un derecho fundamental acá no debería haber banderas políticas ni especulación. Exigimos que el regreso a la virtualidad sea en base a datos objetivos y producto de acuerdos razonables entre todos los actores involucrados", dijo a Sputnik Bruno Videla, docente que integra la organización Abramos las escuelas.

La organización conformada en octubre de 2020 es una de las que presentó el recurso ante la Justicia porteña. Criticó que el día antes de que el presidente anunciara las medidas el Ministro de Educación nacional haya asegurado la presencialidad. Además, puso en duda el vínculo directo entre el aumento de la curva de contagios y el regreso a las aulas que se llevó adelante desde febrero.

La Corte Suprema aceptó su competencia el lunes 19 de abril para dirimir la disputa entre Nación y Ciudad y solicitó a las partes que presenten la documentación y evidencia correspondiente para sostener sus argumentos. Anunció que la resolución demoraría por lo menos hasta el viernes 23 de abril.

En la provincia de Buenos Aires, principal bastión del oficialismo, las escuelas acataron en su totalidad el decreto presidencial. El gobernador, Axel Kicillof, exministro de Economía durante el último período de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), calificó de "repugnante" que el Gobierno porteño haya recurrido a la Justicia para resistir el decreto.

Diversos establecimientos privados, sobre todo en la zona norte del conurbano bonaerense, donde se hallan algunos de los municipios de mayor poder adquisitivo del país, amanecieron con abrazos simbólicos, donde integrantes de las familias rodearon los edificios en reclamo de la posibilidad de continuar brindando clases presenciales.

Algunos manifestantes incluso trasladaron las demandas al exterior de la residencia presidencial, en el barrio de Olivos, también en esta área, al igual que ocurriera la semana anterior.