El escándalo que provocó que miles de personas en Reino Unido resultasen infectadas o murieran a causa de haber recibido transfusiones con sangre contaminada, habría sido evitable, y de hecho, se provocaron daños en exceso por haber encubierto lo sucedido.
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Así lo confirma el informe que acaba de presentarse sobre el caso ante las autoridades que investigan estos hechos. Concretamente, se atribuye la responsabilidad tanto al gobierno de Reino Unido como al departamento público de salud (NHS por sus siglas en inglés).

La conclusión de la investigación pública llevaba siendo esperada por las personas afectadas, pero también por la opinión pública ante el escándalo que ha ido saliendo a la luz ante la incredulidad del público en general, debido a la gravedad de los hechos.

Sir Brian Langstaff ha sido quien ha presidido la investigación, y ha afirmado que este desastre «podría haberse evitado en gran medida, aunque no del todo», pero que los sucesivos gobiernos y otras autoridades «no pusieron fin a la situación». Y ha subrayado que «la salud del paciente es lo primero», según recoge The Guardian.

Más de 30.000 personas afectadas solamente en Reino Unido

Más de 30.000 han sido identificadas hasta hoy como afectadas, entre las cuales, 3.000 ya han fallecido. Estamos hablando de cifras que se refieren únicamente a Reino Unido.

Se trata del caso de personas a las que se les practicaron transfusiones de sangre que estaba contaminada o recibieron tratamientos de productos elaborados con plasma infectado que provenía de EEUU, y estaba indicado para tratar, por ejemplo, a personas con hemofilia. La recibieron desde la década de 1970 has principios de 1990.

El informe final, que acaba de ser publicado, consta de 2.527 páginas, y ha desvelado información donde se comprueba que los pacientes fueron engañados, y no se les informó sobre los riesgos, detectándose incluso casos en los que se les hicieron tratamientos sin su consentimiento, o el de sus padres en caso de menores.

También ha habido retrasos en la información a los pacientes cuando se conocieron las infecciones, que en algunos casos fueron retrasos de años en avisar.

El presidente de la investigación ha señalado que los riesgos de hepatitis que planteaban las transfusiones de sangre o del uso de plasma infectado se conocía antes de la creación del NHS, en 1948, mientras que la importación de productos de factor VIII nunca debería haberse autorizado en 1973. Según detalla The Guardian, el presidente de la investigación ha destacado que los fracasos del tratamiento se vieron agravados por la negación y la ofuscación. Lo que suponía, además, la afirmación engañosa y repetida con frecuencia de que no había «pruebas concluyentes» de que el sida pudiera transmitirse mediante transfusión de sangre, ni a través de otros productos sanguíneos, cuando surgió la epidemia de SIDA en la década de los ochenta del siglo pasado. Por si esto no fuera suficiente, se ha demostrado también que la documentación comprometedora fue destruida de manera deliberada durante años. Y se habla aquí de documentos oficiales.

El presidente de la investigación ha condenado en el informe una cultura «en la que predominaban las consideraciones financieras y de reputación», frente a la salud de los pacientes. Y también ha criticado al actual gobierno por no implementar plenamente las medidas recomendadas sobre compensación a las personas afectadas.

«Si damos un paso atrás y observamos la respuesta del NHS y del gobierno, la respuesta a la pregunta: «¿Hubo encubrimiento?» se responde afirmativamente: Es lo que ha habido». «No en el sentido de un puñado de personas tramando una conspiración orquestada para engañar, sino de una manera más sutil, más generalizada y más escalofriante en sus implicaciones. Para salvar las apariencias y ahorrar gastos, se ha ocultado gran parte de la verdad...»

«Durante décadas, los sucesivos gobiernos repitieron que eran inexactas, defensivas y engañosas. Su persistente negativa a realizar una investigación pública, junto con una mentalidad defensiva que se negaba a aceptar que se había hecho algo malo, dejó a la gente sin respuestas y sin justicia. Esto también ha significado que muchas personas con enfermedades crónicas se hayan sentido obligadas a dedicar su tiempo y energía a investigar y hacer campaña, a mundo con un gran coste personal».

En el informe se detallan pormenorizadamente los casos en los que las personas han sufrido, además de los problemas graves de salud, de un abandono institucional evidente.

«La evidencia ante la investigación establece de manera abrumadora que las personas con trastornos hemorrágicos no fueron informadas adecuadamente sobre los riesgos de la hepatitis o del SIDA. Tenían derecho a saber que los concentrados de factor podían infectarlos con una enfermedad grave o mortal para la que no existía tratamiento. Los padres tienen derecho a saber qué tratamientos de ese tipo podrían infectar a sus hijos. En la práctica, o no se les dio ninguna información sobre tales riesgos, o se les aseguró falsamente que los tratamientos eran seguros».