Hay madres que prestan a sus hijos por un valor de $7000 a otras personas para ponerlos a trabajar o a pedir dinero en los semáforos. ¿Qué dicen las autoridades?

esclavitud infantil
© Jorge Orozco / El PaísSegún las autoridades municipales y de policía aún no hay casos concretos sobre alquiler de niños que permitan abrir una investigación formal.
Cuenta una vendedora ambulante que a todo el mundo le parece extraño que esa mujer de piel negra y cabello apretado tenga como hija a una niña blanca, de pelo liso y ojos azules.

La mujer, que tiene algo más de 30 años, lleva a su supuesta hija de tres meses en un coche y pasa de carro en carro pidiendo dinero en uno de los semáforos de la Autopista Suroriental de Cali.

Esa niña es alquilada. La vendedora ambulante lo sabe porque la "falsa mamá" le contó que fue hasta el barrio Sucre, en el centro de Cali, y le pagó $8.000 a la madre de la menor para que se la prestara "a ver si así recogía más plata".

Prestar menores a cambio de dinero es hoy un perverso cambalache en el que se le pone precio a vidas que apenas comienzan. Y cómo si no fuera poco que Cali ocupe el deshonroso quinto lugar del país con mayores registros de explotación infantil, ahora el alquiler de niños le añade más gravedad a una problemática que en su contexto general ya es dramática.

Y es que lo que ocurre en sectores como la Avenida Sexta dan cuenta de la gravedad del asunto.

Allí, incluso quienes se dedican a las ventas ambulantes en compañía de sus hijos dicen estar consternados con lo que en algunos parques aledaños acontece a diario.

Marleny, una vendedora de chicles, cuenta que son varios hombres y mujeres los que comandan a un grupo de niños ya 'grandecitos', de 10 años en adelante, y que los traen en buses de servicio público para no levantar sospechas.

Los 'arrendatarios' son gente común y corriente que se hace pasar por pasivos transeuntes mientras vigila desde lejos a sus 'pequeños empleados'. Ellos se mimetizan con la ciudad, "pero no más ven que le regalan $20.000 a un niño, salen como locos a quitarles la plata y si no se la dan, los cogen a palo. Andan con una madera y les pegan", aseguró Marleny.

Por eso no es gratuito que Patricia, otra vendedora ambulante de la Avenida Sexta, cargue en una pequeña maleta las tarjetas de identidad y registros civiles de sus hijos de siete y ocho años.

"No piense que son prestados", dice la mujer mostrando los documentos que usa como medida de precaución porque sabe que los controles de las autoridades han aumentado. Dice que es consciente que llevar a sus hijos mientras vende no esta bien, pero reniega porque "a los que alquilan ese poco de niñitos no les hacen nada".

Rescates frustrados

Tan clandestino es el alquiler de niños en Cali que aún no existen cifras ni casos concretos que den pie a una investigación. Lo cierto es que las historias existen y se topan de frente con las organizaciones que tratan de erradicar este problema, como lo confirmó Mónica Giraldo, directora ejecutiva de la Fundación para la Orientación Familiar, Funof.

Ella asegura que en los talleres que realizan en las zonas del oriente y la ladera de Cali, dedicados a niños y padres que han tenido que ver con el trabajo infantil, los vecinos del sector hablan con conocimiento de causa sobre el alquiler de menores. Sólo que lo hacen en voz baja porque aseguran que referirse al tema es poner en riesgo la vida.

"Nos cuentan que son padres, abuelos o acudientes los que alquilan a sus hijos con una tarifa de $15.000 el día", aseguró Giraldo. Sin embargo dice que indagar sobre el tema es una verdadera odisea. No se encuentra ninguna pista sólida.

Y es que muchas veces la impotencia parece apoderarse de quienes participan en los operativos de control. A Mónica, por ejemplo, le tocó ver cómo una camioneta oscura recogió rápidamente a un grupo de niños vendedores de la Calle Quinta, justo cuando estaban listos para arrebatarle los pequeños a sus verdugos.

Y más doloroso resulta cuando son los mismos menores los que manifiestan su deseo de irse, pero el 'patrón' o arrendatario se niega a ello.

Por eso Alexándra Herrera, coordinadora del programa Pro Niño, nunca olvidará los ojos de aquel muchacho de 12 años al que encontraron manejando una carreta llena de escombros, por la que le pagaban $500 el viaje. Esa vez el niño manifestó que quería irse con ella y con el grupo de trabajadores sociales que participan de las intervenciones en los barrios deprimidos de Cali.

