El terrorismo es una de las lacras que a las sociedades modernas les queda pendiente de erradicar. En España, aunque afortunadamente vivimos ya sin ETA, sufrimos también las consecuencias del terrorismo internacional.
El Estado ha de ser garante de la seguridad de todos los ciudadanos. Y por ello, la lucha antiterrorista es una de las prioridades en las agendas gubernamentales. Probablemente, para nuestra tranquilidad, sea mejor no ser conscientes de la cantidad de riesgos y peligros que nos rondan y de los que, afortunadamente, gracias a la labor de auténticos profesionales, no pasan más desgracias de las que, lamentablemente nos tocan.
En la vida, por desgracia, suceden acontecimientos inesperados que pueden truncarlo todo. El terrorismo potencialmente puede cobrarse vidas de cualquiera, por lo que es una cuestión que nos ha de importar a todos. Seamos víctimas directas o no, lo que sin duda somos son víctimas potenciales.
Como suele suceder, nadie conoce de cuestiones que solamente afectan al otro. Es decir, que desconocemos, la mayoría de la ciudadanía española, cómo se legisla la situación en la que uno se convierte, de repente, en víctima del terrorismo. Repito: nos puede suceder a todos.
Contrariamente a lo que cabría pensarse, sobre todo cuando se vive en un país que ha sufrido y mucho el dolor del terrorismo, la atención a las víctimas del terrorismo en España
deja mucho que desear. A pesar de haberse redactado una ley, la de 1999 que sí hizo grandes logros para reconocer derechos y protección que antes no existían, todavía falta un largo camino por recorrer. Por justicia y por humanidad. Por respeto. Por solidaridad y por conciencia ciudadana.
El
uso lamentable y triste que se ha hecho por parte de los partidos políticos de las víctimas del terrorismo es una lección que deberíamos aprender de manera urgente. Porque muestran, por desgracia, que andamos faltos de un poquito de altura de miras. Cuando un hecho atroz se denomina "terrorista", lleva implícito el deseo de los terroristas de incidir en la política. De ahí la responsabilidad del Estado, también. Por lo tanto, manipular el resultado de semejante acción, viene a ser "hacerle el juego" de algún modo a los asesinos. No hay lugar para que las víctimas se dividan, para que se enfrenten o incluso para que se instrumentalicen. Porque, en definitiva, son víctimas de la degradación del sistema hasta lo más profundo: en todos los ámbitos y sentidos. Porque quien mata o genera el terror por no compartir una idea, es absolutamente incompatible con las más mínimas bases de democracia, humanidad y Derecho.
Por eso, abordar esta cuestión es una obligación moral, pero sobre todo, de responsabilidad de Estado, donde independientemente todos los partidos democráticos, que son los únicos que pueden caber en un Parlamento como el nuestro, deberían consensuar medidas tendentes a no revictimizar a las víctimas. Es decir: a que las víctimas de un atentado, no lo sean después de un sistema deshumanizado.
Agilizar burocracia, acompañar, poner medios a disposición, no entorpecer sino facilitar. Mostrar a través de lo que es de todos, es decir, la Administración en todas sus ramas, que la ciudadanía está ahí. Solidaria, humana, consciente del terror que implica vivir en esta sociedad que debemos mejorar entre todos.
De todo esto he podido hablar con Robert Manrique, que es víctima del atentado terrorista de ETA en Hipercor. Desde entonces, su vida dió un giro inevitable y emprendió un camino para abordar todo esto. Y denunciar el calvario que viven cientos de personas.
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