Colectivos sociales de Colombia remiten a Canarias-semanal su análisis crítico sobre la naturaleza del Gobierno Petro, y sus políticas, defendiendo la necesidad de construir un proyecto político verdaderamente alternativo, y en pro de las transformaciones estructurales (...).
Los escándalos de corrupción que golpean al
gobierno Petro, en Colombia, suceden uno tras otro.
Desde aquellos que
vinculan a su hijo por haber recibido dineros de dudosa procedencia sin reportarlos a la campaña, al igual que los dineros y compromisos de su hermano negociados en las cárceles con organizaciones del narcotráfico a cambio de ofrecer un trato favorable en eventuales negociaciones para poner fin a sus actividades delictivas.
El caso de Laura Sarabia, que entrecruzó
la acusación de dineros en maletas rondando a la casa de Nariño y el suicidio de un oficial de la policía, además de los audios de Armando Benedetti, en los que amenaza con vincular al presidente Petro con el aporte de dineros ilícitos a su campaña.
El último escándalo sobre corrupción vincula a la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres (UNGRD), donde el presidente nombro al señor Olmedo López como director y a Sneyder Pinilla Como subdirector, quienes generando sobrecostos se apropiaron de recursos de la entidad y ahora confiesan, el haber realizado sobornos a personajes importantes de la clase política.
Los carrotanques adquiridos con la justificación de mejorar el acceso al agua en la Guajira resultaron inservibles y las inundaciones en la Mojana que han producido desastrosas consecuencias para los pobladores confirma que el dique de "Cara de Gato" contratado por $129.000 millones de pesos con el clan Aguilar no se construyó con las condiciones técnicas requeridas.
Esta situación tiene antecedentes. Los acuerdos políticos pactados para llevar a Petro a la presidencia han resultado beneficiosos para políticos tradicionales tales como, Roy barreras, actualmente Embajador en el Reino Unido, Alfonso Prada embajador en Francia y Armando Benedetti embajador en Roma ante la FAO, quienes fueron "figuras visibles" del Gobierno Santos y ahora pertenecen al Gobierno Petro.
Ellos expresan
la continuidad de un sistema político basado en la corrupción, el clientelismo y el soborno de empresarios, terratenientes y clanes mafiosos que controlan el Estado, las decisiones políticas y los partidos para su beneficio.El Gobierno de Petro aduce la existencia de una correlación de fuerzas desfavorable a los intereses del pueblo, como impedimento para jalonar un
"cambio" ante la inequitativa concentración de la riqueza entre ricos y pobres en el país.
Este argumento, que constata un hecho de la realidad, le sirve como justificación, para colocar al centro de la acción política la conciliación de clases.
En octubre del 2022 pactó con FEDEGAN, (dirigida y controlada por Félix Lafaurie y Álvaro Uribe) un acuerdo donde se comprometió a comprarle tierras.
Esta Federación, al igual que la SAC, agrupa a quienes desplazaron campesinos realizando masacres que han quedado en total impunidad apropiándose de millones de hectáreas de baldíos.Este acuerdo cerró las posibilidades de una verdadera Reforma Agraria en el país.
Esta política de transacciones y compromisos incluye el alineamiento con los dictados e imposiciones del capital transnacional, representado en el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE, la OMC, garantizando la aplicación de un plan de ajuste fiscal, una escalada alcista sin precedentes en el precio de la gasolina que favorece a las empresas petroleras y el pago puntual de la deuda pública.Las Reformas que presentó el gobierno al Congreso, promocionadas como el soporte del "CAMBIO", las cuales fueron
pactadas con estas instituciones internacionales que representan al gran capital.Debe resaltarse el caso de la Reforma pensional próxima a convertirse en ley, la cual beneficia a los grupos financieros dueños de los Fondos de Pensiones y condena a amplias franjas de profesionales jóvenes a una vejez futura con ingresos precarios.
Las imposiciones imperiales agrietan la soberanía nacional. Con la justificación de la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático, aumenta la presencia militar de EEUU, en el país; en acuerdo con el Comando Sur bajo la dirección de la general Laura J. Richardson, el gobierno Petro aceptó la creación de un comando militar con la supuesta "función de proteger la selva amazónica, contra incendios forestales y la deforestación del bioma amazónico" acuerdo por el cual le entregaron helicópteros artillados Black Hawk.
Otro compromiso es la instalación de una base militar norte americana en la isla de Gorgona como parte de un sistema de radares que incluye a las Islas del Coco en Costa Rica, el radar de Panamá, de las Islas Galápagos en Ecuador, lo que constituye, un largo corredor del escudo antimisil de EE. UU, en defensa de sus intereses geopolíticos en la región.
En la puja entre los capitalistas internos, es innegable el fuerte vínculo del actual gobierno del presidente Petro, con el grupo Gilinski y sus socios de Emiratos Árabes Unidos EAU.
La compra de acciones depreciadas del grupo empresarial antioqueño (GEA), que se dio durante el periodo de la campaña presidencial , favorecida por el pánico económico, alimentado desde la revista Semana, fue avalada, una vez llegó a la Presidencia, al ratificar al superintendente financiero Jorge Castaño Gutiérrez, quien venía ocupando ese cargo desde las administraciones Santos y Duque(actualmente oficia como gerente de Corficolombiana que pertenece al grupo Sarmiento Angulo) y al Superintendente de Sociedades , Billy Escobar Pérez nombrado durante el gobierno Duque.
Ambos fueron claves en la adquisición de Nutresa, por parte del grupo Gilinski.
El favorecimiento a los grandes grupos financieros internos constituye uno de las constantes en el accionar político del gobierno Petro. En la llamada "Cumbre de Cartagena" realizada con los "Cacaos" en noviembre del año pasado fue diseñada una política de inversiones regionales y sectoriales favorable a los mismos.
Uno de sus resultados fue la entrega de la concesión de aguas en la Guajira al grupo Sarmiento.
Igualmente, el gobierno ha realizado acuerdos similares con ASOCAÑA y FEDEGAN.
La "izquierda" mayoritaria ha quedado diluida en el progresismo y cooptada institucionalmente al igual que la burocracia sindical.El conjunto del movimiento popular carece de orientación. Sin embargo, las reivindicaciones sociales por trabajo digno, empleo y estabilidad laboral, en pro de una reforma agraria, por el derecho pleno a la salud con sistemas preventivos, a la educación, al servicio de un proyecto de nación incluyente, siguen al orden del día; la lucha por la soberanía está en el centro de estas reivindicaciones.
Requerimos recuperar la autonomía política en las decisiones sobre nuestro petróleo, sobre las fuentes de energía, la biodiversidad que nos permitan diseñar planes ambientales, para enfrentar el calentamiento global de maneras diferentes a los definidos por el "capitalismo verde".
Se requiere recuperar la soberanía del Estado con miras a no seguir sobre endeudando al país en el exterior y ante la banca Privada, impacto que se le carga al pueblo a través de reformas tributarias inequitativas.Construir un proyecto político verdaderamente alternativo, y en pro de las transformaciones estructurales, amplio y democrático en sus decisiones internas integrado por las organizaciones populares (sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas de afrodescendientes, feministas) sigue estando a la orden del día.
Por ello, el movimiento popular no debe seguir manteniendo una adhesión incondicional al gobierno Petro. Éste debe mantenerse independiente preservando su capacidad crítica comprometiéndose con la construcción de una propuesta real y abiertamente anticapitalista.
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