Pero justo cuando se disponían a dejar el lugar, el pequeño sintió la mirada inquisidora del adulto que lo vigilaba y lleno de miedo corrió donde él, cruzaron algunas palabras y regresó para comunicar que no podía irse. "Fue un rescate frustrado", dijo Alexándra.

Un negocio redondo

Un vigilante de cuadra del barrio Colseguros, al sur de la ciudad, cuenta su historia para explicar lo lucrativo que puede resultar pagar por un niño. Se trata del caso de un desempleado que logró sobrevivir gracias a un niño 'alquilado'.

Cuenta que el hombre de 40 años fue despedido de una multinacional y cayó en una profunda crisis económica. Comenzó a pedir dinero en el sector de La Luna, hasta que alguien le dio la idea de buscar un niño para que mejoraran sus ingresos.

Entonces se puso en contacto con una madre dispuesta a realizar la transacción. Dice el vigilante que la mujer le daba la oportunidad de escoger entre sus tres hijos. Uno de dos años, otro de cuatro y otro mayor. Siempre escogía el de cuatro, por recomendación de la mamá, y a cambio le pagaba $7.000 el día.

El hombre se veía demasiado mayor para tener un hijo tan pequeño, pero lograba ablandar el corazón de conductores y peatones, convenciéndolos de que el menor sí era su hijo para que así contribuyeran con sus monedas, manteniendo vivo el negocio. El vigilante dice que el hombre y el niño se fueron de la zona. Al parecer, sospechaban de sus andanzas.

Lo mismo pasó con dos mujeres tumaqueñas que vivían en Siloé y que pidieron por cada uno de sus cuatro hijos $25.000 para que los pusieran a trabajar de 8:00 a.m a 8:00 p.m en un semáforo de la Avenida Pasoancho.

"Un personaje les pagó y les dijo que el negocio era con todos los juguetes. A los niñitos los traían en taxi, les daban los dulces para vender y hasta les traían el almuerzo. Ya por la noche se iban otra vez en taxi", contó un vendedor de chicles que vio como se organizaba lo que él llamó "un negocio redondo".

Explica que cada niño podía vender entre $50.000 y $70.000 diarios, pero que ninguno de ellos recibía nada, todo era para el desconocido 'patrón'.

Pero los controles de las autoridades los ahuyentaron y ahora sólo salen en días de quincena o los fines de semana, pero de noche. Lo hacen para que su actividad no sea tan evidente y para que los padres y acudientes cómplices que se mantienen en el anonimato no sean descubiertos.

"Estamos amarrados"

Mafia, cartel, red. Cualquiera de estos calificativos podría aplicarse para ese grupo de personas desconocidas que promueven y practican el alquiler de niños en Cali. Sin embargo, las entidades encargadas de la protección del menor y las mismas autoridades policiales y municipales dicen estar impedidas para encontrarlos.

Según Mariluz Zuluaga, secretaria de Bienestar Social de Cali, "se trata de personas que trabajan entre familiares y saben esconder sus cosas de manera tan perfecta que a la luz de las autoridades no se ven. No obstante, estamos trabajando para poder identificar a los infractores".

El miedo que generan los 'arrendatarios' a los pequeños es otro problema, pues "los niños no revelan fácilmente si son víctimas de alquiler o no", dijo una de las profesionales de la Fundacion Fonof, operadora del programa Pro Niño, que trabaja por la restitución de los derechos de menores explotados laboralmente.

Y es que son muchas las quejas que a diario vecinos del sector comentan a miembros de la Policía, pero no pasan de ser eso, quejas.
"Si no hay una denuncia formal o una información que nos permita identificar el delito en flagrancia, no podemos atar los casos a un proceso. Tiene que haber una denuncia para que el fiscal la pase a un juez de conocimiento y así la Sijin pueda actuar haciendo seguimientos, interceptaciones de llamadas o lo que sea necesario", explicó la Intendente Alba Nora Casanova, Sub Comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia de Cali. "Estamos amarrados", señaló.

Por eso, entidades como el Icbf insisten en que hay que confiar en las autoridades para comenzar a identificar el rastro de los delincuentes.
"Las denuncias pueden ser anónimas a efectos de proteger la identidad de quien ha decidido hablar sobre el tema. Es obligación de las autoridades garantizar las condiciones de confidencialidad para que esto ocurra", aseguró Jhon Arley Murillo, director del Icbf Regional Valle del Cauca.

Y mientras alguien se atreve a denunciar y los caleños entienden que a veces una moneda para un niño es llenar los bolsillos de padres y arrendatarios, ella llegará todas las tardes a trabajar en el semáforo de la Calle 14 con Carrera 70.

"Una amiga de mi mamá me trae", dice la niña que tiene doce años pero que parezca de siete. Y baja la cabeza para evitar responder por qué trabaja.